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Uno de los reos de conciencia, el militar disidente Igbert José Marín Chaparro, comenzó una huelga de hambre para denunciar que sufre «tratos crueles inhumanos y degradantes».Amnistía Internacional demandó el martes (21.12.2021) que el activista de derechos humanos Javier Tarazona, detenido desde el pasado 2 de julio, sea liberado «inmediata e incondicionalmente», al considerarle «un preso de conciencia» en Venezuela, donde la cifra de opositores encarcelados superaría las 250 personas.
«Es un preso de conciencia, al haber sido detenido arbitrariamente por su labor de defensa de los derechos humanos», denunció Amnistía Internacional en un comunicado fechado el lunes. «Su salud se ha deteriorado gravemente por falta de tratamiento médico. Instamos a las autoridades a ponerle en libertad inmediata e incondicionalmente», agregó.
Tarazona, director de la ONG local Fundaredes, fue acusado por «incitación al odio» y «terrorismo» tras denunciar presuntos vínculos del gobierno de Nicolás Maduro con grupos armados colombianos en Venezuela. Se encuentra detenido en El Helicoide, sede del servicio de inteligencia en Caracas.
AI no precisó cuál es la condición de Tarazona, pero activistas locales sostienen que tiene problemas cardíacos. Fundaredes, además, sostuvo en octubre que había sido diagnosticado con COVID-19. Otros dos miembros de la ONG fueron detenidos en julio y excarcelados el pasado 26 de octubre.
Militar disidente sufre «tratos crueles»
Por su parte, la ONG Justicia Venezolana reveló que el militar venezolano Igbert José Marín Chaparro, teniente coronel del Ejército considerado como un preso político por varias organizaciones, comenzó el martes una huelga de hambre para denunciar que sufre «tratos crueles inhumanos y degradantes».
La ONG solicitó también que la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el encargado de negocio de la UE y el nuncio apostólico de la Santa Sede visiten «la casa de los sueños», nombre con el que se refieren a una celda de castigo y supuestas torturas.
El objetivo es que esas organizaciones verifiquen «los tratos crueles inhumanos y degradantes» a los que denuncian que son sometidos los presos entre los que se encuentra.
También reclamó que una comisión de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo compruebe «la misma situación, dando curso a la respectiva denuncia ante los citados organismos y ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), por el uso sistemático de torturas y tratos crueles».
Finalmente, solicitó la liberación «de todos los presos políticos» con «verdaderos indultos que se respeten» y que se incluya una comitiva integrada por ellos en los diálogos entre el gobierno y la oposición que actualmente están congeladas y cuyo reinicio también reclama.
gs (afp, efe)
