Nicaragua: el “delito” de no pensar como Ortega se paga con cárcel

Al menos 10 personas han sido arrestadas en los últimos días en el país. La policía ahora captura a familiares de opositores, para “canjearlos” por sus parientes mediante extorsión.En una nueva escalada represiva, la policía de Nicaragua está capturando a familiares de opositores al gobierno para tomarlos como rehenes. Defensores de derechos humanos advierten que mediante el patrón del “secuestro extorsivo”, hasta hoy inédito, Daniel Ortega amenaza también a los exiliados.

El 15 de septiembre pasado, la exiliada Dulce María Porras supo de la captura de su hermano Freddy, de 49 años. Policías con pasamontañas y vestidos de negro saltaron los muros de su casa en la ciudad de Jinotepe, al sur de Managua, y lo atraparon con violencia. También golpearon a su esposa y a sus tres hijas adolescentes.

“Al no poder capturarnos a nosotros, se están llevando a nuestros familiares. Es un crimen, actúan al mejor estilo de los carteles del narcotráfico”, dijo Porras en entrevista con DW. La dirigente del partido opositor UNAMOS, antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS), tiene 71 años y está en Costa Rica desde 2018, cuando fue perseguida por participar en manifestaciones contra el gobierno.

Su hermano, un vendedor de productos farmacéuticos, no estaba activo en política, y por eso Dulce no duda de que quieran usarlo solamente como “moneda de cambio”. “Él me llamó el 4 de agosto para avisarme que agentes de inteligencia de la policía lo estaban siguiendo”, recordó.

Operativos de terror

Para arrestar a Freddy, la policía movilizó varias patrullas y efectivos de tropas especiales, que escalaron los muros de la casa en “un despliegue como si fueran a capturar al (narcotraficante mexicano) Chapo Guzmán. Lo tiraron al piso, lo golpearon y se lo llevaron”, relató.

Porras dice que, como ella, su familia ha sido “frontal contra las dictaduras”. En 1979, su hermano Silvio fue asesinado por la guardia de Anastasio Somoza y, en agosto de 2018, su hermano Wilfredo fue herido de un balazo por policías de Ortega, durante la llamada “Operación Limpieza”, que dejó 22 civiles muertos en Jinotepe y Diriamba. En esos días, la policía allanó y saqueó su casa, después de lo cual decidió abandonar el país.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la represión de policías y paramilitares que sofocaron la revuelta social de 2018 dejó al menos 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos y más de 100.000 exiliados y refugiados.

“A mí me mataron a un hermano, me hirieron a otro y ahora me encarcelan a un tercero. No puedo volver a Nicaragua pero no me voy a callar, y seguiré denunciando”, expresó Dulce María Porras.

El “delito”, ser familia

Otro de los casos conocidos esta semana fue el del opositor Javier Álvarez Zamora, quien se refugió en Costa Rica a inicios de este mes, tras recibir amenazas. La policía llegó a buscarlo el 13 de septiembre y como no lo encontró se llevó a su yerno, el artista plástico Félix Roiz, y dos días después arrestó a su esposa, Jeannine Horvilleur, y a la hija de ambos, Carolina Álvarez Horvilleur.

Desde El Chipote, la temible cárcel policial donde están recluidos los tres, la policía le envió a Álvarez un mensaje aterrador: “si quiere verlos libres, entréguese”.

“Mi esposa, mi hija y mi yerno son inocentes. Su único ‘delito’ es ser mi familia”, declaró consternado Javier Álvarez a DW. El opositor, que en la década de 1980 apoyó a la revolución sandinista, ha dicho que teme por la salud de su esposa, que está bajo tratamiento oncológico y no recibió sus medicinas durante los primeros días de su detención.

El gobierno de Francia anunció que sigue con atención este caso, ya que madre e hija, de 63 y 43 años respectivamente, son ciudadanas franco-nicaragüenses, pero se desconoce si existe alguna negociación al respecto. Las autoridades de Managua no han hablado del caso; ni siquiera han confirmado la ola de arrestos denunciada por entidades de derechos humanos y por personas afectadas.

“Se ha desatado una estrategia de acoso, persecución, amenazas e incluso detenciones arbitrarias de integrantes del partido (UNAMOS) y sus familiares. Se registran más de 10”, reportó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Aclaró que la cifra podría ser superior, pues muchas familias prefieren callar y no denunciar las capturas, por temor.

Según el CENIDH, organismo que dirige la conocida abogada Vilma Núñez, este patrón “no tiene precedentes en la historia (y) no es característico de ninguna dictadura”.

Esta práctica “posee los ribetes de un secuestro, donde el secuestrador se apodera de víctimas inocentes y las toma como rehenes para lograr capturar a la persona a quien quiere secuestrar, lo que supera la gravedad delictiva del secuestro extorsivo, que según el Código Penal es cuando se exige un rescate o cualquier utilidad monetaria”, destacó.

En entrevista con DW, el directivo de UNAMOS Héctor Mairena confirmó que el gobierno ordenó redadas para detener a personas vinculadas a ese partido, cuyos cinco máximos líderes están presos; pero también para capturar a opositores independientes. “Ya la cifra de capturados asciende a 10, un promedio de un detenido por día”, dijo.

Señaló que otra cantidad mucho mayor” de personas han huido de sus casas para esconderse, y algunas más han cruzado fronteras hacia Costa Rica y Honduras por “puntos ciegos”, evadiendo el control policial y migratorio nicaragüense.

“Operan como mafia”

“La dictadura opera como la mafia: secuestra, chantajea y toma rehenes, para obligar a los perseguidos políticos a que se presenten. Es una táctica nueva, vil, criminal y cobarde”, afirmó Mairena, también miembro del consejo político de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

A su juicio, esto es parte de lo que llama “la institucionalización del Estado autoritario y policiaco”, que se inició en enero pasado, cuando Ortega comenzó su cuarto mandato consecutivo tras reelegirse por tercera vez y después de haber encarcelado a sus principales rivales políticos.

“Hay todo un marco legal represivo, con juicios y condenas espurias de los presos políticos, el cierre de casi 2.000 ONG y la persecución contra sectores importantes de la Iglesia católica”, incluyendo al obispo de Matagalpa (norte) Rolando Álvarez. Bajo arresto domiciliario desde hace 40 días, el sacerdote “de hecho está desaparecido, porque nadie lo ha visto”, señaló.

Mairena insistió que el objetivo de Ortega “es aniquilar cualquier espacio independiente en Nicaragua, llámese Iglesia, sociedad civil, UNAMOS o UNAB”. Dijo que grupos de la oposición están denunciando estos hechos a nivel internacional, porque temen por la salud y la vida de más de 205 reos de conciencia recluidos en distintas cárceles del país.

“Queremos llamar la atención sobre el riesgo en que se encuentran todos los presos políticos, incluyendo los de las últimas dos semanas, y esperamos que la comunidad internacional actúe en concordancia con la gravedad de la situación”, puntualizó.

(ers)