El auge de la violencia como telón de fondo electoral en Colombia

La violencia resurge con fuerza en Colombia a pocas semanas de unas elecciones muy polarizadas. ¿Cuáles son los motivos y quiénes se benefician con ello?Tres soldados muertos tras un ataque con explosivos contra un vehículo militar es el saldo trágico más reciente del recrudecimiento de la violencia en Colombia. El atentado, que se atribuyeron disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ocurrió el fin de semana (9.4.2022) en el municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, a solo siete semanas de los comicios presidenciales.

El hecho, sin embargo, no es solo el reflejo de lo que se vive desde hace meses en territorios alejados del país. La ola de violencia también se deja sentir en las calles de la capital, Bogotá, donde hace apenas dos semanas dos niños murieron y más de 30 personas resultaron heridas tras la detonación de una carga explosiva oculta dentro de una maleta en una estación policial.

En respuesta a ello, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció un paquete de medidas, entre las cuales se prohibirá la movilidad nocturna de motocicletas con acompañantes de jueves a sábado, para mitigar así los riesgos de asaltos y ataques que se realizan con este tipo de vehículo.

Los principales factores

Según Angélika Rettberg, politóloga de la Universidad de los Andes e investigadora del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA), uno de los principales factores del auge actual de la violencia en Colombia está relacionado con el narcotráfico, los cultivos ilícitos y las actividades que organizaciones criminales llevan a cabo para hacerse del control territorial. “Ese es un factor que se agravó por los vacíos que dejó la salida de las FARC de algunos territorios y por la llegada de otras organizaciones al país, como cárteles mexicanos que operan en zonas del Cauca”, explica Rettberg a DW.

Asimismo, agrega la experta colombiana, existe una compleja situación en las fronteras del país, tanto en el sur como en el norte, donde no solamente hay contrabando y narcotráfico, sino también un problema de gobernanza local que contribuye a la inseguridad de la zona. Y un tercer factor tendría que ver con las polarizadas elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. Entre los ocho candidatos, los que más repuntan son el izquierdista Gustavo Petro y el derechista Federico Gutiérrez.

“Los disidentes de las FARC o el ELN, por ejemplo, son grupos que están tratando de llamar la atención, recordándonos que están activos y que quieren ser tomados en cuenta”, sostiene Rettberg. En este punto, cabe recordar que con la entrega de sus armas a la ONU en 2017, las FARC pusieron fin a medio siglo de una cruenta lucha por el poder en Colombia. Pero, tras su salida del conflicto, grupos disidentes quedaron activos. En total, el Instituto de Estudios Independientes (Indepaz) estima que dichos grupos suman unos 5.000 combatientes.

Para el politólogo Saruy Tolosa, coordinador en Bogotá de la fundación alemana Friedrich Ebert (FES), cercana al partido socialdemócrata alemán SPD, la escalada de la violencia muestra también las deficiencias en políticas de seguridad del Gobierno del conservador Iván Duque. “La política de seguridad ha sido un fracaso. Durante este periodo hemos visto un aumento de masacres, de violencia contra la población civil, de asesinatos a líderes sociales en territorios que fueron incluidos en el Acuerdo de Paz para que reciban no solo apoyo militar, sino también de carácter social, con escuelas, jueces y centros de salud”, comenta en entrevista con DW.

Las FARC no son el ELN

Solo en lo que va de 2022, Indepaz ha registrado 32 masacres en Colombia, que han dejado unas 117 víctimas hasta la fecha. Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) contabilizó en el país 218 víctimas de artefactos explosivos en el primer trimestre del año, de las cuales nueve murieron, lo que representa un 40 por ciento más frente al mismo periodo de 2021. Asimismo, la organización destacó en su último informe la existencia de seis conflictos activos entre el Estado y grupos armados ilegales como el ELN, las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo.

“Sigue haciendo falta un mejor trabajo de inteligencia para comprender cuáles son las lógicas locales y regionales de la violencia. Uno de los grandes errores es creer que el mismo modelo que sirvió para negociar y desactivar a las FARC sirve también para ELN”, critica la politóloga Rettberg. Con el ELN se tiene que negociar de forma distinta, según la experta, porque es una guerrilla “altamente mimetizada con la sociedad”, que intenta ser muy cercana a las organizaciones de la sociedad civil: “A través de la sociedad se va a lograr convencer al ELN de que deponga las armas”, cree Rettberg.

Si se quiere abordar el problema de la violencia en el contexto de las elecciones, lo más urgente ahora, según el experto Tolosa, “es tratar de generar las circunstancias de seguridad más proclives para que la gente pueda participar de un proceso democrático, sin presión de estos grupos criminales”. Luego, la tarea más urgente del próximo mandatario sería repensar la política de seguridad.

Sin embargo, el incremento de la inseguridad beneficiaría más a un cierto sector político en medio de las elecciones. “Lamentablemente, como siempre ha ocurrido, la derecha se beneficia más, porque puede apelar a la idea de que se necesita mano dura”, afirma Rettberg. En cambio, advierte, quien proponga concertación o negociación va a ser considerado blando para una sociedad como la colombiana, “que ha vivido muy arropada por la violencia durante décadas y es ideológicamente más de derecha que de izquierda”.

Duque en la ONU

Con el repunte de la violencia de fondo, Duque realiza el martes (12.4.2022) una intervención ante el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para informar sobre el estado del proceso de paz a casi seis años del acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC. Sobre si hay más éxitos que fracasos para mostrar, la politóloga Rettberg se muestra optimista.

“En primer lugar, se logró desmovilizar a la guerrilla más grande de América Latina y convertirla en partido político. Además, está en marcha un aparato de justicia transicional que ha arrojado más justicia que la justicia ordinaria”, resalta Rettberg. Gracias a ese modelo existe actualmente más información sobre secuestros, violencia sexual, reclutamiento de menores y otros delitos ocurridos durante el conflicto. “Esas revelaciones están llevando ahora a asumir responsabilidades importantes”, apunta la experta colombiana.

Por otro lado, se habrían hecho inversiones sociales, pero de forma más lenta, en zonas pobres, violentas y con más cultivos ilícitos, donde los grupos armados históricamente han reclutado más personas. “Esa reforma rural sigue siendo el gran asunto pendiente ahora”, señala Rettberg y recuerda, al mismo tiempo, que la implementación del Acuerdo de Paz fue planeada para 15 años. “Se ha avanzado, pero todavía hay tiempo para avanzar mucho más”, asegura .

(ms)