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Familiares de procesados pidieron apoyo a más de 30 países, entre ellos Alemania, Brasil, Colombia, España, México, Naciones Unidas, Reino Unido, Santa Sede y Unión Europea.Activistas denunciaron este martes (11.01.2022) el inicio esta semana de tres juicios en Cuba a un total de 57 personas, entre ellas 14 adolescentes, que participaron en las protestas antigubernamentales del 11 de julio.
Los procesos -que se realizarán hasta el 15 de enero- se llevan a cabo en La Habana, la provincial central Santa Clara y la oriental Holguín. La Fiscalía ha pedido para algunas de las personas acusadas hasta 30 años de cárcel por presuntos delitos de sedición. Los grupos activistas aseguran que todas las personas encausadas participaron de forma no violenta en las protestas del 11 de julio o compartieron videos de estos hechos en las redes sociales.
En Holguín, se juzga en una causa común a 21 personas, entre ellas a cuatro jóvenes de 17 años para los que la Fiscalía pide 15 años a cada uno por sendos delitos de sedición. Para cuatro se solicitan 30 años de cárcel. Varias ONG han denunciado la falta de garantías, fabricación de pruebas y penas muy elevadas para las personas acusadas en estos procesos. Las autoridades judiciales cubanas afirman que se cumplen estrictamente los instrumentos internacionales.
El Ejecutivo cubano ha negado además que se trate de juicios de carácter político. El presidente del país, Miguel Díaz-Canel, dijo recientemente que en la isla «no hay presos políticos» y que las personas cubanas «pueden manifestarse libremente» en contra de la revolución. También, subrayó que en Cuba no hay en cárceles comunes menores de 16 años.
Activistas y familiares se han quejado además en redes sociales de la imposibilidad de acceder a los juicios y de la presencia policial en los alrededores de las audiencias. Los juicios han estado precedidos por campañas de los activistas para llamar la atención sobre estos procesos de los medios internacionales y de otros países.
Familiares de procesados en Santa Clara pidieron apoyo el 10 de enero a más de 30 legaciones internacionales en Cuba, entre ellas las de Alemania, Brasil, Colombia, España, México, Naciones Unidas, Reino Unido, Santa Sede y Unión Europea.
Según Prisioners Defenders -una ONG española que defiende los derechos humanos en Cuba- al menos 842 personas se encontraban a finales de 2021 en prisión en la isla por motivos políticos, en la mayoría de los casos por los hechos del 11 de julio. Entre ellos, la ONG detalla que hay 26 adolescentes de entre 14 y 17 años. Por su parte, la ONG cubana Cubalex identificó en su último recuento, de este 3 de enero, un total de 1.339 personas detenidas a raíz del 11 de julio y otras 94 por la frustrada protesta del 15 de noviembre. De ellas, 710 (de los que 14 son adolescentes) siguen arrestados.
La ONG Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) anunció este martes que ha denunciado ante el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y el Fondo de las Naciones Unidas Para la Infancia (UNICEF) la situación de 39 personas menores de 21 años «encarcelados en Cuba por protestar pacíficamente». En Cuba, la edad penal mínima son 16 años y la ley no distingue a partir de esa edad entre adolescentes o personas adultas, como recomienda Naciones Unidas.
ama (efe, ap, voa)
