La Constituyente: «Este es el proceso más democrático que ha tenido Chile en su historia»

En menos de dos meses, Chile vota si aprueba la propuesta de nueva constitución en reemplazo de la promulgada en dictadura. El sociólogo Manuel Garretón analiza en DW este hito que busca respuestas a la crisis social.Chile enfrenta la etapa final de su proceso constituyente. En el plebiscito de salida, el próximo 4 de septiembre, decidirá si entra en vigencia la propuesta de la nueva carta magna, escrita por una Convención Constitucional democráticamente elegida. De ser rechazada, seguirá rigiendo la constitución de 1980.

Se trata de dos modelos diametralmente opuestos. «La constitución de 1980, redactada por una comisión designada por la dictadura militar e impuesta en un plebiscito fraudulento, estableció un sistema autoritario para mantener las transformaciones realizadas y su modelo socioeconómico, que mercantilizaba todas las relaciones sociales, dejando al estado solo una función subsidiaria”, explica a DW el sociólogo y politólogo chileno Manuel Antonio Garretón.

Testigo y estudioso de estas transformaciones, explica que, tras la vuelta a la democracia en 1990 se efectuaron algunas reformas, pero «esta constitución ilegítima y tramposa”, se mantuvo en lo sustancial, pues exigía altos quorum para los cambios. «La derecha, que apoyó a la dictadura militar, sólo concedió algunas transformaciones. Reformas para terminar con los senadores designados tomaron 15 años”, señala el académico de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Ciencias Sociales.

«El modelo económico fue generando cada vez más desigualdades, injusticias y abusos, en tanto el estilo de política obligaba solo a negociaciones de las elites”, afirma. En la calle, las protestas se intensificaron, en demanda de educación pública de calidad, una reforma tributaria que permitiera mayor igualdad y una nueva constitución.

Este debate constitucional fue promovido por la presidenta Michelle Bachelet en cabildos ciudadanos, pero fue el estallido social de octubre de 2019, en el gobierno de Sebastián Piñera, el que obligó a la clase política a firmar un acuerdo para un proceso constituyente. La población respaldó masivamente la dea, con un 78% de los votos en el plebiscito de 2020.

DW: Desde su origen, esta propuesta es muy distinta a la anterior…

Manuel Antonio Garretón: Tiene la particularidad de que no usa la fórmula tradicional del congreso, la convención mixta o los expertos, sino que es una Convención elegida directamente, que tiene todo el poder constituyente, paritaria, con escaños reservados de los pueblos indígenas y una alta participación de independientes. Se trataba de llevar la legitimidad de la calle, de las protestas y del rechazo a la institucionalidad misma a la Convención.

¿Cómo califica este proceso?

Sin duda, este es el proceso más democrático que ha tenido Chile en su historia. Por supuesto, las elecciones presidenciales y parlamentarias son democráticas, pero no hay ningún otro proceso que haya invocado el principio soberano de la ciudadanía para definir los principios sobre los cuales quiere vivir.

¿Recoge esta propuesta las demandas de la ciudadanía?

Se ha criticado que en la convención constitucional ha habido más expresión de intereses de identidades, que de interés global. Si bien fue así en algunos momentos, al final los principios, como el estado ecológico y el estado social de derecho, no son los intereses solo de un grupo. La paridad de género en los organismos de poder no es solo una reivindicación de la mujer, ese es un mejor país. El estado plurinacional no es solo una reivindicación de los pueblos indígenas, es una deuda histórica del estado chileno. No solo en el proceso, también en el contenido termina siendo la constitución más democrática que Chile ha tenido.

¿Cuáles son las principales diferencias con la constitución de 1980?

Este es un profundo proceso de transformación, que yo he llamado refundacional, de largo plazo, de los principios en que se basa el actual orden económico y político y de mejorar la implementación de los que todavía mantiene. La declaración de ciertos principios permea los distintos artículos. Consagra un estado social de derecho, que termina con el estado subsidiario, y establece una república solidaria, democracia paritaria, estado regionalista, ecológico y plurinacional. Es fundamental el papel que le asigna al estado en salud, educación, pensiones y vivienda, que es consagrada como un derecho; lo que dice respecto del trabajo y los sindicatos, y la consagración del derecho a huelga. Atenúa el presidencialismo y genera un sistema político con una cámara de diputados y diputadas de representación ciudadana y otra cámara que representa a las regiones.

Pero de aprobarse, los cambios tampoco llegarán de la noche a la mañana…

Tendrán que irse implementado a lo largo de las próximas décadas. Una refundación democrática es un proceso de largo alcance, con luchas y debates políticos. Esta constitución es un principio u horizonte de resolución de los problemas de la ciudadanía. Habrá que dar muestras de avance, pero también hay una tarea de pedagogía y ser muy claro en mostrar cuál es la carta y cuáles son los tiempos para eso. El gobierno podrá realizar las transformaciones y políticas públicas que vayan en esa línea, junto a las propuestas de implementación y corrección que se hagan a través del parlamento, donde las fuerzas políticas están equilibradas.

¿Qué aspectos deberían ser corregidos?

En la atenuación del presidencialismo, que es muy importante, hay algunos problemas no bien resueltos. También hay cierto déficit en el tema de los partidos políticos, lo que es entendible en este clima en que están muy desprestigiados y son vistos como causantes de toda esta crisis. Es un punto que la ley debería fortalecer.

¿Es factible la opción de «rechazar para reformar» , que proponen críticos de la actual propuesta?

Si gana el rechazo hay simplemente una alternativa: se mantiene la constitución de Pinochet. Los sectores de derecha que lideran el rechazo hoy prometen transformaciones, que son las mismas que se pidieron durante 30 años y ellos no quisieron hacer, y es evidente que no van a hacer. El rechazo significa la negación del proceso.

La derecha, que fue minoría en la Convención, reclama que esta no es la constitución de todos.

¿Está de acuerdo?

En una sociedad tan dividida como esta y con visiones de país radicalmente distintas, es imposible una constitución en la que todos estén de acuerdo. Hay que someterlo a votación. La derecha dice que no la representa y no se les hizo caso en nada. El texto no representa sus intereses, pues no tuvieron los votos o los argumentos suficientes y hubo mayorías que estuvieron en contra. El resultado sí es representativo, fue aprobado por los dos tercios de la convención que a su vez fue elegida por toda la ciudadanía. Y queda un segundo test, que es el plebiscito.

¿Por qué el temor de ciertos sectores ante estos cambios, que son políticas públicas en muchos países desarrollados?

Por supuesto que hay sectores que van a ver mermados sus intereses y van a estar en contra, porque confunden sus intereses con los del país. Por ejemplo, cuando quieren que el agua siga siendo propiedad de unas pocas familias, en un momento de crisis hídrica brutal, o solo ven un modelo económico que les permite su acumulación. Terminar con la propiedad del agua o el monopolio de las AFP (administradoras de pensiones privadas) y crear un sistema público de seguridad, afecta a intereses financieros.

Algunos creen que con sistemas públicos de salud y educación, equitativos y de calidad, se va a mermar el privilegio que tienen y que consideran un derecho. Esta nueva constitución, a la que se oponen en forma furibunda la derecha y sus medios de comunicación, no va a abolir la propiedad o la iniciativa privada, está muy lejos de eso. Lo que hace es darle al estado el rol fundamental que debe tener como promotor del desarrollo. Significa cambiar modos de vida y, sin que nadie pierda sus derechos, haya procesos redistributivos. Menos claro es el rechazo de sectores que no son de derecha. Están cometiendo un grave error histórico.

En su opinión, ¿qué pasaría si se rechaza esta propuesta?

Significaría un gran retroceso histórico y no resolvería la crisis. El proceso de transformación continuaría, pero a través de puras crisis y descomposición, porque a la gente no le van a quitar la capacidad de movilización. Si gana el apruebo, en cambio, hay un principio de resolución, de restablecimiento de la relación entre las personas y la política, e ir cambiando el orden económico social, que son las dos grandes crisis de la sociedad chilena, presentes en el estallido que llevó a todo esto.

(jov)