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«Si no hubiera cuestionamientos a la independencia judicial, yo no estaría aquí», dijo el relator especial de la ONU sobre independencia de magistrados y abogados.El experto de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticó este martes (22.02.2022) el sistema judicial de Bolivia tras visitar el país durante una semana invitado por el Gobierno del izquierdista Luis Arce.
«En Bolivia, la Justicia está lejos de la gente», aseguró en conferencia de prensa el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán. El funcionario, expolítico peruano y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que «hay una urgencia en la sociedad boliviana de que la Justicia responda a dramas cotidianos».
«He constatado con preocupación que hay una seria brecha en el acceso de las mujeres a la Justicia», manifestó García-Sayán en La Paz. También, llamó la atención sobre el hecho de que durante la pandemia aumentó la violencia contra las mujeres en Bolivia, como en otros países, y que eso también significó que «muchos casos de feminicidio queden sin investigarse y en la impunidad».
García-Sayán mantuvo reuniones con funcionarios judiciales, liderazgos políticos y organizaciones de la sociedad civil. La visita ocurrió en medio de críticas a la Justicia boliviana luego del descubrimiento de una red de jueces que liberaba a asesinos y violadores por dinero. «Si no hubiera cuestionamientos a la independencia judicial, yo no estaría aquí», afirmó.
Además, el experto llegó días después del inicio del juicio a la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020). En prisión preventiva desde marzo de 2021, la derechista se define como «presa política» e inició una huelga de hambre el 9 de febrero por esa razón. Se la acusa de haber participado en un supuesto golpe de Estado contra su predecesor, el izquierdista Evo Morales (2006-2019), que renunció en medio de protestas multitudinarias por un presunto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
García-Sayán criticó las «dificultades» para la hospitalización de la exmandataria, que el 18 de febrero no pudo ser trasladada pese a una orden judicial debido a una manifestación en las puertas de la cárcel. «El Estado, frente a cualquier persona privada de libertad, es el responsable de la integridad física y de la salud», recordó.
Por otra parte, el relator se reunió con familiares de víctimas de represión durante las primeras semanas del Gobierno interino de Áñez, en noviembre de 2019, y aseveró que «pasados más de dos años son escasos los resultados» de la investigación.
El informe detallado de la misión se presentará en junio próximo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.
ama (afp, efe, rtp, btv)
