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«Si la ‘comunidad internacional’ está preocupada por sus angelitos, vengan y tráiganles comida», expresó el presidente porque, dijo, no quitará «presupuesto en las escuelas para darle de comer a estos terroristas».El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, promulgó este domingo (27.03.2022), con aval del Parlamento, un régimen de excepción, restringiendo las libertades civiles y ampliando los poderes de la Policía, cuando el país enfrenta un auge de la violencia pandillera que ha dejado 76 homicidios en dos días.
Provistos de fusiles de asalto y chalecos antibalas, policías y soldados patrullaban las calles, mientras continuaba la detención de cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) acusados de ordenar los crímenes. El Gobierno atribuye a las pandillas de MS-13 y de Barrio 18 haber desatado una «ola de violencia» en el país. «Casi 600 capturas en solo dos días», dijo Bukele la noche del domingo, vía Twitter.
«A los pandilleros les toca el cementerio, cárcel o la cama de un hospital. ¡El Estado se respeta!», consignó por su parte en la misma red social el ministro de Justicia, Gustavo Villatoro.
El gobernante aclaró que «para la inmensa mayoría de personas la vida continúa normal», aunque habrá «cierres focalizados y temporales» en algunas zonas. Los servicios religiosos, eventos deportivos y el comercio se pueden realizar en forma normal, indicó vía Twitter.
Bukele ordenó además decretar «emergencia máxima» en todas las cárceles, donde permanecen más de 17.000 de los 70.000 miembros de las pandillas MS-13 y Barrio 18, entre otras, que viven en El Salvador. «Todas las celdas cerradas 24/7, nadie sale ni al patio», escribió el mandatario y agregó un «mensaje para las pandillas: por sus acciones, ahora sus «homeboys [compañeros presos] no podrán ni ver un rayo de sol».
El presidente aseguró también que racionará sus alimentos en prisión. «Si la ‘comunidad internacional’ está preocupada por sus angelitos, vengan y tráiganles comida, porque yo no le quitaré presupuesto en las escuelas para darle de comer a estos terroristas», sentenció.
«Urge que el Gobierno proteja a la población con medidas sostenibles y respetuosas de los DDHH (Derechos Humanos). La política de seguridad debe estar siempre dentro del Estado de Derecho», reaccionó Juan Pappier, de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch.
Bukele -un milenial de 40 años que goza de amplio apoyo popular desde que llegó al poder en junio de 2019- hizo de la seguridad un eje de su campaña y destacó al inicio de su mandato la mejora en los indicadores sobre homicidios. Sin embargo, en diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos funcionarios de su Gobierno por presuntamente haber negociado con pandillas para que apoyaran al partido de Bukele, Nuevas Ideas, en las elecciones legislativas de 2021. Según la acusación, a cambio, las pandillas obtuvieron dinero del Gobierno y privilegios para sus jefes presos, lo que Bukele tacha de «mentira».
El mandatario es señalado por sus opositores de tener actitudes «autoritarias». Washington lo ha reprochado por no respetar la separación de poderes, al haber destituido con la ayuda del Parlamento a magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general.
ama (afp, reuters)
