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La violencia estructural de Colombia se intensifica, en la antesala de las presidenciales y tras un 2021 sangriento. En ese contexto, Iván Duque sancionó una Ley de Seguridad Nacional, que ha suscitado muchas críticas.El 2021 volvió a ser un año de violencia en Colombia. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), hubo 96 masacres, y fueron asesinados 171 líderes sociales y 48 firmantes del Acuerdo de Paz. El propio ministerio de Defensa cifró en 12.787 los homicidios en el país hasta el mes de noviembre, la cifra más elevada desde 2014.
Además, la Policía colombiana fue señalada por la ONU como responsable de al menos 28 muertes de las 46 reportadas durante las protestas ciudadanas entre el 28 de abril y el 31 de julio de 2021, en las que también murieron dos policías. Casi un tercio de estas muertes serían responsabilidad del polémico Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD). Cinco años después de la firma del acuerdo con las FARC, la violencia ha cobrado nuevas formas, pero sigue muy presente en las vidas de los colombianos.
«Un problema estructural»
El escenario de la violencia colombiana es complejo y heterogéneo. Para Kristina Birke Daniels, directora de la oficina en Colombia de la Fundación Friedrich Ebert (FES), cercana al partido socialdemócrata alemán SPD, se trata de un «problema estructural», en el que observa tres dinámicas instaladas:
«En primer lugar, conflictos del post-acuerdo y de la falta de implementación del Acuerdo de Paz en algunas regiones, en las que compiten varios actores armados y criminales por el poder. En segundo lugar, las represiones a la protesta social, mayoritariamente pacífica. Y, por último, las violencias políticas, como reacción al posible éxito de líderes sociales en sus aspiraciones a cargos de elección popular. Los amenazan y asesinan porque apoyan una transformación democrática y pacífica de Colombia, que puede molestar a los múltiples autoritarismos locales», explica a DW.
Control del territorio y rutas del narcotráfico
2022 también se ha iniciado de forma sangrienta en Colombia. En el departamento de Arauca, la tensión entre el ELN y los frentes Décimo y Veintiocho de las extintas FARC ha escalado brutalmente y ya hay al menos 34 muertos desde comienzos de año.
«Ahí hay una disputa territorial, particularmente por las economías ilegales, que son muchas en Colombia, pero principalmente el narcotráfico y la minería», dice a DW Rosembert Ariza, experto en Sociología Jurídica de la Universidad Nacional de Colombia.
Ariza subraya además que, en contextos locales, se ha creado una suerte de alianza «entre carteles de la droga, políticos y grupos armados locales, residuales o no». Esa disputa territorial «mata concejales, mata candidatos que no tienen el visto bueno de las alianzas entre políticos, grupos armados, carteles, etcétera», señala.
Por otro lado, arrecian los ataques del ELN contra diversos objetivos, como los tres registrados el 27 de enero de 2022 contra bases militares en Cesar y Norte de Santander, con un balance de un soldado muerto y 22 heridos.
«Eso tiene que ver con su estrategia político militar. En su guerra contra la explotación de los recursos naturales, como el petróleo, vuelan oleoductos, y ahora se concentran en los ataques militares. En el marco de las próximas elecciones, actúan así para tener protagonismo político, para poner a discutir a los candidatos sobre sus propuestas de paz y de negociación con el ELN», opina Ariza.
Las elecciones, una palanca que impulsa la violencia
La violencia deja de ser una realidad local o regional con la que los colombianos están tristemente familiarizados y pasa a convertirse en noticia de impacto nacional y herramienta política en la antesala de los comicios presidenciales del 29 de mayo.
«Lamentablemente, es una situación que ya hemos visto antes. Grupos armados como el ELN, disidencias de las FARC, Clan del Golfo y otros intentan fortalecer sus posiciones antes de las elecciones, y cometen ataques contra la fuerza pública, representantes del Estado y la sociedad civil independiente que se opone a su control», dice a DW Stefan Reith, de la oficina en Colombia de la Fundación Konrad Adenauer (KAS), cercana al partido democristiano alemán CDU.
«La marca de la violencia se acentúa en el período preelectoral», coincide Rosembert Ariza. «Los ataques se intensifican por protagonismo, por ver quién mantiene los controles político-territoriales, y se incrementan los ataques directos a la participación. Al acercarse el período electoral, va a haber muchos asesinatos de políticos relacionados con esas disputas microterritoriales», advierte el experto.
«Otro factor es el aumento de las operaciones por parte de la fuerza pública contra los grupos armados, para demostrar presencia y resultados exitosos de la política de seguridad del Gobierno», señala, por su parte, Stefan Reith, de la KAS. «Los actores criminales responden con ataques y atentados para demostrar su poder y la debilidad del Estado. La que más sufre es la población civil en estos territorios», insiste Reith.
Polémica Ley de Seguridad Nacional
En este contexto de intensificación de la violencia, el presidente colombiano, Iván Duque, sancionó el martes (25.1.2022) la Ley de Seguridad Ciudadana. Presentada por el Ejecutivo como «un triunfo de la legalidad» y un «logro para los colombianos», la oposición la critica como como una iniciativa que «criminaliza la protesta» y da vía libre a la autodefensa con armas privadas.
Stefan Reith no ve elementos en la ley que criminalicen la movilización pacífica. Y en esta última palabra está la clave: «Si una protesta es, o se vuelve violenta, sí, se endurecen las penas. Como siempre, hay que ver la implementación y el uso de la ley», advierte el director de la oficina en Colombia de la Fundación Konrad Adenauer.
Por otro lado, «la ley aumenta drásticamente las penas contra asesinos de integrantes de la fuerza pública, periodistas, menores de edad y líderes sociales», apunta Reith.
«Medida cortoplacista, de populismo punitivo»
También endurece penas por atentar contra la infraestructura pública o portar armas blancas en un evento masivo. Una señal de mano dura, tras un año marcado por las protestas contra el Gobierno de Duque y ante unas presidenciales en las que, tradicionalmente, el tema de la seguridad ha jugado una carta importante, advierten los expertos.
Kristina Birke Daniels, de la Fundación Friedrich Ebert, opina que se trata de «una señal equivocada en un momento crucial», además de una medida «cortoplacista, de populismo punitivo, que con mucha probabilidad aumentará las inseguridades y las violaciones de derechos humanos, al estar solo centrada en aumentar penas y en el uso excesivo del derecho penal para solucionar los problemas de seguridad».
En ese sentido insiste también el profesor de la Universidad Nacional Rosembert Ariza, quien considera, además, que la Corte Constitucional declarará inconstitucionales muchos de los artículos de esta recién sancionada Ley de Seguridad Nacional, «porque son violatorios de los derechos humanos».
(rml)
