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El líder de la oposición política en Rusia, Alexei Navalny, está acusado de «extremismo» y otros delitos tipificados en el Código Penal ruso, enmendado en 2022. El juicio tendrá lugar en el distrito penal de la región de Vladimir, al este de Moscú, donde ya cumple una condena de nueve años por fraude y desacato al tribunal en una prisión de máxima seguridad.
El propio Navalny dijo que se enfrenta a hasta tres décadas de prisión en Rusia por los nuevos cargos. Sus socios también temen un veredicto severo. «Suponemos que el juicio terminará relativamente rápido y que Alexei será sentenciado a una pena de prisión inimaginable de alrededor de 30 años», dijo a DW la portavoz de Navalny, Kira Yarmysh.
Juzgado por primera vez por actividades políticas
Otro de sus aliados, Leonid Volkov, también dijo que era inevitable un veredicto severo, pero destacó que el nuevo caso era diferente por su carácter exclusivamente político. «Por primera vez, Navalny está siendo juzgado por su actividad política, en virtud del artículo relativo a la política», dijo en Novosti Show, el podcast en ruso de DW.
«Antes, el Kremlin trató de decir: ‘Sí, es sólo un estafador, robó todo lo que pudo, todas las donaciones, solo un ladrón’. Así que trataron de destacar esto lo más posible. El nuevo caso de Navalny es puramente político, simplemente está siendo juzgado por todas sus actividades políticas, que el Kremlin declaró retroactivamente extremistas desde 2011», explica Volkov.
«En cualquier caso, consideramos que todos los veredictos posibles son ilegales y que todo este caso es completamente inventado. Así que, por supuesto, haremos todo lo posible para que todo el mundo lo sepa, incluidas acciones de protesta», avanzó Yarmysh.
Audiencia a puertas cerradas sin periodistas
Yarmysh dijo que las autoridades rusas querían llevar a cabo el juicio de la manera más discreta posible debido a la «falta de pruebas» y habían tratado de ocultarlo al público. La audiencia preliminar se pospuso del 31 de mayo al 6 de junio y luego se cambió la ubicación del juicio, del Tribunal de la Ciudad de Moscú a la colonia penal de Vladimir.
El 5 de junio, Volkov predijo que el juicio no sería público: «El juicio será lo más opaco posible. Sólo se nos informará del veredicto. El Kremlin hará todo lo posible para garantizar que no se filtre ninguna información».
La nueva causa contra Navalny consta de 196 tomos. El político opositor está acusado de violar siete artículos del Código Penal al mismo tiempo. Los cargos incluyen la organización de un grupo extremista (su Fundación Anticorrupción fue declarada «organización extremista» el 9 de junio de 2021), llamados públicos al extremismo, la rehabilitación del nazismo y la participación de menores en actividades que amenazan la vida (llamados a mítines).
El TEDH apoya a Navalny
El día de la audiencia preliminar en Rusia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo anunció su veredicto sobre la demanda que los abogados de Navalny interpusieron en agosto de 2020 por la negativa de las autoridades rusas a investigar su envenenamiento ese mismo año. El tribunal se puso del lado del demandante y concluyó que se había violado el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Ordenó a Rusia pagar 40.000 euros en daños a Navalny, con lo que rebajó la cantidad de 300.000 euros que pedía la demanda, considerada excesiva por el tribunal.
Probablemente será imposible hacer que las autoridades rusas paguen este dinero. La Federación Rusa, que ya no forma parte del Consejo de Europa ni es parte de la Convención, no reconoce las decisiones del tribunal. Yarmysh dijo que, no obstante, la decisión era importante. «Significa que el tribunal reconoció que la vida de Alexei estaba en peligro y que la culpa es de la Federación Rusa. Por lo tanto, está claro que esta es una decisión importante puramente desde el punto de vista de la justicia y prueba que nuestros abogados tenían razón, a pesar de todas las negativas de los tribunales rusos a examinar el caso».
Además, como dijo un representante del Consejo de Europa a DW, significa que el tribunal puede considerar las denuncias presentadas por los rusos si se refieren a violaciones de los derechos de los ciudadanos rusos que tuvieron lugar antes de mediados de septiembre de 2022. Fue entonces cuando Rusia dejó de ser un parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, seis meses después de que anunciara su retirada del Consejo de Europa.
(lgc/rr)
