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Las pandillas mantuvieron una tregua para reducir los homicidios a cambio de beneficios del Gobierno del expresidente, según la Fiscalía de El Salvador.El expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014) afirmó este sábado (22.10.2022) en su cuenta de Twitter que la audiencia convocada para el 30 de noviembre para continuar un proceso penal en su ausencia es «ilegal».
Una corte antimafia ordenó la instalación de la audiencia preliminar en contra del expresidente, tras una reforma penal que permite juzgar a imputados ausentes, por la tregua que supuestamente impulsó su Gobierno con las pandillas entre 2012-2014.
Funes, que obtuvo la ciudadanía nicaragüense, señaló que -a su juicio- «la reforma no tiene efecto retroactivo» y «solo puede aplicarse en nuevos casos que se abran después de aprobada».
«La audiencia preliminar convocada para el 30 de noviembre es por ende ilegal y tanto el fiscal como el juez conocen ese principio», indicó Funes, que gobernó bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Indicó que los funcionarios «podrían incurrir en el delito de prevaricato o aplicación de una medida contraria a la ley» y que «la reforma penal aprobada y aplicada ilegalmente por ambos funcionarios tiene dedicatoria y busca condenarme a como dé lugar».
Antes de la reforma, no se podía avanzar más allá de la etapa de instrucción sin la presencia de los acusados.
Los señalamientos contra Mauricio Funes
Entre 2012 y 2014, las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias mantuvieron un pacto de no agresión para reducir las cifras de homicidios respaldado por el Gobierno y que, según la Fiscalía, estipulaba favores para estas bandas. Esto supuestamente incluía beneficios carcelarios para los líderes presos, inversión pública en las comunidades bajo su control y una menor presencia de las fuerzas de seguridad.
Tras declarar en la Fiscalía en 2016, Funes negó que su Gobierno haya dado prebendas a líderes de pandillas encarcelados a cambio de una disminución de los homicidios y dijo que el papel de su Ejecutivo fue el de acompañante del proceso. No obstante, en el juicio contra los operadores de la tregua, el general David Munguía Payés -ministro de Seguridad de ese entonces- declaró como testigo y cambió la versión oficial al señalar que el armisticio fue una política de gobierno de «pacificación».
Tras la ruptura de la tregua, las cifras de homicidios se duplicaron en El Salvador en 2014, se dispararon a 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 y bajaron a 81 en 2016.
ama (efe, el diario de hoy)
