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La justicia peruana ha intervenido en el intento de autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, pero el mismo sistema también plantea problemas.Fue gracias al firme rechazo del Tribunal Constitucional, que calificó el intento de Pedro Castillo de disolver el Congreso y gobernar por decreto , de «golpe de Estado», la razón por la cual se pudo evitar una mayor crisis política el miércoles (07.12.2022) en Perú. También el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación reaccionaron rápido, deteniendo al expresidente.
«La reacción del sistema de Justicia fue unánime”, dice Roberto Pereira, abogado penal y constitucional peruano. «Yo creo que eso es un síntoma muy importante, que da cuenta de un consenso claro en relación con la vigencia de un sistema democrático.»
Tres pilares
Según el experto, este sistema ha sido un pilar fundamental para que el país pueda encontrar estabilidad ante las diferentes crisis políticas que ha vivido en los últimos años. El sistema judicial de Perú sigue el modelo vigente en muchos países de tradición europea continental. Se basa en tres pilares: el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial y la Fiscalía.
El Tribunal Constitucional es la última instancia en las discusiones relacionadas con la Constitución y los Derechos Humanos, y un órgano autónomo de interpretación y control de la constitucionalidad. El Poder Judicial está constituido por la Corte Suprema de Justicia, las Cortes Superiores de Justicia y los juzgados. Y, en tercer lugar, la Fiscalía se encarga de la persecución de los delitos.
El artículo 117: causa y efecto
Pero, aunque el sistema judicial ha podido contener la crisis política esta vez, también plantea problemas. Uno de ellos, según el experto Roberto Pereira, es la revisión legal del presidente, restringida por dos normas.
La primera es que el proceso de cualquier acusación contra el presidente debe ser autorizado por el Congreso. La segunda norma, sujeta al artículo 117 de la Constitución, señala que el presidente solo puede ser perseguido jurídicamente en pocos casos específicos: por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales, municipales, por disolver el Congreso, y por impedir la reunión o funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.
«Esto lleva casi a la inmunidad absoluta del presidente de la República», afirma el experto Roberto Pereira. «Hay un consenso muy grande entre los constitucionalistas y penalistas en este país de que es necesario modificar el artículo 117, ya que data de la Constitución de 1860.»
«La parte orgánica de la Constitución amerita ser revisada»
Según el abogado, este artículo tiene problemas de coherencia con la legislación penal y además es muy rígido a la hora de poder reponsabilizar al presidente. Antes del fallido autogolpe, Pedro Castillo tenía seis investigaciones abiertas en la Fiscalía y se estaba discutiendo si, ante la gravedad de esos hechos, seguía aplicando el artículo 11, o si se podría procesarlo antes de la culminación de su mandato por medio de una vacancia por incapacidad moral permanente.
Actualmente, Pedro Castillo se encuentra en una detención preliminar. Según el pronóstico de Roberto Pereira, es probable que, iniciado el proceso penal, pase a una prisión preventiva y tenga que afrontar los procesos judiciales por los diferentes cargos por los que ya estaba siendo investigado.
Mientras tanto, el abogado Pereira insiste en que, aunque el sistema jurídico funciona, la parte orgánica de la Constitución peruana que regula las relaciones entre los poderes del Estado amerita ser revisada.(ms)
