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Hugo Velázquez matizó que, como la Fiscalía no tiene una denuncia sobre el hecho que se le atribuye, «la única manera de solicitar los antecedentes a la Embajada (de EE. UU.) es abriendo una causa».El Ministerio Público de Paraguay anunció este martes (23.08.2022) la apertura de una «causa penal» contra el vicepresidente del país, Hugo Velázquez, después de que Washington lo acusó de participar «en actos de corrupción significativos” y prohibió su ingreso a ese país.
En concreto, la fiscal general de Paraguay, Sandra Quiñónez, dispuso «investigar los hechos con relación a la declaración» del embajador de Estados Unidos en el país, Marc Ostfield, en la que se ponen en «conocimiento hechos que pudieran ser de relevancia penal» y que hacían referencia a Velázquez, explicó ese despacho en un comunicado.
El organismo investigador indicó que los agentes fiscales Liliana Alcaraz y Osmar Legal, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, serán los encargados de la causa.
Consultado al respecto, Velázquez matizó ante la local Radio Monumental que debido a que el Ministerio Público no tiene una denuncia sobre el hecho que se le atribuye, «la única manera de solicitar los antecedentes a la Embajada es abriendo una causa». Argumentó que «es la posibilidad de saber de qué se trata lo que yo no sé de qué se trata».
Por su parte, Alcaraz declaró a la misma emisora que, al no contar con una denuncia sobre un supuesto soborno que involucre al vicepresidente, la pesquisa tiene como punto de partida las declaraciones de Ostfield. Igualmente, confirmó que formularon el 22 de agosto un «requerimiento de cooperación jurídica» a EE. UU. basado en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
Los señalamientos contra el vicepresidente
El pasado 12 de agosto, Estados Unidos acusó a Velázquez y a Juan Carlos Duarte, ahora exasesor de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), de participar «en actos de corrupción significativos», entre ellos el ofrecimiento de sobornos y la injerencia en procesos públicos. Poco después del anuncio del Departamento de Estado, Quiñónez ordenó realizar un «análisis técnico jurídico» de esa declaración para determinar si existen «hechos con relevancia penal» y si procedía la apertura de una investigación.
Velázquez, quien en principio se declaró dispuesto a abandonar el cargo, desistió el 18 de agosto de formalizar su renuncia y alegó que solicitaría «a los organismos correspondientes» pruebas de las acusaciones. En un comunicado difundido ese día, Velázquez aseguró haber recibido la confirmación de que el Ministerio Público no tiene una causa abierta en su contra. Sin embargo, el funcionario retiró su precandidatura a la presidencia del país por el oficialista Partido Colorado.
ama (efe, reuters)
