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Paralelamente, Lula encabezó una declaración conjunta con los titulares del Senado, la Cámara de los Diputados y el Supremo Tribunal Federal.Miles de personas se congregaron este lunes (09.01.2023) en las principales ciudades de Brasil para repudiar los ataques del 8 de enero perpetrados a las sedes de los tres poderes por grupos de bolsonaristas radicales que buscaban derrocar el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Desde varios rincones del país, los grupos de manifestantes pidieron castigo para quienes participaron en los actos antidemocráticos y para el expresidente Jair Bolsonaro, a quien acusan de incitar las violentas acciones. Gigantescos carteles con las frases «¡El fascismo no vencerá!» «Sin amnistía para los golpistas», «Brasil contra el terrorismo» y «Democracia en paz» inundaron las principales vías y plazas del país.
Convocadas por centrales sindicales y partidos de izquierda las protestas se extendían por al menos once de los 27 estados del país. En Sao Paulo, la Avenida Paulista -la más icónica vía de la ciudad- estaba a reventar con manifestantes, en su mayoría jóvenes, muchos vestidos de rojo, el color con el que se identifica la izquierda brasileña.
Igual ocurrió en la Plaza Cinelandia, el tradicional lugar de protestas en Río de Janeiro, donde cientos de personas brasileñas se congregaron para decir «no al terrorismo» bajo un techo de sombrillas por la lluvia. «¡Sin amnistía, sin amnistía, sin amnistía!» fue el coro más escuchado en todas las manifestaciones, así como consignas a favor de la democracia y pedidos para que Bolsonaro fuera encarcelado.
Las protestas tuvieron mayor repercusión en el noreste y en el sureste del país, pero poco se vieron al sur de Brasil, regiones tradicionalmente de derecha.
Hasta el momento, han sido arrestadas unas 1.500 personas por el ataque a las sedes del poder y se adelantan las investigaciones para conocer quién estuvo detrás del intento de golpe Estado. La mayoría de las personas detenidas, según el ministro de Justicia y Seguridad, Flavio Dino, estaban en un campamento en Brasilia desde donde salieron buena parte de los atacantes y que fue desmantelado este lunes tras una orden de un juez de la Corte Suprema.
Policías y militares también levantaron estructuras similares en Rio de Janeiro y Sao Paulo, instaladas al frente de centros del Ejército desde hace dos meses para exigir una intervención militar que pretendía impedir el regreso de Lula al poder.
Lula con respaldo para condenar a «vándalos»
En tanto, Lula da Silva obtuvo un fuerte respaldo del poder político y judicial de Brasil. «No vamos a permitir que la democracia escape de nuestras manos», prometió el izquierdista la noche del lunes en una reunión con 23 de los 27 gobernadores en Brasilia, tras la cual bajó por la rampa del Palacio de Planalto, la casa de Gobierno, que sufrió daños de consideración, con los jefes estatales hacia la Corte Suprema.
El mandatario de 77 años, que asumió el poder por tercera vez hace una semana tras vencer a Bolsonaro en las presidenciales de octubre, había encabezado más temprano una inusual declaración conjunta con los titulares del Senado, la Cámara de los Diputados y el Supremo Tribunal Federal.
Los titulares de los tres poderes del Estado cerraron filas contra los «actos de terrorismo» del 8 de enero, cuando miles de simpatizantes del expresidente de extrema derecha invadieron durante casi cuatro horas las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema exigiendo una intervención militar para sacar a Lula del poder.
ama (efe, afp, dpa, ap, reuters)
