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Retórica y cosmética no van a resolver la grave crisis venezolana

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Las declaraciones del presidente argentino, Alberto Fernández, sobre que los problemas de Venezuela «se han ido disipando» fueron criticadas por organizaciones de DD.HH. Con razón, dice Ramón Cardozo en su columna.En el diálogo Gorgias de Platón, Sócrates distingue entre verdaderos y falsos saberes. Estos últimos se caracterizan porque solo les interesa «simular” que buscan el bien de las personas y para ello adulan y apelan a sus emociones. El filósofo griego ubica a la cosmética y a la retórica como falsos saberes, y define como contrapartida a los verdaderos saberes de la gimnasia y la justicia. Mientras la gimnasia busca preservar la salud del cuerpo, la cosmética se conforma con «aparentar” que la persona está saludable. La justicia busca recuperar el buen orden de la sociedad, pero a la retórica le basta con «fingir” que se ha alcanzado.

El 13 de abril del año en curso, Nicolás Maduro hizo alarde emocionado de la manera «impresionante cómo se está arreglando Venezuela”. Cinco días después, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien también ejerce la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), hizo un llamado a los países de la región a normalizar sus relaciones con Venezuela. El presidente Fernández, en la misma línea retórica de Maduro, argumentó que muchos de los problemas de Venezuela «se han ido disipando con el tiempo», haciendo referencia específica a los avances que, a su juicio, se han venido logrando en materia de derechos humanos, en el tema de las condiciones electorales, y en el proceso de negociación entre el régimen y la oposición democrática.

Estas polémicas declaraciones del presidente Fernández hicieron sonar las alarmas de las organizaciones defensoras de los derechos humanos Human Rights Watch y Amnistía Internacional.

A través de su cuenta en Twitter, Tamara Taraciuk, directora en funciones de la división de las Américas de Human Rights Watch, contradijo al jefe de Estado argentino y le señaló que en Venezuela hay más de 240 presos políticos. Recordó, asimismo, la terrible magnitud de la crisis humanitaria y migratoria que aún sufren los venezolanos, provocadas por las políticas del régimen de Maduro. Taraciuk destacó también los graves abusos cometidos en Venezuela por las fuerzas de seguridad del Estado y, en particular, se refirió a las recientes operaciones conjuntas que el ejército venezolano ha venido llevando a cabo en la frontera junto al grupo guerrillero colombiano Frente de Liberación Nacional (FLN). Al subrayar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional mantiene su investigación por la posible comisión de crímenes contra la humanidad en Venezuela, Taraciuk enfatizó que los problemas de Venezuela no se van a resolver «ocultando la realidad”.

La organización Amnistía Internacional se pronunció en términos igualmente críticos. La directora ejecutiva de esa organización en Argentina, Mariela Belski, a través de una carta pública dirigida al Presidente Fernández, señaló que a pesar de los compromisos asumidos por el régimen de Nicolás Maduro, «hasta la fecha no se puede afirmar que las recomendaciones estructurales de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos estén siendo implementadas a cabalidad, ni lo poco que se ha reformado en estos años demuestra un compromiso de parte de las autoridades venezolanas de dejar sin efecto la política de represión que han instaurado en el país”.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) recientemente rechazó la solicitud del gobierno de Maduro de aplazar la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión de las manifestaciones contra el gobierno en 2017. El fiscal Karim Khan señaló que Venezuela no presentó pruebas que respaldara su aseveración de que se está «investigando o ha investigado a sus nacionales u otros dentro de su jurisdicción con respecto a presuntos actos punibles contra los derechos humanos, en concordancia con la información proporcionada en la notificación recibida de la Fiscalía el 16 de diciembre de 2021». Esta decisión de la Fiscalía de la CPI fue celebrada tanto por las organizaciones de defensa de los derechos humanos como por los líderes de la oposición venezolana. «La dictadura fracasó en su intento de simular justicia”, escribió en su cuenta Twitter el dirigente opositor Juan Guaidó.

En cuanto a las condiciones electorales en Venezuela, una segunda área en la que habría avances en Venezuela, según el presidente Fernández, el diagnóstico es igualmente negativo. Es cierto que la Misión de la Unión Europea de Observación Electoral Venezuela 2021 reconoció en su informe final que hubo «condiciones mejores” en comparación con elecciones previas. Sin embargo, la Misión detectó graves deficiencias estructurales en ese proceso electoral. Las irregularidades observadas estuvieron vinculadas a la falta de separación de poderes, a la ausencia de seguridad jurídica de los candidatos, al uso indebido de recursos del Estado en la campaña, al acceso desigual de los candidatos a los medios de comunicación, y a la falta de garantía para el ejercicio de la libertad de expresión, en especial por parte de los periodistas. La consecuente expulsión de la Misión de la Unión Europea por parte de Nicolas Maduro, llamándolos «enemigos” y «espías”, así como sus declaraciones con respecto a que ese proceso electoral había sido «impecable y democrático”, evidencian que la verdadera disposición del régimen venezolano es la de no acometer los cambios urgentes y necesarios que les fueron recomendados en este informe.

El proceso de diálogo entre el régimen venezolano y la oposición es el tercer punto que el presidente Fernández destaca. Tampoco sobre este punto su retórica logra esconder la realidad que pretende maquillar. Nicolás Maduro, luego de una sorpresiva reunión con altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos a principios de marzo de este año, anunció al país que reanudaría el proceso de diálogo entre su gobierno y la oposición venezolana. Ned Price, vocero del Departamento de Estado norteamericano, declaró en rueda de prensa el 16 de marzo que la reunión en el palacio gubernamental de Miraflores tuvo entre sus objetivos «urgir al régimen de Maduro a volver a la mesa de negociación en México con la oposición para restaurar la democracia».

A los pocos días, sin embargo, se evidenció que las intenciones reales de Maduro eran dejar de lado los mecanismos acordados en México con los representantes opositores de la Plataforma Unitaria, para ir más bien «hacia un proceso más inclusivo, más amplio, que le tienda la mano a todos los venezolanos que quieren echar adelante nuestro país». Lo que propone Maduro es un nuevo y difuso esquema de dialogo, donde el régimen escoge con quien dialoga y con quien no, donde los temas a discutir los establece el gobierno, y donde no existen mecanismos de verificación de los acuerdos. Todo indica que se trata de una maniobra del gobierno venezolano para lograr el retiro de las sanciones norteamericanas sin comprometerse realmente a realizar cambios sustanciales que conduzcan a la democratización del país. Esta estrategia cosmética no parece haber convencido al gobierno norteamericano. Juan González, asesor para Asuntos del Hemisferio Occidental e integrante del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, reiteró el pasado 20 de abril en una entrevista con la cadena radial colombiana W Radio que «cualquier decisión de Estados Unidos de levantar sanciones, incluso en el sector petrolero, será en base a las negociaciones en México”.

Todo lo anterior confirma lo expresado por Human Rights Watch y Amnistía Internacional al presidente Fernández: «Los problemas venezolanos no se están disipando con el paso del tiempo”. Por el contrario, desgraciadamente, se están agravando. Eso obedece a que los cambios que últimamente ha venido realizando el régimen de Nicolas Maduro no están orientados «realmente” a la defensa de los derechos humanos, a la democratización y al desarrollo del país. El verdadero objetivo continúa siendo garantizar su permanencia en el poder. Tiene razón Tamara Taraciuk al llamar la atención del presidente Fernández pues, tal y como afirma, «liderar una respuesta regional hacia una salida democrática en Venezuela… precisa partir de un diagnóstico correcto sobre lo que allí ocurre. De lo contrario, sus gestiones servirán para darle legitimidad al régimen represivo de Nicolás Maduro”.

(cp)

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