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El elevado costo de los combustibles en América Latina ha hecho que transportistas y productores de alimentos salgan a exigir a sus respectivos gobiernos precios justos para no apagar los motores de la productividad.Mientras en Ecuador el Gobierno de Guillermo Lasso y el movimiento indígena llegaron a un acuerdo para poner fin a las protestas por el alto precio de los combustibles y del costo de vida, en Perú, los gremios de transportistas han anunciado un paro general indefinido ante la falta de solución a su pliego de reclamos.
Tras más de dos semanas de protestas, que han dejado seis fallecidos y unos 500 heridos, Ecuador se ha comprometido a derogar el estado de excepción y bajar 15 centavos en total al precio de los combustibles subsidiados, entre otras medidas. Como en muchos otros lugares del mundo, el precio de la gasolina y, en consecuencia, de los alimentos, en América Latina, ha aumentado desde 2020, impulsado principalmente por la pandemia del coronavirus y la guerra en Ucrania.
Perú, por ejemplo, paga la gasolina más cara de la región, según un estudio de la compañía estadounidense de asesoría financiera Bloomberg: en el país andino se pagan hasta 6,2 dólares por galón de gasolina, seguido de Brasil (5,8 dólares), Chile (5,4 dólares), Paraguay (5,3 dólares), México (4,6 dólares), Argentina (3,7 dólares), Ecuador (2,6 dólares), Colombia (2,3 dólares) y Bolivia (2,1 dólares).
¿Por qué hay distintos precios?
En dicho informe, Bloomberg resalta que las gasolinas más baratas de la región están en aquellos países que cuentan con subsidios a los combustibles. Bolivia, Colombia y Ecuador, por ejemplo, cuentan con un sistema de bandas para la fijación de precios. En Perú, la no inclusión hasta el momento del Gasohol 97, Gasohol 95 y Gasohol 90 en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) provoca que no se cumpla con el objetivo de mitigar el impacto de los precios internacionales.
«En general, ha habido una respuesta muy lenta de los gobiernos frente a un problema que venía creciendo desde hace meses. Priorizan la caja fiscal ante los problemas sociales y hay una creencia extraña de que la gente va a aguantar”, explica a DW el economista y analista político David Rivera. Eso, según el experto, «es ingenuo, pero además, en un contexto tan concreto, que afecta directamente a la gente, como es el precio de combustibles y alimentos, es como una negación de la realidad”.
También en Argentina, la escasez de gasóleo se agrava desde hace semanas, lo que ha derivado en protestas de transportistas. Esta semana, un chofer de camión se convirtió en la primera víctima mortal tras recibir el impacto de una piedra. Las autoridades detuvieron a tres sospechosos de atentar contra el transportista, quien habría intentado superar un corte de carretera. Ahora, los principales grupos agrícolas del país se han sumado al reclamo y han convocado a una huelga para el 13 de julio de 2022.
Medidas en otros países
Pese a que en Centroamérica el malestar que aqueja a otros países de la región por el alto costo de los combustibles parece estar todavía controlado, algunos gobiernos han empezado a tomar medidas. Uno de estos fue Panamá, que congeló en junio temporalmente el precio del combustible en 3,95 dólares el galón.
También en El Salvador, la Asamblea Legislativa, controlada por el presidente Nayib Bukele, ha congelado los precios de los combustibles hasta finales de agosto, con el objetivo de amortiguar las alzas. En tanto, en Honduras, numerosos sectores han exigido la reducción del costo de los combustibles. Una de las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de Xiomara Castro ha sido la congelación durante cuatro semanas del precio de la gasolina regular y del diésel, para así aliviar el impacto derivado de la crisis internacional.
En Costa Rica no ha habido protestas masivas por el alto costo de vida, pero el precio de los combustibles alcanzó máximos históricos de unos 1,5 dólares por litro de gasolina. Sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves se ha negado a tomar medidas para bajar el impuesto a los combustibles, argumentando que no quiere crear un hueco en las finanzas estatales.
Para el economista Rivera, la solución era entregarle directamente a la gente un bono para compensar el aumento tarifario de la energía y los alimentos, como ha ocurrido en otros países del mundo. O, quizá, optar por una reducción de impuestos a la vez. «Pero los ministerios de Economía, en general, nunca miden el impacto social ni el político”, lamenta. Y agrega: «Lo único que genera todo esto es una mayor desazón con la democracia, la economía de mercado y el sistema político. Por tanto, siempre impulsará una mayor disposición para buscar salidas radicales en el futuro”.
(ms)
