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El gobierno de Chile promulgó este domingo la nueva ley de migraciones, que tardó ocho años en aprobarse y ha recibido un aluvión de críticas de la oposición y de organizaciones promigración por imponer una mayor “rigidez” fronteriza.
La nueva ley exige obtener visas en los países de origen con el fin de evitar que extranjeros ingresen a Chile como turistas y cambien su estatus migratorio para buscar trabajo.
“El objetivo es poner orden en nuestra casa a través una política ordenada, segura y regular” y “permitir la migración legal y combatir la inmigración ilegal”, explicó el presidente Sebastián Piñera.
“No queremos que ingresen a nuestro país el crimen organizado, el contrabando, el narcotráfico y aquellos que no respetan nuestras leyes”, expresó Piñera. “Quienes intenten ingresar clandestinamente no solo comenten un delito, sino que se arriesgan a ser sujetos de expulsión”, agregó.
Mientras que para el oficialismo esta nueva regulación es la vía para enfrentar el creciente fenómeno migratorio, la oposición estima que el endurecimiento de las fronteras desembocará en un aumento de migrantes que cruzan por pasos no habilitados.
La promulgación de la ley se produce en un momento de auge migratorio, especialmente en la frontera norte con Bolivia, donde en febrero y marzo se registró la entrada irregular de más 1.000 inmigrantes, lo que provocó el colapso de varias pequeñas localidades fronterizas.
Según el Departamento de Extranjería y Migración, hay 1,4 millones de migrantes en Chile, lo que equivale a más de 7% de la población. Los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
Por: María Jesús Hernández/ Varias fuentes.
