Diáspora de El Salvador: “Nos utilizan como propaganda”

Según analistas, la propuesta Ley de Agentes Extranjeros de El Salvador no contempla sanciones a la diáspora que envíe donaciones para protestas antigubernamentales, pero sí buscaría limitar su participación política.El Salvador se encuentra estudiando la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros (LAE) para -según la página web del Congreso- «generar trasparencia, fortalecer la institución del Estado y combatir de manera frontal la corrupción”. La ley de 17 artículos buscaría «que los ciudadanos conozcan la influencia de estas personas (extranjeras) en la opinión pública, así como preservar la estabilidad social y política del país”.

El diputado oficialista Raúl Chamagua, citado el 12 de noviembre de 2021 en el portal del Parlamento, dijo que «no podemos tolerar que vengan actores internacionales o externos a querer frenar los avances que nuestro país tiene”. Asimismo, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, afirmó -según la misma fuente, el 16 de noviembre de 2021- que «los salvadoreños tienen el derecho de decidir su futuro como sociedad, sin la injerencia de agentes extranjeros que quieran determinar decisiones que solo le competen al país”.

La propuesta de la LAE causó alarma en la comunidad internacional al mismo tiempo que el presidente Nayib Bukele atribuía a Washington financiar marchas organizadas para protestar contra su Gobierno.

En tales manifestaciones se ven cada vez más banderas estadounidenses que son portadas por personas identificadas como de la diáspora, ese sector de la sociedad salvadoreña que envía mensualmente remesas familiares con las que se inyecta un importante aporte a la economía nacional.

Efectos en la participación política

«La ley está diseñada para coartar cualquier forma de participación política que sea incómoda para el Gobierno, incluyendo aquella que sea apoyada por la diáspora salvadoreña. Por ejemplo: si un salvadoreño en EE.UU. donara de su dinero para financiar una pancarta para utilizar en una manifestación contraria al Gobierno, esa actividad podría hacerse encajar en alguno de los supuestos de la ley”, declaró a DW el presidente de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, José Marinero.

Por su parte, el experto en transparencia Wilson Sandoval analizó que «si la diáspora decide apoyar un partido político equis o la conformación de uno nuevo, puede limitar a quienes ejecuten los fondos en El Salvador”, mientras que en el caso de ONG «que reciben fondos de la diáspora para proyectos sociales -algo que sucede desde hace años pues destinan fondos a ONG, iglesias, comités, espacios cívicos como protestas, etc. para que ejecuten proyectos diversos – perfectamente, a discrecionalidad del director del Registro, pueden encajar en la categoría. Me parece que la intención es que se dé el primero de los puntos”.

Sandoval aclaró a DW que «acá no opera el principio de seguridad jurídica, ya que la ley es altamente arbitraria” y añadió que «en tal sentido, estamos frente a lo desconocido, en un contexto amarrado al antojo de lo que el director pueda definir”.

La frustración de una parte de la diáspora

Luis Reyes es un microempresario salvadoreño radicado en Washington D.C. Según él, «hay un riesgo inminente de que quienes apoyamos a diferentes organizaciones de la sociedad civil de nuestro país seamos estigmatizados por esa ley, la cual no hace distinción entre las ONG que realizan ayuda directa a las comunidades y aquellas que destinan sus esfuerzos al activismo político”.

«Existimos muchos salvadoreños apoyando la construcción de partidos políticos nuevos, sin el historial de corrupción de los partidos tradicionales. También, existimos muchos salvadoreños apoyando el trabajo de las ONG, sobre todo de las que velan por los derechos humanos”, argumentó Reyes, en conversación con DW. Y el oficialismo salvadoreño lo sabe; por eso desarrolla una serie de propuestas que beneficiarían a la diáspora, como garantizar el voto en el exterior.

Sin embargo, Reyes es escéptico porque «no se puede estar penalizando el apoyo a las ONG desde el exterior y a la vez decir que se apoya la participación política de la diáspora”.

En tanto, Marinero aseguró que «Bukele habla por un lado del abandono histórico de la diáspora, particularmente la que está en EE.UU., por los Gobiernos anteriores, pero, por el otro, lo que está haciendo no es darles la prioridad que merecen, sino dañar profundamente la relación con el país que los acoge. ¿En qué beneficia a la diáspora salvadoreña en EE.UU. que Bukele sabotee la relación con ese país? En nada”. Y agregó: «me parece que todo el interés actual de Bukele y su Gobierno con la diáspora podría reducirse estrictamente a lo electoral: confía en que le ayudarán a reelegirse y constituye una base de poder muy cómoda a la que escasamente tiene que rendirle cuentas”.

Sandoval razonó que lo que buscan con la diáspora es «que puedan votar para las próximas elecciones», con miras a «garantizar que el oficialismo mantenga el poder y no tanto a que puedan existir el cumplimiento de demandas sociales» de quienes viven en el extranjero.

«Nos ignoran, igual que nos han ignorado los Gobiernos anteriores. Solo nos utilizan como objetos de propaganda cuando en realidad no se hace ninguna gestión ante Gobiernos como el de los EE.UU. para que nos den algún beneficio migratorio”, concluyó por su parte el microempresario salvadoreño. Mientras, organizaciones civiles se organizan para una nueva marcha antigubernamental.

DW buscó la postura de la bancada oficialista de Nuevas Ideas a través de la Gerencia de Comunicaciones de la Asamblea Legislativa, pero al cierre de la nota no hubo respuesta.