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El gobierno guatemaltecto quiere llevar a juicio al ministro colombiano Iván Velásquez, por supuestas acciones ilegales cuando fungió como jefe de una misión antimafias de la ONU en el país centroamericano.El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo el lunes (16.01.2023) que no aceptará una orden de captura contra su ministro de Defensa Iván Velásquez, contra quien la Fiscalía de Guatemala anunció acciones legales, y anunció que llamó a consultas a su embajadora en ese país centroamericano.
“Jamás aceptaré la orden de captura de nuestro ministro Velásquez. Demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga”, aseguró Petro en su cuenta de Twitter. “Nuestro embajador se llama inmediatamente a consulta”, añadió.
La fuerte reacción del mandatario colombiano se produjo después de que la Fiscalía de Guatemala anunció acciones legales para que Velásquez responda por supuestos “actos ilegales, arbitrarios y abusivos”, en medio de una investigación por presunta corrupción impulsada por la constructora brasileña Odebrecht.
La Fiscalía de Guatemala no especificó qué acciones legales iniciará contra el funcionario colombiano.
Velásquez, de 67 años, formó parte desde 2013 de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo mandato no fue renovado por el entonces presidente Jimmy Morales en 2018.
Velásquez es señalado de avalar, presuntamente de manera irregular, los acuerdos de “colaborador eficaz” (testigo protegido) de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala, dijo el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.
Según Curruchiche, Velásquez y la exfiscal general Thelma Aldana (2014-2018) otorgaron en 2017 el “visto bueno” para suscribir los acuerdos de colaborador eficaz en medio de la investigación contra Odebrecht, “lo cual denota que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando” con la firma brasileña.
La FECI “emprenderá las acciones legales correspondientes” para que Velásquez y otros involucrados en el caso “respondan por sus actos ilegales, arbitrarios y abusivos”, al considerar que la negociación causó “un grave detrimento al Estado de Guatemala”, afirmó.
El actual ministro de Defensa de Colombia dijo en un comunicado que no ha sido notificado de ningún requerimiento por parte de las autoridades de Guatemala y que adelantó su trabajo en ese país con total transparencia y dentro del marco legal que amparaba el funcionamiento de la CICIG.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó que la embajadora en Guatemala, Victoria González Ariza, fue llamada a consultas.
gs (reuters, afp, El Tiempo)