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El sector educativo venezolano atraviesa uno de los peores momentos de su historia, tal como se constata en estudios de organizaciones nacionales e internacionales y en protestas callejeras, escribe Ramón Cardozo.Adentrados en el siglo XXI, vivimos una época en la que la generación de conocimientos se ha convertido en la palanca imprescindible para que los países puedan alcanzar mayores niveles de desarrollo y progreso. Según lo advierte el Banco Mundial en su estudio “Accelerating Catch-up”, publicado en el año 2009, “el capital es un instrumento necesario, pero el árbitro del éxito económico -incluso de la supervivencia- en el mundo actual es la capacidad de movilizar el conocimiento y aprovecharlo al máximo”. En este estudio, además, se señala que el crecimiento intensivo en conocimiento exige una atención prioritaria a la educación secundaria y, lo que es más importante, a la educación postsecundaria o superior.
En sentido contrario a estas premisas, el sector educativo venezolano viene atravesando uno de los peores momentos de su historia, tal como se constata tanto en estudios e informes de organizaciones nacionales e internacionales, como en las manifestaciones callejeras que se desarrollan a lo largo y ancho del país. En efecto, desde los inicios de este nuevo año, los trabajadores del sector educativo de Venezuela han salido a las calles a protestar por sus miseros salarios, la ausencia de un sistema de seguridad social, y las lamentables condiciones materiales dentro de la cuales se ven obligados a trabajar.
La precaria situación del sistema educativo venezolano, denunciada por los educadores y verificadas por los estudios especializados, obedece no solo al desastre económico en el que se encuentra el país desde hace más de una década, sino que es la consecuencia necesaria del Socialismo del Siglo XXI. Este proyecto político, impuesto al país por Hugo Chávez desde su llegada al poder en 1999, desvirtúa el propósito de la educación y la concibe como un instrumento de confrontación política e ideológica.
Legislación interventora de la educación
Siguiendo los lineamientos ideológicos del Socialismo del Siglo XXI, expresados en el Plan de la Patria, el régimen chavista promulgó en el año 2009 una nueva Ley de Educación. En esta norma se introdujo el concepto de Estado Docente, otorgando así al Ejecutivo Nacional competencias de control sobre los reglamentos universitarios, las políticas internas para elegir sus autoridades, los presupuestos universitarios y la capacitación de los profesores. Tal y como advirtió la Universidad de los Andes en su informe Observatorio de DDHH, esta nueva ley “minó la autonomía académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior [para] adaptarlas a fines ideológicos contrarios a los de una educación libre y abierta a todas las corrientes de pensamiento”.
La nueva Ley de Educación no solo viola la autonomía universitaria consagrada en la Constitución de Venezuela, sino que además contradice la Declaración de Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el 2021. En esta declaración se consagra el “Principio de la autonomía de las instituciones académicas”, el cual prescribe que “la autonomía es un requisito imprescindible para la libertad académica y funciona como garantía para que las instituciones de educación superior cumplan su misión y objetivos de producción y difusión del conocimiento”.
La universidad autónoma venezolana, ahogada presupuestariamente
Simultáneamente con la aprobación de este marco jurídico confiscatorio de la libertad académica y la autonomía universitaria, el gobierno de Hugo Chávez comenzó a aplicar una política de asfixia presupuestaria a las universidades autónomas del país. El sacerdote Luis Ugalde, exrector de la Universidad Católica Andrés Bello, advertía en su artículo “La Universidad asediada” (2013) que “el objetivo de este asedio es la sustitución de la actual universidad autónoma por otra sometida a la imposición socialista del gobierno Estado-partido (…) La soga principal para ahorcar a las universidades es el presupuesto: les quitamos el pan y el agua y tendrán que rendirse”. Cinco años más tarde, Mario Bonucci, rector de la Universidad de los Andes, ratificó en rueda de prensa la denuncia de Ugalde: “Es conocido que hay una política presupuestaria no escrita, por parte del gobierno nacional, por medio de la cual proponen hacer un anteproyecto de presupuesto y presentarlo, y una vez presentado ese anteproyecto, aprueban solamente entre un 25% y un 35% de lo solicitado”.
Según el informe “Libertad académica y autonomía universitaria en la educación superior de Venezuela” (2021), de la ONG Aula Abierta, la política sistemática de ahogo presupuestario a las universidades autónomas se ha materializado hasta el día de hoy a través de la reducción de los presupuestos solicitados por las universidades, el retraso reiterado de los pagos, las restricciones impuestas por el gobierno al uso de los escasos recursos otorgados, y la imposición de lineamientos de corte ideológico o político.
El déficit presupuestario crónico y la pérdida de la autonomía financiera han llevado a que las universidades autónomas del país se hayan visto imposibilitadas de desarrollar de forma adecuada sus funciones de docencia, investigación y extensión. Por ejemplo, se han paralizado los proyectos de investigación; no se han podido realizar las necesarias inversiones para mantener la infraestructura existente y dotar de los insumos necesarios a los laboratorios, bibliotecas, aulas, auditorios y comedores, y, finalmente, no se han podido adecuar los salarios del personal docente y administrativo al proceso hiperinflacionario que ha sufrido el país. Un profesor universitario devenga actualmente una remuneración mensual entre 27 y 45 dólares, razón por la cual muchos profesores universitarios muy calificados han abandonado la docencia o han emigrado a otros países.
Ataque a la libertad de investigación académica
Por otra parte, también los programas de formación y estímulo a la investigación existentes en Venezuela fueron sometidos a la ideología gubernamental. “Desde mediados de 2008 se buscó minar la productividad de los investigadores y las universidades, así como los programas que servían de visibilidad para la mostrar la calidad y excelencia de la productividad académica” señalan los investigadores Reinaldo Rojas y José Mora en su artículo “Políticas educativas en Venezuela (2000-2016): una mirada crítica”.
Algunas de las políticas dirigidas a este objetivo fueron, según estos investigadores: a) la imposición en el 2009 del control del financiamiento a la investigación, tutelado por la Vicepresidencia de la República; b) la sustitución del Programa de Promoción al Investigador (PPI) por el Programa de Estímulo al Investigador, el cual fue expurgado de los investigadores poco afectos al gobierno y despojado totalmente de su naturaleza académica; y c) la reforma de la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología e Innovación, en 2010, a través de la cual el gobierno centralizó el manejo de los recursos -públicos y privados- para la investigación científica, excluyendo al sector académico y empresarial de la toma de decisiones.
Como resultado de estas medidas, concluyen Rojas y Mora en su estudio, “después de haber alcanzado Venezuela un posicionamiento como el 5to país de mayor producción de trabajos de investigación en América Latina, según el SCI (2007), las políticas de Estado fueron reduciendo la posibilidad de participación a los investigadores, lo cual liquidó casi por completo el capital intelectual de los principales centros de producción de conocimiento”.
Un sistema paralelo de educación superior ideologizado
Desde año 2002, bajo la apariencia de una política de inclusión educativa, Hugo Chávez desarrolló a través de la “Misión Sucre” y la “Misión Alma Mater” un Sistema de Educación Superior no autónomo y alternativo al existente. Este sistema se creó “con fines de proselitismo y adoctrinamiento, y totalmente ajeno a los estándares internacionales de calidad académica” según denunció el Observatorio de DDHH de la Universidad de los Andes en su informe “El sistema paralelo universitario en Venezuela 2003-2019”.
De acuerdo con dicho informe, la estructura paralela universitaria se caracteriza por los siguientes factores: a) sus autoridades no son electas por el claustro universitario, sino que son designadas por el Ministro de Educación Universitaria; b) sus profesores son, en su mayoría, contratados de manera que no tienen estabilidad en el cargo ni posibilidad de hacer carrera universitaria; c) la crítica a las políticas del gobierno puede acarrear la expulsión de estudiantes y profesores; d) ninguna de dichas universidades aparece en los rankings internacionales; e) algunas de ellas no tienen sede propia, o no poseen ni siquiera sede; f) ninguna de las universidades del sistema paralelo ha dado pasos hacia la autonomía.
La investigación “Asfixia, control y estafa chavista en la educación superior venezolana”, elaborado por la Plataforma periodística para las Américas CONNECTAS y el medio digital El Pitazo, explica cómo, mientras se asfixiaba presupuestariamente a las universidades autónomas venezolanas, el régimen “ha desembolsado más de 40.000 millones de dólares para financiar un sistema de educación superior paralelo que está enfocado, más que en la excelencia académica, en ideologizar y hacer militancia política”.
Deserción estudiantil en ambos sistemas universitarios
Las notorias deficiencias del sistema universitario paralelo, el ataque sistemático a las tradicionales y prestigiosas universidades autónomas, y la crisis humanitaria que vive el país, han ocasionado una drástica reducción de la matricula estudiantil universitaria. Entre el 2014 y el 2020, la educación universitaria en Venezuela registró “una caída estrepitosa de la cobertura real de este nivel, perdiendo casi la mitad de la cobertura respecto a su pico más alto (48%), registrado en el año 2016. Para fines de 2019, apenas 775.000 de los 3.136.000 mil jóvenes entre 18 y 24 años estaban asistiendo a la universidad (25%)”, según el estudio “Cobertura educativa en Venezuela”, elaborado en el año 2020 por la politóloga Verónica Medina.
Un ejemplo ilustrativo del fenómeno de la deserción estudiantil universitaria lo constituye el caso de los estudios de Medicina en el país. “En Venezuela, desde el año 2010, se han registrado cifras alarmantes de deserción universitaria y migración forzada en los programas de postgrado de medicina en las universidades públicas del país, patrón que se ha agravado con el pasar de los años y que compromete la salud pública de los venezolanos a mediano plazo”, según señala el reciente informe “Universitarios de la Salud en Riesgo: Violaciones a la Libertad Académica y Educación de Calidad”, publicado por la ONG Aula Abierta.
Las graves distorsiones conceptuales del modelo educativo chavista han conducido a la educación superior venezolana a una profunda crisis, que no solo impide al país acceder a las ventajas que ofrece la investigación y la innovación tecnológica, sino que, además, se está convirtiendo en un formidable obstáculo para la expansión de la instrucción básica en el país. Como bien advertía el sabio venezolano Andrés Bello, en un ya lejano año 1843, “la generalización de la enseñanza requiere gran número de maestros competentemente instruidos (…) Los buenos maestros, los buenos libros, los buenos métodos, la buena dirección de la enseñanza, son necesariamente la obra de una cultura intelectual muy adelantada. La instrucción literaria y científica es la fuente de donde la instrucción elemental se nutre y se vivifica”.
(cp)
