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La aprobación del acuerdo medioambiental latinoamericano por el Senado colombiano es una gran esperanza para los activistas, pero todavía tiene que ser ratificado por el presidente electo, Gustavo Petro.El Senado de Colombia aprobó este martes (26.07.2022) la ratificación del país al Acuerdo de Escazú, el primer gran pacto ambiental de América Latina y El Caribe, que a pesar de haber sido firmado por 25 países, solo 13 lo han ratificado hasta el momento. Pero, ¿qué evidencia este primer paso y por qué es tan importante este acuerdo?
Para la politóloga colombiana Viviana García, esta es una muestra concreta del cambio de las fuerzas políticas en el Congreso y las prioridades legislativas. «La ratificación del acuerdo fue parte de las promesas de campaña, y la prioridad dada ahora va en línea con el programa de gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, en el que los temas relacionados con el cuidado del medio ambiente y el cambio climático tienen particular relevancia”, explica a DW.
Escazú ha sido el primer debate del nuevo periodo legislativo colombiano, que arrancó el pasado 20 de julio, y se ha aprobado después de que su discusión se aplazara en varias oportunidades durante la legislatura anterior. A pesar de que Iván Duque mostró su apoyo al acuerdo, y de la insistencia de las organizaciones ambientalistas, la entonces bancada oficialista se opuso siempre a ratificar el mecanismo.
De especial importancia para Colombia
Para ratificarse, el acuerdo ambiental en Colombia deberá pasar por una comisión de la Cámara de Representantes y luego ser firmado por el nuevo mandatario, Gustavo Petro, que asumirá el 7 de agosto. Pero su ratificación completa podría ser, a más tardar, en septiembre, según Daniel Llanos, politólogo experto en temas medioambientales de la Universidad Libre de Berlín.
La implementación del pacto sería de especial importancia para Colombia, que es uno de los países más peligrosos para activistas medioambientales. «Colombia tiene déficits muy grandes en materia de violaciones de derechos humanos y de justicia ambiental. Este acuerdo ofrece mecanismos de seguridad para los defensores ambientales y para que las autoridades se ven obligadas a defender a estos activistas”, dijo Llanos en entrevista con DW.
En concreto, el Acuerdo de Escazú establece una mayor participación ciudadana en la evaluación ambiental de los emprendimientos empresariales y prevé mecanismos más transparentes en el acceso a la información vinculada a proyectos que podrían ser contaminantes. Asimismo, el pacto incluye normas que garantizan el acceso a instancias judiciales y administrativas para apelar decisiones de organismos públicos que puedan dañar el medioambiente.
«Vistos en conjunto, el acuerdo apunta a generar mayor democracia en materia ambiental. Un elemento clave para poder abordar los conflictos socioambientales”, asegura la experta García.
¿Por qué demora tanto la ratificación en el resto de países?
Pese a que, desde 2018, unos 25 países han firmado el tratado, solo la mitad lo ha ratificado (Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay). En ese sentido, el politólogo Llanos recuerda que mientras «los firmantes del pacto son países que están de acuerdo con lo que se ha planteado, los que lo han ratificado están obligados a cumplirlo”.
El proceso de ratificación en la región puede parecer lento, pero Llanos aclara que esto se puede ver desde dos perspectivas: «Si se mira desde el punto de vista de la urgencia que conlleva la degradación ambiental, es muy lento. Si lo comparamos con otros procesos de ratificación de acuerdos entre naciones, no lo es. Estos tratados pueden tardar muchos años en implementarse”.
Por su parte, Viviana García recuerda la urgencia de la implementación de estos tratados en América Latina, porque «es una de las regiones con mayores conflictos socioambientales: de los 20 países con mayores índices de violencia contra ambientalistas, siete están en la región”.
(cp)
