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La Unión Europea ha destinado 2,5 millones de euros ($ 2,6) para cooperar de manera urgente en los esfuerzos para paliar la crisis carcelaria en Ecuador mediante capacitaciones y herramientas de clasificación de presos.»La UE está movilizando, a través de sus fondos de emergencia, 2,5 millones de euros con un proyecto específico que va a comenzar a partir del 1 de julio», adelantó a Efe el director del Programa comunitario de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado (EL PAcCTO), Xavier Cousquer.
Lo hizo con motivo de la Primera Conferencia de Consenso para la Crisis Penitenciaria en Ecuador que organiza el Programa de la UE, en Quito, el primer evento de este tipo que se desarrolla en América Latina desde que arrancó este instrumento en 2018.
Hacinamiento y 400 presos muertos en revueltas
Conforme al analista europeo, dos problemas estrechamente relacionados están en el origen de la crisis que azota al sistema penitenciario ecuatoriano, donde en los últimos dos años han muerto cerca de 400 presos en enfrentamientos entre bandas rivales: el hacinamiento y la falta de clasificación en las prisiones.
El proyecto que pondrá en marcha Bruselas con fondos de emergencia se basa, precisamente, en mejorar la clasificación de los reos, por un lado, y en la capacitación y especialización de los actores del sector penitenciario, por otro, a fin de «aportar una respuesta rápida».
Sin embargo, Cousquer reconoce que, pese a que en Europa la clasificación de los presos en función de su perfil es algo habitual, en Latinoamérica lo deseable sería que fuera «en función de su pertenencia a un grupo organizado», pero se topa con la cruda realidad del hacinamiento, la falta de recursos, la corrupción y una legislación altamente punitiva con la pena de cárcel.
«Es imposible cuando entran cada día 50 o 100 privados de libertad más», admite al recordar que entre 2000 y 2020 la población penitenciaria de Ecuador aumentó un 300 %, «una cifra realmente ingestionable para cualquier país del mundo».
Proponen abrir pabellones de alta seguridad
A diferencia de los enfoques que plantean la construcción de nuevos centros penitenciarios cada vez que se recrudece la violencia o asume un nuevo gobierno, Cousquer considera que con los existentes se puede controlar la situación, siempre y cuando «se habiliten pabellones bien aislados para crear establecimientos de máxima seguridad».
De forma paralela propugna la reducción del hacinamiento mediante el desarrollo de medidas alternativas a la privación de libertad. «Hemos olvidado colectivamente que la privación de la libertad es el último recurso», asegura el director de EL PAcCTO antes de insistir en que «no puede ser el único castigo».
Conforme a los últimos datos facilitados por el Servicio penitenciario ecuatoriano (SNAI), la población carcelaria en septiembre de 2021 era de 38.700 presos repartidos en 36 centros de privación de libertad, con una capacidad para 30.000.
El gobierno de Lasso prepara indulto para 5.000 presos
El hacinamiento era entonces del 28 %, aunque en el penal de Guayaquil, escenario de las más sangrientas matanzas, llegaba al 62 %, según revelaron las autoridades que en diciembre iniciaron un plan piloto para elaborar un censo penitenciario. El Gobierno también acelera indultos para 5.000 presos para descongestionar.
Parte del acelerado hacinamiento fue producto, según los expertos, del último Código Penal aprobado en 2014, que aumentó los delitos penados con la privación de libertad, a lo que se suma el hecho de que la Justicia haya incrementado los dictámenes de prisión preventiva y que más del 40 % de los reos no tenga sentencia.
Aporte de la Unión Europea ser útil en la rehabilitación social
La UE también plantea trabajar en la «protocolización» en las cárceles a través de capacitación y conocimiento de experiencias exitosas, tras observar la «falta de coordinación interinstitucional» en el sistema de rehabilitación social, especialmente en el caso de los adolescentes infractores.
Asimismo, coincide con el diagnóstico recientemente señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de que se requieren más guardias penitenciarios a los que ofrecerá formación.
Las recientes explosiones registradas en las inmediaciones de centros penitenciarios, algunas de ellas incluso vinculadas a drones, ponen de manifiesto el poder de las bandas criminales en Ecuador.
Respecto al fenómeno que replica modelos de países como México, con gran infiltración de los carteles de la droga y donde la violencia carcelaria se extiende más allá de las rejas, Cousquer urge a reforzar la coordinación internacional porque «son fenómenos internacionales que no se pueden atacar únicamente desde un punto de vista nacional».
«Debemos atacar de forma mucho más sistemática los activos criminales, es mucho más eficaz que mandar gente a prisión», concluye.
jov (efe, eu.org)
