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Una activista brasileña y un documental sobre los trágicos impactos de grandes empresas en América Latina llegan a Bruselas. El momento es importante: se prepara una directiva para que asuman responsabilidades.»Estas faldas las hacen mujeres víctimas de las empresas mineras en Brasil. En cada imagen bordan a sus muertos, sus dolores, sus sueños”, cuenta a DW Carolina do Moura Campos, coordinadora general de la Asociación de la comunidad de Jangada. Esta comunidad fue directamente afectada por la ruptura de la represa de Brumadinho, en Minas Gérais (Brasil). La presa de aguas residuales y tóxicos se rompió, el 25 de enero de 2019, acabando ipso facto con al menos 250 vidas y dejando un saldo de decenas de desaparecidos.
«Como indemnización en lo que llaman la ‘zona caliente’, por donde pasó la marea», dice, refiriéndose al comedor donde estaban los empleados que fueron despedazados por la corriente, «el Ministerio de Trabajo estipuló ciertos valores, dependiendo de si los familiares que quedaban eran madre, hermano, hijo”, explica Do Moura, cuestionando el concepto de «víctima”. Los daños ambientales en la zona afectada, la polución del río Paraopeba, han dejado sin medios de subsistencia a miles y sin abastecimiento de agua a más de millón y medio de personas.
«Para nosotros es un absurdo que una empresa criminal -porque sabían que iba a ocurrir- pueda negociar con el Estado y pueda decidir cómo va a distribuir las indemnizaciones y quiénes son las víctimas”, subraya.
Documental toca heridas abiertas
El momento de la gira de la activista es importante: por un lado, acompaña el estreno del documental «La ilusión de la abundancia”, que pone el dedo en la llaga de Brumadinho -también de la mina Yanococha y del río Gualcarque- y en la responsabilidad de las empresas.
Por otro lado, da insumos prácticos al debate en las instituciones europeas sobre la «debida diligencia”, es decir, un código ético vinculante para las empresas europeas, tanto en Europa como en terceros países.
«Para nosotros es muy importante que la ‘debida diligencia’ valga para toda la cadena de valor”, afirma Do Moura. Toda la cadena de valor implica, por ejemplo, también a las instituciones financieras o las pequeñas empresas, que en el borrador de la propuesta europea estarían excluidas.
«En nuestra opinión, se debe garantizar el acceso a la justicia de las personas impactadas, para que puedan tener todas las condiciones para elevar su caso ante las cortes europeas. Una de esas condiciones es que la carga de la prueba no esté en el individuo o la comunidad afectada, sino en la empresa”, dice a DW, por su parte, Danilo Chammas, jurista del Instituto Cordillera.
En otras palabras: que no sea el afectado el que tenga que presentar pruebas de violaciones, sino que la empresa deba probar que actuó, o no, con la «debida diligencia” en cuanto al respeto de los derechos humanos yael cuidado del medio ambiente.
«Debida diligencia»: un cambio necesario
Volviendo al documental «La ilusión de la abundancia», ¿de haber estado en vigor la directiva de «debida diligencia” podrían haberse evitado casos como el de Brumadinho, el de Máxima Acuña, acosada por la mina Yanococha por no ceder su tierra, o el de Berta Cáceres, asesinada por defender el río Gualcarque?
«Aunque es difícil decir cómo pudieron haber cambiado los casos, en los tres se da una falta de escucha a las comunidades afectadas y falta de estudios ambientales mucho más fuertes para prevenir”, explica a DW Sylvia Obregón, de la Coalición Europea por la Justicia Corporativa.
«En el caso de Berta Cáceres -y en el caso de que exija de verdad debida diligencia en toda la cadena de valor-, las instituciones financieras habrían tenido que verificar los documentos que avalaban el supuesto consentimiento de la comunidad. En el caso de Máxima Acuña, las empresas compradoras podrían ejercer su debida diligencia para prevenir la violencia y el acoso”, informa Obregón.
¿Y cuando el daño ya está hecho? «El borrador actual no lo contempla, pero cuando el daño ya está hecho, una ley de debida diligencia que contuviera responsabilidad civil debería admitir demandas colectivas, como en el caso de Brumadinho, y facilitar el acceso a la justicia”, señala.
La asistencia y el financiamiento para que estas comunidades -lejanas, pero que aportan al bienestar europeo- puedan defenderse, habrían cambiado el rumbo de las tres historias. También que «terceros” -organizaciones de la sociedad civil o sindicatos- puedan asumir su defensa.
Como fuere, «la única manera de evitar que sucedan tragedias es crear reglas rígidas y sanciones fuertes para acabar con relaciones promiscuas entre empresas, auditoras y Estado”, afirma Do Moura, que acompaña el 25 de cada mes la manifestación de los familiares y a las tejedoras en Brumadinho.
(cp)
