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Desde agosto, las autoridades han sacado de explotaciones ilegales a 1.500 personas, muchas de ellas inmigrantes. Los mineros se niegan a subir a la superficie.Un total de 60 cadáveres han sido subidos a la superficie desde el pasado lunes en la operación para rescatar a cientos de mineros irregulares atrapados desde hace más de dos meses bajo tierra en el noreste de Sudáfrica, en la localidad de Stilfontein, informó este miércoles (15.01.2025) la Policía sudafricana, que tiene el lugar cercado hace meses para desalojarlos.
«En el día dos de las operaciones (el martes), un total de 106 mineros ilegales vivos fueron extraídos y detenidos por minería ilegal, 51 fueron certificados como muertos», informó la portavoz policial, brigadier Athlenda Mathe. Previamente se habían recuperado los cuerpos de nueve personas en la mina de oro de Buffelsfontein, a unos 160 kilómetros de Johannesburgo y de 2,6 kilómetros de profundidad.
El dispositivo para descender al fondo de la mina estaba en pleno funcionamiento el miércoles para sacar a los «zama zamas” –»aquellos que intentan”, en lengua zulu- que siguen en el lugar. La mayoría de ellos son trabajadores llegados de países vecinos que no quieren subir a la superficie, porque serán detenidos y eventualmente deportados. Sus actividades están mal vistas tanto por las empresas mineras como por los habitantes locales, que las asocian con un aumento de la delincuencia.
No se sabe la cifra exacta
El Ministro de Policía, Senzo Mchunu, visitó el lugar el martes, pero declinó ofrecer una cifra de cuántas personas podrían seguir atrapadas. «No hay forma de que alguien venga y diga ‘sé con certeza cuántos quedan allá abajo’. Cada cifra que hemos dado es una estimación, una suposición”, apuntó. Desde agosto han sido arrestados 1.500 mineros, cuando comenzó la operación para removerlos.
Las autoridades han sido acusadas de intentar obligar a los mineros a volver a la superficie de lo que parecía ser una pequeña ciudad subterránea reduciendo los suministros de alimentos y agua que les llevaba la comunidad local, que vive de la economía informal en torno a la mina. En noviembre una corte ordenó a la policía no cortar el acceso a alimentos.
DZC (AFP, EFE)
