EE. UU. y su nueva política hacia los migrantes venezolanos

Desde el 12 de octubre de 2022 han entrado en vigor cambios en la política migratoria de EE. UU. hacia los venezolanos. Ramón Cardozo los detalla en su columna.El Gobierno estadounidense anunció el 12 de octubre de 2022 la entrada en vigor de un nuevo proceso de control migratorio destinado a reducir la presión de la migración irregular de venezolanos en la frontera suroeste de los Estados Unidos.

Previo acuerdo con el Gobierno mexicano de López Obrador, las autoridades norteamericanas establecieron que, a partir de ese mismo momento, “los venezolanos que ingresen a Estados Unidos entre puertos de entrada, sin autorización, serán devueltos a México”, según se señaló en un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos.

Un nuevo programa específico para venezolanos

La orden de expulsión de los migrantes venezolanos a México vino complementada con el anuncio de un nuevo programa “para traer de manera legal y segura hasta 24,000 venezolanos calificados a los Estados Unidos”. El nuevo procedimiento, similar al programa migratorio “Unidos por Ucrania” (U4U), establece que la solicitud de migración debe realizarse vía internet y, de ser autorizado, el ciudadano venezolano podrá ingresar a los Estados Unidos solo por vía aérea y trabajar en ese país hasta por un periodo de dos años. Luego de finalizado ese período, la persona tendría la opción de optar a otro tipo de estatus migratorio.

Entre los requisitos para ser elegible, el solicitante deberá contar con un patrocinador con estatus legal en los Estados Unidos que les proporcione patrocinio económico y otros tipos de apoyo. Los solicitantes no deberán ser residentes permanentes o con ciudadanía doble de cualquier otro país que no sea Venezuela, o tener actualmente estatus de refugiado en cualquier otro país. Tampoco podrán optar al programa aquellos venezolanos que hayan sido deportados de los Estados Unidos en los últimos cinco años, o aquellos que hayan cruzado sin autorización entre puertos de entrada de USA después del 12 de octubre del presente año.

Biden, “atento” a Venezuela

Hasta esta fecha, la gran mayoría de los venezolanos que habían cruzado sin visado la frontera sur de los Estados no habían sido deportados bajo la agencia de salud pública, conocida como Título 42, sino que, una vez evaluados, habían sido temporalmente liberados para que enfrentaran el procedimiento de deportación ante la corte de inmigración, donde tenían la opción de solicitar asilo. En septiembre de este año, el presidente Biden había declarado en relación con estos migrantes: “Estoy atento a Venezuela, Cuba y Nicaragua. La posibilidad de enviarlos de regreso a esos países no es racional”.

Una de las mayores crisis migratorias del mundo

Durante las dos últimas décadas, Venezuela ha venido perdiendo aproximadamente el 20 por ciento de su población. Uno de cada cinco venezolanos ha salido huyendo de su país a causa “de la violencia, la inseguridad, la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales”, dando origen a una de las mayores crisis migratorias del mundo, de acuerdo con lo señalado por la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR).

Un 84 por ciento de los 7.100.100 venezolanos que en estos momentos detentan la condición de refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, se encuentran en países latinoamericanos, especialmente en Colombia, que ha recibido un 35 por ciento (2,5 millones) de venezolanos, Perú un 18 por ciento (1.3 millones), Ecuador un 7 por ciento (502 mil), Chile un 6 por ciento (448 mil) y Brasil un 5 por ciento (358 mil,) según las últimas cifras de la “Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V)”.

Fuera de América Latina, los países que han acogido la mayor cantidad de migrantes venezolanos son los Estados Unidos, con un 8 por ciento (545.000) y España, con un 6 por ciento (438.400).

Muchos migrantes venezolanos, en situación precaria

De acuerdo con el informe “Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes” de la Plataforma RV4, publicado hace pocos días, un 60.5 por ciento (4,3 millones) de venezolanos refugiados y migrantes en América Latina tienen dificultades para acceder a alimentación, vivienda y empleo formal. El 50 por ciento de estos migrantes (3,5 millones) no puede costearse tres comidas diarias.

Según se señala en el Informe de RV4, “el acelerado aumento del costo de la vida, exacerbado por la guerra de Ucrania, el impacto prolongado de la emergencia por el COVID-19, y las altas tasas de desempleo, han exacerbado la vulnerabilidad de los refugiados y migrantes de Venezuela, dificultando así el proceso de integración y reconstrucción de sus vidas en las comunidades de acogida a lo largo de América Latina y el Caribe”.

Destino final: Estados Unidos

Esta situación, aunada a las recientes exigencias de visas para los venezolanos en los países de América Central y de México, llevó a que, durante el año 2022, se produjera un incremento significativo en el número de venezolanos refugiados y migrantes que se desplazan por tierra hacia el norte a través del peligroso Tapón de Darién entre Colombia y Panamá. Estos refugiados y migrantes siguen camino hacia Centro América y tienen como destino final a los Estados Unidos, según también se destaca en el informe la Plataforma RV4.

Aunque, comparativamente, la cifra actual de 545.000 migrantes venezolanos en los Estados Unidos es relativamente modesta frente a otras comunidades migrantes de origen latino, como son los casos de la mexicana (37 millones); salvadoreña (2,4 millones); cubana (2,4 millones), o colombiana (1,4 millones), el continuo y creciente flujo de migrantes venezolanos que ha venido llegando a la frontera sur de EE.UU. en el último año encendió las alarmas de las autoridades migratorias norteamericanas. Según el comunicado del DHS del pasado 12 de octubre, “comparado al año pasado, la cantidad de venezolanos que intentaron cruzar nuestra frontera sur ha aumentado casi cuatro veces”.

Consecuencias en la política interna de EE. UU.

Las repercusiones políticas de esta situación en los Estados Unidos aumentaron a partir de abril de 2022, cuando, en medio de la campaña electoral para las elecciones de medio término (midterm), los gobernadores republicanos Greg Abbott de Texas, Doug Ducey de Arizona y Ron DeSantis de Florida, comenzaron a trasladar inmigrantes a las ciudades de Washington D.C., Nueva York y Chicago. El gobernador Abbott señaló en un comunicado en mayo de este año que ya habían sido enviados desde Texas más de 10.000 migrantes, y advirtió que esta política seguiría hasta tanto el gobierno federal de Biden-Harris asegurara la frontera.

La acogida de estos nuevos grupos de migrantes, muchos de ellos venezolanos, caracterizados por una condición de alta vulnerabilidad, escasez de recursos económicos y altos requerimientos de servicios sociales básicos (salud, alimentación y resguardo), ha resultado todo un desafío para las ciudades receptoras y para las organizaciones de ayuda humanitaria.

La alcaldesa Muriel Bowser, de Washington DC, señalaba el 5 de agosto de este año que las organizaciones estaban “abrumadas y sin fondos suficientes” para atender los migrantes recién llegados a la ciudad y, por ello, solicitaba ayuda federal. El alcalde Eric Adams de Nueva York también declaró estado de emergencia el 7 de octubre y pidió ayuda urgente a los gobiernos federal y estatal.

Críticas al nuevo programa de control migratorio

El establecimiento de nuevas vías legales para regularizar el ingreso de los venezolanos a los Estados Unidos ha sido en general bienvenido. Sin embargo, esta medida también ha sido objeto de críticas. Por una parte, se cuestiona el limitado número de visas ofrecidas (24 mil por año). Asimismo, se objetan tanto los obstáculos para la solicitud de asilo como, especialmente, la política de expulsión inmediata hacia México de los migrantes venezolanos que entren ilegalmente a los EE. UU. Estas críticas han provenido de organismos multilaterales, importantes organizaciones humanitarias y de personalidades políticas tanto norteamericanas como venezolanas, quienes han pedido que se reconsidere la decisión.

Médicos Sin Fronteras señaló, a través de un comunicado, que “esta expansión del Título 42 para incluir personas venezolanas, sin lugar a duda creará más caos, los expondrá más a la violencia y acelerará las necesidades humanitarias a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Todas las personas tienen derecho a buscar seguridad, independientemente de los vínculos familiares o económicos, y los programas de libertad condicional no deben suplantar el derecho a solicitar asilo”. En la misma dirección, Amnistía Internacional expresó que “nos alarma la ampliación de la aplicación del Título 42. Esta nueva política destinada a impedir que las personas venezolanas busquen seguridad en la frontera vuelve a demostrar que el Título 42 no tiene ninguna base en la salud pública y va en contra de las obligaciones estadounidenses e internacionales de defender el derecho de todas las personas a buscar seguridad”.

Por su parte, el senador demócrata Bob Menéndez, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, solicitó a Biden reconsiderar la medida de deportar a los migrantes venezolanos, y expresó que “no puedo apoyar ningún programa que cree requisitos adicionales para los venezolanos y, a la vez, que se combine con una expansión injustificable del programa de deportación de Título 42 de Trump. Ampliar el Título 42 para incluir ahora a los venezolanos agrega sal a una herida abierta mientras se deteriora aún más nuestro sistema de asilo que el presidente Biden prometió restaurar”.

Carlos Vecchio, embajador del Gobierno interino de Juan Guaidó en Washington, declaró a través de su cuenta de Twitter: “Nuestra posición es inequívoca: es inaceptable cualquier trato indigno hacia migrantes venezolanos, venga de donde venga. Son víctimas inocentes de la dictadura de Maduro. Merecen y necesitan solidaridad”. Vecchio considera que es necesario una revaluación del número de visas, ya que las 24.000 anunciadas son insuficientes para la magnitud del problema.

También David Smolansky, Comisionado para la Crisis de Refugiados y Migrantes de la OEA, mostró su preocupación por la medida, señalando que, “a partir de hoy, venezolanos, víctimas un régimen señalado por la Organización de Naciones Unidos de cometer crímenes de lesa humanidad, son devueltos a México por intentar ingresar a Estados Unidos. Los cubanos recibieron la Ley de Pies Secos y Pies Mojados, ¿Por qué los venezolanos no?”. A su vez, Henrique Capriles, exgobernador y excandidato presidencial venezolano, calificó en su cuenta Twitter de “cruel” la nueva medida migratoria del gobierno norteamericano y señaló que ella “hace más dolorosa la situación de miles de venezolanos que tuvieron que irse del país como consecuencia del hambre, la miseria y la pobreza generada por Maduro y su caos”.

Interrogantes a futuro

Estas críticas hacen patentes que este nuevo mecanismo migratorio norteamericano para los venezolanos requerirá de ajustes en el futuro cercano. Por otra parte, también existe en este momento mucha incertidumbre respecto a los efectos de esta política sobre los flujos migratorios del continente.

El reciente informe de la Plataforma RV4 prevé que los flujos migratorios en la región se van a seguir produciendo más allá del segundo semestre de este año: “Se espera que las condiciones socioeconómicas cada vez más inestables y desiguales en toda la región exacerben las necesidades de las personas refugiadas y migrantes en la región durante el segundo semestre de 2022 y más allá, probablemente creando movimientos continuos de refugiados y migrantes que están desempleados y no pueden acceder a bienes y servicios básicos en los destinos anteriores”.

Ante este desafío, surge la pregunta si los gobiernos del hemisferio podrán “crear las condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular” y puedan, según se comprometieron en la Declaración sobre Migración y Protección suscrita en la ciudad de Los Ángeles el 10 de junio de este año, “proteger la seguridad y la dignidad de todos los migrantes, refugiados, solicitantes de asilo y apátridas, independientemente de scalidad migratoria, y respetando sus derechos humanos y libertades fundamentales. (ms)