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Con la ampliación, quedan suspendidos hasta finales de mayo, entre otros, los derechos a la asociación y reunión y a la defensa en caso de captura.El Parlamento de El Salvador avaló este domingo (24.04.2022) la ampliación por un mes más del régimen de excepción motivado por una ola de asesinatos que las autoridades dicen haber controlado y sin atender a los llamados internacionales sobre supuestos abusos de la medida.
Con los votos del oficialismo, la Asamblea Legislativa amplió los poderes especiales al Gobierno de Nayib Bukele, que casi tres años después de su llegada al poder emprendió lo que llama una «guerra contra las pandillas».
En las últimas semanas y bajo este régimen de excepción, las autoridades dan cuenta de las capturas de más de 16.000 supuestos pandilleros y personas afines. De estos, 14.000 se encuentran recluidos en prisiones y el resto en los calabozos de la Policía, mientras que a unos 6.000 detenidos se les ha decretado prisión preventiva por el órgano Judicial, según datos oficiales.
Con esta ampliación, quedarán suspendidos hasta finales de mayo los derechos a la asociación y reunión, a la defensa en caso de detención y la detención administrativa pasa de un plazo máximo de 3 días a 15 días. También, se suspende la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones sin orden judicial.
El Gobierno de Bukele señaló en la solicitud de ampliación que, pese a haber controlado la ola de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días a finales de marzo, era necesario ampliar la suspensión de derechos constitucionales. El Ejecutivo argumentó que la «ola criminal» se mantiene «a pesar de las capturas y la disminución de homicidios». Además, dijo que «las medidas extraordinarias han tenido un exitoso resultado» y su suspensión «propiciaría un retroceso en los avances alcanzados», de acuerdo con el documento recibido por el pleno legislativo, de amplia mayoría oficialista.
Así, el régimen de excepción fue ampliado sin que congresistas hayan pedido al Ejecutivo un informe detallado de sus resultados y sin aplicar medidas para atender las denuncias de abusos.
El diputado oficialista Numan Salgado, sin aportar ninguna prueba, acusó a la oposición de que «ya hizo sus números» con «280.000 votos para las próximas elecciones» y agregó que «con eso pueden elegir diputados, alcaldes» y «a eso le apuesta la oposición, a buscar esos 280.000 votos de sangre». Posteriormente, Bukele reaccionó en Twitter: «Si queremos que nuestro país salga algún día del hoyo en que lo dejaron, la población honrada debe hacer un solo frente contra la oposición y sus votos de sangre».
Por su parte, la diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, criticó a los funcionarios de la Administración Bukele por no dar cuentas de las denuncias de atropellos y de la muerte de al menos cuatro personas bajo custodia de las autoridades. «Ningún funcionario o medio oficialista se ha pronunciado» por las «víctimas del régimen de excepción», declaró Ortiz.
Hasta antes de la ola de asesinatos de finales de marzo, el Gobierno de Bukele decía que mantenía el control y le atribuía la caída de los asesinatos -que venían bajando desde 2016- al gubernamental Plan Control Territorial.
ama (efe, afp, reuters, teleprensa, el faro, noticiero El Salvador)
