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El agua es vital, sí. ¿Es un derecho exigible a los Estados? Un informe que se cuece en la Asamblea Euro-Latinoamericana detecta los desafíos que enfrenta este derecho humano.“¿Quién puede estar en desacuerdo con que el agua debe ser considerada un derecho humano? No se me ocurre”, dice a DW en Bruselas la diputada del Parlasur, Julia Argentina Perié. Acababan de aprobar en la comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) un informe sobre los retos para garantizar el derecho humano al agua.
El texto, que tardó seis años en encontrar apoyo mayoritario entre eurodiputados y diputados latinoamericanos y caribeños, exige a los Estados facilitar el acceso al agua como servicio público y garantizar las condiciones para hacerlo efectivo.
El reporte habla sobre disponibilidad, calidad y accesibilidad universal. También que los servicios relacionados con el agua deben quedar excluidos de la liberalización y que el suministro de agua y la gestión de los recursos hídricos no deben estar sujetos a las normas del mercado.
“La oposición a esta propuesta viene de sectores a los que no les interesa lo público, tampoco priorizar el agua como un profundo derecho humano”, precisa Perié, ponente latinoamericana del informe de Eurolat. La diputada argentina hace hincapié en que la ONU estableció en 2015 el derecho humano al agua potable y al saneamiento.
“En Misiones, mi ciudad, el agua potable está privatizada y hacemos un llamado a la gestión responsable. Estamos asentados sobre el acuífero guaraní, la tercera reserva de agua dulce más grande del mundo, un depósito que hay que proteger a toda costa”, advierte.
Proteger las fuentes en todo su recorrido
Efectivamente, el texto va más allá del acceso individual al agua: reitera la necesidad de proteger los depósitos de agua naturales del planeta. “Desde Santander lanzamos un llamado de ayuda para proteger el páramo de Santurbán”, explica a DW el senador colombiano Fabián Díaz Plata, miembro del Parlamento Andino.
En el páramo de Santurbán -zona protegida constitucionalmente- nacen varias fuentes hídricas que abastecen a millones de personas. “Está amenazado por un proyecto de megaminería que con 37 mil toneladas de explosivos quiere sacar 67 millones de toneladas de oro. No queremos acabar como las poblaciones de la Guajira, en donde las familias no tienen agua, pues la empresa minera desvió un río para su actividad”, agrega Díaz Plata.
Aunque Díaz Plata está a favor del informe deEuroLat, piensa que el consenso birregional debe ir más allá: “Aparte de asegurar el acceso y la distribución a sectores vulnerables, debe ampliarse a la protección de los ecosistemas y las fuentes de agua en todo su recorrido”.
Tecnología para las aguas residuales
Por otro lado, explica con foco en el saneamiento que “en toda Latinoamérica” se detecta “falta de plantas de tratamiento de agua” y que “el agua que llega a las familias vuelve a los ríos contaminada y llega así a los mares”. Con miras a una intensificación de la cooperación birregional, el senador colombiano querría trasladar los casos europeos de éxito en tratamiento de aguas residuales a los territorios colombianos.
Como fuere, las tendencias en el uso del agua son muy dispares en ambas regiones: mientras en los países más desarrollados, los hogares llegan a consumir 2.000 litros de agua al día, en los países en desarrollo hay 1.100 millones de personas que no tienen acceso a ninguna fuente de agua potable. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), por persona se requieren entre 50 y 100 litros de agua al día para llevar una vida digna.
¿Agua o crecimiento económico?
“¿Quién puede oponerse a reconocer el agua como un derecho humano?”, pregunta Perié. “Pues tiene que ver con intereses económicos multinacionales, también regionales. Hay regiones en Argentina que tienen un crecimiento económico centrado en una minería, en algunos casos cuestionable. Pero sus gobernadores están a su favor”, agrega.
En cualquier caso, “consideramos el agua un bien público”, dice a DW la eurodiputada Ana Miranda, ponente europea del informe. “Aunque hemos buscado un consenso en el tema de la privatización del agua y en la cuestión de si debe estar en manos públicas o privadas, hay oposición de quienes van a remolque de los derechos”, apunta. No obstante, con vistas a su próxima votación en la plenaria de EuroLat -que cuenta con 75 parlamentarios europeos y 75 latinoamericanos-, “confío en que consigamos la unanimidad para este derecho humano”, concluye. (rr)
