Acuerdo de Paz de Colombia: la verdad se hace esperar

A los cinco años del Acuerdo de Paz en Colombia, faltó el informe de la Comisión de la Verdad. DW, desde Bruselas, habló de sus retos hasta su presentación en 2022, con el exilio colombiano y con organizaciones del país. «Esa partecita de Colombia, que tuvo que exiliarse debido al conflicto armado, fue visibilizada por primera vez durante el trabajo de la Comisión de la Verdad”, dice a DW Zoraida Hernández, una de los 130 entrevistadores que formó la Comisión de la Verdadpara recoger testimonios fuera del país. Según datos de ACNUR, son 600.000 los colombianos registrados oficialmente como refugiados.

«Atentados, persecución, amenazas, el asesinato de sus seres queridos llevaron a colombianos y colombianas a buscar protección en otros países de América Latina, en Europa, en Estados Unidos. Ha sido muy importante el trabajo de escucha para saber no sólo lo que les había sucedido en Colombia, sino el impacto del exilio. El que tiene que dejarlo todo -amigos, trabajo, tejido social- se enfrenta, en el país de acogida, a la tarea de rehacer su vida, de reinventarse”, sigue Hernández, abogada, especialista en derechos humanos. En el exilio.

«En Bélgica hubo seis entrevistadores. En Europa recogimos 700 testimonios. No se incluyeron los testimonios de las víctimas de la migración económica o de las personas que han tenido que abandonar el país para estudiar porque no hay oportunidades en Colombia. Solo los que tuvieron que huir por el conflicto armado”, sigue Hernández, integrante de la organización Nexus Human Rights.

Un gran reto pendiente

Según la información oficial emitida para la celebración de su quinto aniversario, gracias al trabajo de la Comisión, hoy los nueve millones de víctimas de más de medio siglo de conflicto armado tienen un espacio nunca antes visto para acceder a su derecho a la verdad.

«En estos 5 años del Acuerdo, las víctimas han dado testimonio de cuán satisfechas y dignificadas se sienten participando en el Sistema Integral para la Paz. Los comparecientes, por su parte, adquirieron la oportunidad de volver sobre su pasado, reconocer los delitos cometidos y reiniciar su vida lejos de la guerra”, reza la información oficial. No obstante, la celebración tiene un gran reto pendiente: la publicación del informe de la Comisión de la Verdad.

Grandes expectativas

«Nuestras expectativas ante ese informe son muchas”, cuenta a DW Daniela Rodríguez, coordinadora del área de Justicia Transicional del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP). Su organización, integrante del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), ha venido realizando representación jurídica y atención psicosocial a las víctimas, entre ellas, a las de las ejecuciones extrajudiciales, los llamados falsos positivos.

«En ese informe se debe reconocer que es el modelo económico estatal la fuente de despojo y desplazamiento forzado. También de la limitación de la participación política, debido a la violencia estatal y paraestatal causante de genocidios a lo largo y ancho del país. Es necesario que se hable de la fabricación del ‘enemigo interno’, que ha causado graves violaciones de derechos humanos. Y que se diga claramente que los paramilitares no son un tercer actor armado, sino parte de la guerra sucia del Estado para eliminar a sectores de la oposición”, afirma Rodríguez.

¿Cabe la esperanza de que el esperado informe cumpla con estas expectativas? «Desde las organizaciones sociales, hemos presentado muchos informes que prueban estos hechos. Sin embargo, sabemos que algunos de nuestros puntos enfrentarán retos. La pluralidad de los Comisionados de la Verdad y que el informe será producto de una discusión colectiva es uno de ellos”, prevé Rodríguez.

¿Tres años para elaborar cinco décadas de violencia?

«Uno de los grandes retos que ha tenido el trabajo de la Comisión es su corto mandato para procesar tantos años de conflicto armado”, dice, por su parte, Hernández. Su mandato de tres años, iniciado en noviembre de 2018, la hizo enfrentarse a las restricciones de movilidad durante la pandemia. Eso se tradujo en imposibilidad de llegar a las zonas alejadas y de hablar con las víctimas. Las organizaciones de base lograron que la Corte Constitucional alargara el mandato, hasta junio de 2022.

«Va a haber un subregistro de casos de exilio. Nuestro cometido era recoger los testimonios hasta noviembre de 2016”, señala Hernández como una de las falencias del esperado informe. «Lamentablemente la realidad de la Comisión es otra: ha tenido que funcionar en el marco de un conflicto que no ha terminado. En particular, durante estos dos últimos años, muchísimas personas han tenido que optar por la protección en el exilio”, subraya Hernández.

Como fuere, tanto Rodríguez desde Colombia como Hernández desde el exilio valoran mucho el esfuerzo y los avances de la Comisión de la Verdad. «Uno de los puntos del Acuerdo de Paz es garantizar la no repetición y la reconciliación. Para ello es imprescindible saber quiénes fueron los responsables y sus motivaciones. De lo contrario, los ciclos de violencia que hemos vivido hace algunos años, volverán a repetirse, como lo estamos viendo”, enfatiza Rodríguez.

«Es absolutamente necesario saber las causas, los actores y los intereses que hubo detrás de los asesinatos y las expulsiones que hubo -y sigue habiendo- en los territorios. Esto sentará las bases de la construcción de un país en paz, que empezamos a creer posible. La verdad es un derecho humano”, apunta Hernández. Pero en Colombia se hace esperar.

(ms)