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Las protestas de cocaleros en La Paz contra la apertura de un nuevo mercado de venta de hoja de coca ponen en jaque a los vecinos de Miraflores. La situación tiene numerosas connotaciones políticas y económicas.Desde hace semanas, la gente de la zona de Miraflores, en La Paz, vive en la incertidumbre. Los vecinos llevan a cabo marchas pacíficas para pedir el cese del conflicto entre campesinos cocaleros, cuyas protestas, habituales desde hace cuatro semanas, están dañando la infraestructura de sus viviendas, afectadas por explosiones de agentes químicos y dinamita, y han provocado el cierre de siete escuelas. Las duras intervenciones policiales para reprimir a los cocaleros han contribuido a recrudecer el conflicto.
¿Cómo se ha llegado a esta situación en un país cuya Ley General de la Coca, la ley 906, dicta con claridad la comercialización de la planta? Según esa norma y los convenios internacionales, en Bolivia existen dos mercados legales para vender hoja de coca. Uno es el de Villa Fátima, en La Paz, donde opera la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), dirigida actualmente por Freddy Machicado. En él venden los indígenas de la región de Yungas, a dos horas de la capital. El otro mercado legal es el de Sacaba, en Cochabamba, la región de Evo Morales.
El mercado paralelo de Arnold Alanes
Pero en la capital boliviana ha abierto, con autorización del Gobierno de Luis Arce, un nuevo mercado de hoja de coca en Villa El Carmen, Miraflores, cuyo dirigente es Arnold Alanes, afín al gobernante partido MAS.
Los indígenas de Yungas, dirigidos por Machicado, protestan violentamente contra el mercado de Alanes, que consideran ilegal, y reclaman su cierre. Para Fernando Salazar Ortuño, docente investigador de la Universidad Pública Mayor de San Simón, «el mercado paralelo en La Paz es un movimiento de fuerza política de los productores de Cochabamba. Evo Morales respalda este mercado privado ilegal», dice Salazar a Deutsche Welle. Según el investigador, el objetivo último del MAS sería tener el monopolio total del mercado y la producción de coca en Bolivia.
Una marcha y una vigilia
Así las cosas, el jueves 25 de agosto está convocada una marcha encabezada por Luis Arce, junto con el vicepresidente boliviano, David Choquehuanca, y Evo Morales. El Gobierno de Arce y el MAS acusan a la oposición de buscar la desestabilización del país, y consideran una conspiración el rechazo a un censo de población, previsto para 2024, y los reclamos de los cocaleros de Adepcoca contra el mercado paralelo.
Por su parte, los afiliados de Adepcoca preparan una vigilia ante el temor de que la institución pudiera ser intervenida. Han convocado a sus bases de las provincias de Los Yungas para viajar hasta La Paz, con el objetivo de que se unan a la acción. Machicado dice que ellos están «abiertos al diálogo» y argumenta que su protesta se dirige contra el Gobierno, «porque es el que viene haciendo funcionar puestos de venta ilegal, transgrediendo las normas que rigen nuestro Estado».
«El objetivo del Gobierno es generar división»
Para Iván Velásquez, de la Fundación Konrad Adenauer en Bolivia, todo el asunto tiene numerosas connotaciones políticas. «Por un lado, están los campesinos afines al MAS que operan en La Paz, junto con los indígenas del Chapare de Cochabamba, afines a Evo Morales. Por otro lado están los Yungas, que por este problema han dado la espalda al MAS y al Gobierno».
Con la creación del mercado paralelo, los indígenas que operan en La Paz quedan divididos. «Por eso la Policía, de alguna manera, está protegiendo ese mercado paralelo y todavía no hay una determinación del Gobierno de cerrarlo, porque la división entre los campesinos es lo que le importa», indica Velásquez. «Y, detrás del tema político, también está el tema económico», continúa el experto de la Fundación Konrad Adenauer. «La coca es un producto que tiene un precio sumamente caro», agrega.
Persisten la pobreza, desigualdad y discriminación a indígenas
Si alguien pensaba que el hecho de que Bolivia hubiera tenido un presidente indígena, como Evo Morales, y que el actual ministro de Economía sea indígena, iba a generar paz en un país compuesto mayoritariamente por indígenas y campesinos, se equivocaba. «Desde hace más de 15 años, hay conflictividad. El problema de los cocaleros es muestra de ello. Los temas relacionados con pobreza, desigualdad, discriminación a los campesinos y a los indígenas no se han resuelto. No debería haber problemas, pero sucede todo lo contrario. Hay incluso más, por ejemplo, con los indígenas de Tierras Altas, que no son ni quechuas ni aymaras, cuyas necesidades están insatisfechas», dice el experto de la Fundación Konrad Adenauer.
Y, en última instancia, el conflicto cocalero podría ser la antesala de la vuelta al poder de Evo Morales, muy activo entre los cultivadores de coca de Cochabamba. «A él le interesa estar presente por las elecciones que se vienen en menos de un año y medio. Una facción en Santa Cruz ya lanzó la candidatura de Morales. Eso es una muestra de que, de alguna manera, ya hay la decisión formal de presentarse a elección», concluye Velásquez.
(cp)
