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Según el informe anual del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, poblaciones enteras están siendo sacudidas por el recrudecimiento de la violencia entre múltiples actores armados.La situación está dejando las peores cifras de violencia desde el proceso de pazcon las FARC en 2016. Las víctimas de artefactos explosivos que incluyen minas antipersonales han aumentado 9 veces desde 2017. Esto se traduce en casi 500 víctimas el año pasado, respecto a las 57 registradas hace cinco años, según el CICR.
«Las comunidades son las que más sufren”,dice el jefe de la delegación del CICR, Lorenzo Caraffi, durante la presentación del informe. Los grupos han dejado en medio del fuego cruzado a campesinos, así como a comunidades negras e indígenas, que se han visto obligadas a desplazamientos masivos y confinamientos.
Aparte de las heridas físicas que dejan los artefactos explosivos, no se pueden medir las consecuencias para la salud mental de las comunidades, cuyos días transcurren en un peligro latente. La mayoría de las víctimas son civiles, asevera Caraffi.
Reconfiguración del conflicto armado
Según el CICR, Colombia hoy tiene seis conflictos armados (ver recuadro). Esto agudiza y complica la situación humanitaria, especialmente en regiones cerca al Pacífico colombiano como Nariño, Chocó, Cauca o cerca a Venezuela como sucede en Norte de Santander, entre otras regiones.
En estas zonas hay rentas ilegales, en las que se incluye la producción de cocaína, por ende la pelea por los negocios es más fuerte en esas regiones, dice Leonardo González Perafán, Coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ.
Décadas atrás, el Estado colombiano se enfrentaba a dos o tres grupos armados que dominaban casi todo el país. Hoy, tras el desarme de las FARC, hay múltiples grupos criminales peleándose por las economías ilícitas.
«Cuando había un número más limitado de actores armados a nivel territorial, era más fácil para las comunidades manejar la situación”, asegura Caraffi, quien enfatizó, además, que las comunidades que no participan en el conflicto ven pasar varios actores armados, y así es muy difícil para ellos identificarlos, alejarse y vivir una vida normal.
Conflictividad por territorios
Para González Perafán, de INDEPAZ, el recrudecimiento de la violencia es dramático. A diferencia de los seis conflictos entre actores armados que identifica el CICR, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, clasifica la conflictividad por territorios.
Las alianzas o disputas entre grupos armados se da según los diversos intereses económicos que haya en juego en cada territorio, explica González. «La gran mayoría de los grupos armados prestan servicios de seguridad al narcotráfico y a las rentas que genera la guerra”, concluye para DW.
Desplazamiento en aumento
El conflicto armado en 2021 dejó más de 52 mil personas desplazadas masivamente, es decir, en grupos de más de 10 personas, y casi 78 mil personas de manera individual. La gente huye del fuego cruzado, de las amenazas, del reclutamiento forzado, de la violencia sexual y de los tratos denigrantes, recalca el informe anual del CICR en Colombia. Asímismo, el Comité Internacional menciona a la población migrante, quienes también sufren las consecuencias de los conflictos armados y la violencia.
Por eso, el CICR hace un llamado urgente a los congresistas y al próximo gobierno que se posesione en agosto de 2022 en Colombia, para que atienda, escuche, haga presencia territorial y destine los recursos económicos necesarios para brindarle a las poblaciones y a las víctimas una atención integral.
«Miren lo que está acontenciendo, miren el agravamiento de la situación, la profundización de las consecuencias y, por favor, asegúrense de que la población sea protegida y asistida”, enfatiza el jefe de la delegación del CICR, Lorenzo Caraffi en Bogotá. (ms)
