La nueva ley de amnistía en Venezuela se vende como un gesto de grandeza. Un acto magnánimo. Un abrazo nacional. Pero basta escuchar a Jorge Rodríguez para entender que este “abrazo” viene con uñas. Y araña.
Y vale la pena aclararlo desde el principio: Jorge Rodríguez no es un funcionario cualquiera. Es el presidente de la Asamblea Nacional, uno de los hombres más poderosos del oficialismo, operador político de confianza del gobierno y figura clave en cualquier negociación nacional o internacional. Cuando él habla, no improvisa: transmite la línea oficial.
Y la línea oficial, al parecer, es esta:
la amnistía no es para todos, y mucho menos para quienes se atrevieron a irse y denunciar.
Rodríguez afirmó que los venezolanos que pidieron TPS o asilo político en Estados Unidos no serán incluidos en la amnistía. ¿La razón? Muchos “no son perseguidos reales”.
Qué conveniente: ahora el mismo Estado que generó la estampida migratoria pretende decidir quién huyó “de verdad” y quién lo hizo “por deporte”.
El gobierno como árbitro de la realidad… y de la ficción
Rodríguez habla como si la persecución en Venezuela fuera una leyenda urbana. Como si los informes de la ONU y la CIDH fueran novelas de ciencia ficción. Como si millones hubieran abandonado el país porque un día se levantaron aburridos y dijeron: “¿Sabes qué? Voy a inventar una dictadura para ver si me dan TPS”.
La diáspora, al parecer, tiene una imaginación peligrosísima.
Una amnistía escrita con resaltador fluorescente
El oficialismo insiste en que la amnistía será “caso por caso”. En Venezuela, eso se traduce así:
si te portaste bien, te perdonan; si hablaste demasiado, te aguantas.
Es la versión jurídica del “te lo advertí”.
Una amnistía que clasifica.
Una amnistía que señala.
Una amnistía que recuerda quién manda.
La diáspora: ese enemigo tan útil
El gobierno no puede controlar a los venezolanos que se fueron.
- No pueden chantajearlos con cajas CLAP.
- No pueden amenazarlos con perder un cargo público.
- No pueden obligarlos a marchar.
- No pueden silenciarlos.
Así que optan por lo siguiente: acusarlos de mentirosos.
Porque si logran convencer a algunos de que el exilio “exageró”, entonces pueden justificar cualquier exclusión.
Y si logran intimidar a quienes piensan regresar, mejor aún: menos voces incómodas dentro del país.
Consecuencias que no son casualidad
Las palabras de Rodríguez no son un desliz. Son un mensaje cuidadosamente empacado:
- “Si regresan, ya veremos qué hacemos con ustedes.”
- “Si piden asilo, diremos que mintieron.”
- “Si denuncian, no esperen amnistía.”
Es un recordatorio de que el perdón, en Venezuela, no es un derecho: es un privilegio otorgado por el poder… cuando le conviene.
Un país que merece algo mejor que sarcasmos oficiales
La amnistía debería ser un camino hacia la reconciliación.
Pero esta versión parece más bien un examen de lealtad.
Un filtro político.
Una advertencia disfrazada de ley.
Si esta es la amnistía que ofrece el gobierno, entonces no es una amnistía:
es un recordatorio de que, para el poder, la diáspora no es víctima: es culpable por haberse ido.