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El aprovechamiento de los cargos públicos para adelantarse a la vacuna también se dio en Argentina, al igual que en Perú. El pasado viernes se dio a conocer que existía un “Vacunatorio VIP” creado por el Ministerio de Salud. En consecuencia, el presidente Alberto Fernández le solicitó la renuncia al ministro Ginés González y nombró de inmediato a la secretaría de salud Carla Vizzotti como sustituta al cargo.
Existe una larga lista de políticos, familiares de políticos y personas afines al peronismo que recibieron la vacuna en esa red paralela del ministerio, dónde se reservaron 3.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V. Con respecto a esto el presidente explicó que “ aún cuando los vacunados estaban en condiciones objetivas ( por la edad o las condiciones físicas) de recibirlas”, no puede “ dejar de observar que sobre esas personas se ha montado un escenario mediático de escarnio público y no quiero avalar con mi silencio semejante proceder”.
Además en sus redes sociales el presidente señaló: “Es público y notorio que he debido tomar una decisión ante un hecho reprochable. Lo sucedido en el Ministerio de Salud fue un hecho que aunque excepcional no puede avalarse”.
“La política es ética, tenemos que terminar con este tipo de prácticas con la cultura argentina de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias”, dijo el presidente a Página 12. Y a su vez la actual ministra aseguró: “ De ninguna manera funciona un vacunatorio VIP en el ministerio, esta fue una situación puntual, que fue excepcional y desaprobada que desencadenó esta situación”. Según sus dichos fue un “grupo reducido de personas” que por su relación cercana con el ministro González gozaron del privilegio de vacunarse a pesar de no tener prioridad.
Por su parte Human Rights Watch denunció que en Argentina y Perú se violó un principio básico de los Derechos Humanos al favorecer a políticos, familiares y allegados con la vacuna sin ser parte del cronograma del Ministerio de Salud.
