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Hace 28 años, Chiapas fue epicentro del levantamiento de la guerrilla indígena zapatista que pedía más justicia social en el sureste de México. Hoy, la narcocultura y la violencia se han apoderado de muchas comunidades.El video que circula en las redes sociales dura menos de un minuto y muestra una camioneta de lujo circulando por la escuela de la comunidad indígena San Juan Chamula, en el sureño estado mexicano de Chiapas. En un momento, la imagen gira hacia atrás y se ve una leona en los asientos traseros, mirando hacia afuera al son de un narcocorrido titulado “El comando suicida del Mayo”.
De la aparente calma al cártel indígena
Balaceras, asesinatos, secuestros y extorsión ya no son una excepción en Chiapas, donde durante muchos años la fuerte influencia de la guerrilla zapatista fue considerada como escudo contra el crimen organizado y donde los índices delictivos estaban por debajo del promedio nacional.
Pero esta aparente calma se ha derrumbado. Incluso el Gobierno federal, en boca del subsecretario para derechos humanos, Alejandro Encinas, habla de la existencia de un cártel indígena en Chiapas.
Fuerte presencia de fuerzas de seguridad
La escalada de violencia, según expertos consultados por DW, es resultado del desinterés del Estado y de la complicidad de algunos de sus actores, especialmente políticos locales y fuerzas de seguridad, cuya presencia es muy fuerte en Chiapas desde el levantamiento zapatista de 1994.
Según el portal Chiapas Paralelo, hay alrededor de 22 mil efectivos desplegados en todo el estado. “Se tiene planeado construir 24 cuarteles adicionales para la Guardia Nacional, con 3500 efectivos más”, añade Carlos Ogaz, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Sinergia entre contrainsurgencia y crimen organizado
“La violencia tiene un origen militar”, considera Michael Chamberlin, defensor de derechos humanos y colaborador del Center for International Policy (CIP). “Utilizando viejos conflictos interétnicos, religiosos o territoriales, algunos grupos indígenas y campesinos fueron armados e instigados a atacar a los zapatistas”, confirma Ogaz. “Ha sido un proceso profundo de romper el tejido comunitario. Hay una sinergia entre contrainsurgencia y crimen organizado.”
Uno de los epicentros de la violencia, tanto ayer como hoy, es San Juan Chamula, sede del cártel indígena del mismo nombre. Ese cártel, según las autoridades, se dedica al narcomenudeo, la piratería, el tráfico de armas y de personas y a la distribución del “etnoporno” y está enfrentado, según el investigador del Colegio de la Frontera Sur, Héctor Javier Sánchez, con otros grupos locales como los Motonetos, un grupo de autodefensa creado por el hermano de un antiguo presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, que se dedica hoy a la extorsión. “Recientemente surgió además un grupo de autodefensa llamado Machete. No sabemos quién está detrás de ellos y paga las armas”, añade el investigador.
Según Sánchez, aparte de las dinámicas criminales, hay muchos otros intereses por los recursos de Chiapas, una región fronteriza rica en agua, biodiversidad y minerales. Empresas agroindustriales, ganaderas y energéticas le han echado el ojo y, recientemente, el Gobierno federal ha irrumpido con megaproyectos como el Tren Maya y la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional, a pesar de la resistencia de comunidades indígenas locales.
Los zapatistas, debilitados por la violencia
“El avance del crimen ha sido avasallante”, comenta Ogaz. Los zapatistas, concentrados en su organización política interna, han tratado de frenar la violencia con medidas como prohibir la entrada de drogas y alcohol a sus comunidades, pero fueron cercados por el crimen y debilitados por el constante acoso.
Sánchez observó desde 2006 una fragmentación en las filas zapatistas. “Comunidades anteriormente 100 por cien zapatistas, ahora están divididas y, a veces, quedan solamente algunas familias”.
Situación más complicada para los indígenas
Hace un año, los zapatistas lanzaron un grito desesperado con su comunicado “Chiapas al borde de la guerra civil”, denunciando pactos entre el gobernador Rutilio Escandón, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y el crimen organizado. No hubo respuesta.
“El Estado a nivel local es cómplice, a nivel estatal hay actores claves vinculados con la violencia, a nivel federal es omiso”, es el resumen tajante de Ogaz. Por su parte, Sánchez añade: “El Gobierno de Estado ha sido ineficiente e indiferente, y el Gobierno federal está básicamente centrado en la contención de migrantes en la frontera.” Concuerdan los tres analistas que, desde la revolución zapatista, poco ha cambiado en la marginación de los indígenas en Chiapas, cuyo panorama ahora se complicó aún más con la irrupción del crimen organizado.(ms)
