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Varias ONG de derechos humanos sumaron sus voces de condena por la masacre, al tiempo que exigieron al gobierno investigaciones «exhaustivas» sobre la acción de la Policía.La organización Human Right Watch (HRW) expresó el viernes (22.07.20222) su preocupación por la muerte de 18 personas en una operación policial realizada el jueves contra el crimen organizado en una favela de Rio de Janeiro.
Una mujer de 50 años, un policía militar y «16 criminales» perdieron la vida, tal y como detalló el portavoz de la Policía Civil de Brasil, Ivan Blaz, en declaraciones recogidas por el diario O Globo.
La intervención del jueves es una de las más letales de la capital brasileña. El operativo más mortífero del estado de Río de Janeiro tuvo lugar en mayo de 2021, en la favela de Jacarezinho, donde murieron 28 personas, incluido un policía civil, según ‘Folha De S.Paulo’.
«Nos preocupa profundamente que, una vez más, Río de Janeiro haya sido testigo de una operación policial con un elevado número de muertos y graves impactos en las comunidades, esta vez en Complejo do Alemao», señaló la directora para Brasil de HRW, Maria Laura Canineu.
La organización instó a las fiscalías estatal y federal a que lleven a cabo «de inmediato una investigación exhaustiva e independiente para determinar los responsables y las circunstancias de las muertes y lesiones de conformidad con el mandato constitucional de ejercer control externo sobre la Policía».
En junio de 2020, el Tribunal Supremo de Brasil prohibió a la Policía realizar operaciones en los barrios de bajos ingresos de Río, salvo en «casos absolutamente excepcionales», tal y como indicó la ONG, que señaló a las fuerzas de seguridad de Brasil de no haber acatado «debidamente la sentencia».
«El gobierno del estado de Río de Janeiro debe poner en marcha inmediatamente un plan adecuado, en consulta con la sociedad civil, para frenar los asesinatos policiales, tal y como ha ordenado el Tribunal Supremo», insistió Canineu.
«Investigar y hacer rendir cuentas a los responsables de los casos de abuso policial es clave para detener el ciclo de violencia que pone en peligro a los residentes y a la Policía, con consecuencias desastrosas para la seguridad pública», enfatizó.
gs (ep, efe)
