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«Todo mando militar o policial en su jurisdicción debe velar por neutralizar al máximo la comisión de masacres y muertes de lideres sociales», dijo el presidente colombiano, alertando que afectará a su hoja de servicio.El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó este sábado (13.08.2022), un día después de haber renovado la cúpula militar y policial, que los mandos de estos cuerpos impidan al máximo que se cometan masacres y se asesine a líderes sociales, pues tales actos afectarán su hoja de servicios.
Un día después de hacer un llamado a tener una fuerza pública alejada de la corrupción y que trabaje por los derechos humanos y la paz, el presidente puntualizó que a partir de ahora «todo mando militar o policial en su jurisdicción debe velar por neutralizar al máximo la comisión de masacres y muerte de líderes sociales». Colombia se encuentra sumida en un recrudecimiento de la violencia fruto del enfrentamiento entre grupos armados ilegales que ha afectado especialmente a la población civil de las regiones más apartadas.
Este mismo sábado, el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz) denunció la masacre número 62 cometida en lo que va de año en Colombia, que tuvo lugar en el departamento de La Guajira (norte), donde fueron asesinados tres hombres. Las víctimas, de las que por el momento se desconoce su identidad, fueron atacadas por personas «fuertemente armadas».
Indepaz también informó este sábado sobre el asesinato de Diomedes Bermúdez Aguirre, un firmante del acuerdo de paz con las FARC que se encontraba en proceso de reincorpoación en el departamento del Tolima (centro-sur). Bermúdez fue atacado por hombres armados cuando se desplazaba entre los municipios de Rovira y Roncesvalles y es el primer desmovilizado asesinado desde que Petro asumió la Presidencia, el pasado 7 de agosto.
En lo que va de 2022, han sido asesinados en Colombia 32 firmantes de paz, una cifra que escala hasta los 338 desde 2016, cuando se alcanzó el acuerdo con las FARC. En los últimos meses también se han revivido algunos de los episodios más oscuros del país con la denuncia de dos casos en los que el Ejército y la Policía han sido acusados de presuntamente estar detrás de «falsos positivos», como se le llama a las ejecuciones de civiles.
En este contexto, el mandatario colombiano, que ya anunció en su investidura su deseo de terminar con la violencia en Colombia, hizo el viernes un llamado a fomentar una fuerza pública centrada en «la política de seguridad humana (…) para garantizar paz, la disminución de la violencia, de la criminalidad, garantizar el incremento sustancial del respeto a los derechos humanos y a las libertades ciudadanas, como en toda democracia debe ser». «Cero corrupción y cero violaciones a los derechos humanos» serán, por tanto, los preceptos que regirán a las Fuerzas Militares y a la Policía en los próximos cuatro años, afirmó el mandatario.
lgc (efe/tw)
