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“Nos queremos vivos y vivas para ejercer la libre expresión”, escribió el periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez Ramos en febrero pasado ante la ola de violencia contra los periodistas en México sin saber que tres meses después él mismo sería violentamente asesinado.
El 5 de mayo apareció sin vida el periodista y columnista Luis Enrique Ramírez Ramos a las afueras de la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa y del cartel de drogas que lleva el mismo nombre.
El periodista era respetado por los colegas del estado y a nivel nacional. Era conocido en las altas esferas políticas regionales y era una de las plumas más influyentes del periódico El Debate, en el que desde hacía tiempo publicaba cotidianamente su columna El ancla, la cual el 17 de febrero pasado dedicó a sus colegas asesinados con el título Nos queremos vivos y vivas para ejercer la libre expresión, sin saber que casi tres meses después él mismo sería asesinado.
Luis Enrique, de 59 años de edad y originario de Sinaloa, fue ultimado a golpes y su cuerpo fue envuelto en plástico negro y tirado a las afueras de Culiacán en un camino de tierra, de acuerdo a la fiscalía del gobierno de Sinaloa. Desapareció entre la noche del 3 de mayo, día mundial de la libertad de prensa, y la madrugada del 4 de mayo. Según los reportes de noticias, algo lo hizo salir de su domicilio en la colonia Los Pinos entre las 2:00 y 3:00 a.m. y nunca regresó.
Con esta brutalidad, Luis Enrique se convirtió el periodista asesinado número nueve en lo que va de año en México, donde el estribillo “la vida no vale nada” ha adquirido un realismo macabro para los periodistas que luchan por defender el derecho humano de la población de estar veraz y oportunamente informada, en un país considerado como el más peligroso del mundo para quienes ejercen esta profesión.
La fiscalía local, como es común en el 98 por ciento de los casos de asesinatos de periodistas en México, dijo que aún no tenía pistas y no excluía ninguna línea de investigación. También que como lo indica el manual primario de cualquier investigación, iban a comenzar analizar las publicaciones de Luis Enrique.
Fueron muchas las columnas del periodista en los últimos años, pero hay una en particular que en lo personal me llama la atención y fue la que publicó horas antes de su homicidio.
Denunció violencia e insultos antes de su muerte
El 3 de mayo en su columna bajo el título Moméntum y con una foto del lugar de los hechos, denunció que en 2018 en el restaurante Sinaloa, ubicado en la capital del estado, fue abordado e insultado violentamente por el poderoso empresario Eustaquio de Nicolás, de Desarrolladora Homex.
En los hechos denunciados por Luis Enrique antes de su muerte, afirmó que fue testigo un político del Partido Revolucionario Institucional, que acababa de ser nombrado presidente municipal sustituto de Culiacán: Tony Castañeda.
“A unas semanas de haber asumido la presidencia municipal de Culiacán, Tony Castañeda tuvo la deferencia de invitar a un servidor al restaurante Sinaloa. Todo marchaba de manera normal, cuando de pronto el delicado ambiente que define el lugar fue roto de modo violento por un hombre que profería insultos desenfrenados hacia quien esto escribe. Allí en la mesa encabezada por la máxima autoridad municipal. Nadie que haya nacido en el Culiacán de antes está preparado para enfrentar una escena de ese tipo”, señaló el periodista.
La columna de Luis Enrique, que pareciera narrar un hecho ocurrido hace mucho tiempo, en realidad era muy actual. Eustaquio de Nicolás, también propietario del club de fútbol de Sinaloa llamado Los Dorados, acababa de ser arrestado a fines de abril acusado de fraude al Banco Nacional de Comercio Exterior, la institución bancaria del estado. Y Tony Castañeda, el testigo, fue nombrado en noviembre pasado por el gobernador Rubén Rocha Moya, emanado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como director del Desarrollo Urbano Tres Ríos, donde están asentadas familias que pertenecen al clan del Cartel de Sinaloa.
Un ejemplo de este hecho fue en el fraccionamiento Tres Ríos, ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, donde en octubre de 2019 fue detenido por el ejército, y luego liberado por orden de AMLO, Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.
“No escribía de temas peligrosos”
Colegas del diario El Debate consultados para esta colaboración me indicaron que Luis Enrique era un periodista muy reconocido en Sinaloa. Cuando los compañeros reporteros tenían que escribir algún reportaje frecuentemente lo consultaban, y era invitado a los paneles de discusión organizados por el propio periódico y otros medios.
“Era una estrella de El Debate, era muy amable, siempre respondía cuando lo buscábamos para hacerle alguna consulta. Él no escribía de temas peligrosos, no escribía del narco, todavía no sé, no puedo siquiera entender que pudo haber pasado”, me comentó una de las personas que labora en el diario.
En 2011, tras el homicidio de dos periodistas de Sinaloa, Luis Enrique huyo del estado y se refugió temporalmente en Ciudad de México. “Yo soy el que sigue”, aseguró en una entrevista en noviembre de 2015. También dijo que aunque no hablaba de temas de narcotráfico, hablar solo de temas políticos en Sinaloa era riesgoso.
“Hay una situación de riesgo inminente para quienes incomodamos a los políticos. Esa es la situación”, expresó en ese momento.
Políticos bajo la lupa de Luis Enrique
Tiempo después, Luis Enrique volvió al estado y creo el portal Fuentes Fidedignas. “Un grupo de periodistas que se organiza desde la total independencia para informar sobre lo que ocurre en Sinaloa y que en muchos casos se nos ha impedido hacer en los medios tradicionales”, señala el sitio de noticias.
La misión: “Ser un medio periodístico ajeno a los grandes intereses comerciales que determinan los manejos informativos de la mayoría de las empresas de comunicación. Nuestro interés es y será siempre exponer la verdad sin medias tintas, aunque con respeto a las personas y sobre todo sin caer en el típico chantaje de muchos medios que cuestionan o aplauden al poder en la medida en que este se pliega a sus intereses”.
Revisando las noticias publicadas en Fuentes Fidedignas, la mayoría provenían de medios de comunicación nacionales como Excelsior, Proceso y La Jornada, entre otros. Algunas notas eran firmadas por la “redacción” y algunos colaboradores.
Era en su columna El ancla donde podía percibirse más el trabajo personal de Luis Enrique en el periodismo. Se le percibe sin filias ni fobias. Igual mostraba su afinidad con el actual gobernador Rocha Moya y el exgobernador Quirino Ordaz, recién nombrado embajador de México en España, que señalaba que el presidente AMLO tenía rasgos autoritarios.
Y siendo sus publicaciones foco de investigación de la fiscalía tras su asesinato, hago referencia a que uno de los políticos con quien Luis Enrique era abiertamente crítico era el actual alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, de Morena. Fue alcalde entre 2018 y 2021, y en las elecciones del año pasado fue reelecto. De sus 20 últimas columnas, cinco fueron dedicadas a cuestionar directamente a Estrada Ferreiro por su forma de gobernar.
Culiacán cuenta con un complejo sistema de seguridad aglutinado en el llamado “C5” que incluye cámaras de videovigilancia y donde trabajan por reglamento de manera coordinada el ejército mexicano, la policía estatal, la policía municipal y la guardia nacional. Esto hace imposible que no haya quedado rastro concreto de a donde se trasladó el periodista cuando salió de su casa esa madrugada ni de los perpetradores de su homicidio. La única forma en que ese rastro hubiera podido borrarse es con la complicidad de las mismas autoridades. Y no solo una.
Nueve periodistas asesinados es algo inadmisible, no solo para los ciudadanos mexicanos sino también para la comunidad internacional. ¿Cuántos más debemos morir? ¿Cuántos más hacen falta para que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje de agredir a los periodistas desde el Palacio Nacional y con su ejemplo incite directa e indirectamente a la violencia?, ¿Cuántos más para que los fiscales y ministerios públicos de dolosa incapacidad o mala fe comiencen a renunciar?
