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La APES dijo que las reformas son «ambiguas» y que recae en «jueces que responden al oficialismo el determinar si lo que publicamos viola alguna ley o no».La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la organización Cristosal acudieron este martes (19.04.2022) a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para tratar de revertir un paquete de reformas que a su juicio «criminaliza» a la prensa por informar sobre las pandillas, esto como último recurso antes de presentarse a instancias internacionales.
«Es muy importante sentar este precedente. Nuestras expectativas son limitadas, dado que se trata de una Sala de lo Constitucional espuria» y «tenemos que agotar las instancias nacionales antes de proceder a otro tipo de instancias internacionales», dijo en rueda de prensa el presidente de la APES, César Castro Fagoaga.
Ambas organizaciones cuestionan a la actual Sala de lo Constitucional de la CSJ dado que argumentan que fue nombrada irregularmente en mayo de 2021 y en ella se encuentran exabogados de altos funcionarios y exasesores del Gobierno de Nayib Bukele. Sin embargo, Castro Fagoaga indicó que es momento para que «los magistrados impuestos escojan de qué lado quieren estar».
«Es una buena oportunidad, pese a estar arrodillados a Casa Presidencial, de revelarse y de trabajar apegados a la Constitución», apuntó el periodista. Agregó que estas reformas a la Ley de Proscripción de Pandillas y al Código Penal -que penan hasta con 15 años de prisión «cualquier manifestación» que aluda al «control» de las denominadas maras- están generado dudas en el gremio sobre lo que se puede o no publicar respecto al crimen organizado.
Castro Fagoaga señaló que la redacción de las enmiendas es «ambigua» y que las declaraciones de congresistas del oficialismo indican que «lo que quieren hacer es criminalizar a los que estamos informando».
El representante de la APES afirmó que «todas las semanas» son atacados periodistas por funcionarios y «se dedican a injuriar, a insultar» y agregó que «tampoco es un secreto que hay periodistas que ya han salido del país (…) y es triste que periodistas, por las amenazas, tengan que salir del país», dijo al explicar que hay al menos cuatro personas del gremio periodístico que han optado por dicha medida.
El periodista recalcó que se desconoce el alcance de las reformas porque «no es un tema legal, es un tema político», dado que recae en «jueces que responden al oficialismo el determinar si lo que publicamos viola alguna ley o no».
Por su parte, Ruth López, jefa del área Jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal, declaró que los «motivos de fondo» para pedir la inconstitucionalidad son que «están promoviendo una limitación absoluta del ejercicio periodístico» y el derecho de la ciudadanía de estar «debidamente informada», además de utilizar «términos jurídicos indeterminados». La abogada explicó que la reforma -que el gremio periodístico ha catalogado como «mordaza»- viola la Constitución al ser una «censura previa», prohibida en la Carta Magna.
«De ninguna manera venimos a proteger a grupos delincuenciales, sino que el derecho de todo ciudadano a estar debidamente informado y que el ejercicio periodístico sea realizado de una manera libre», aseguró López. En la demanda se solicitó a los magistrados constitucionalistas la medida cautelar de suspender los efectos de la reforma mientras se emite un fallo.
ama (efe, afp, focos)
