Ortega y la debilidad detrás de la represión

A cuatro años de las protestas que dejaron más de 350 muertos en Nicaragua, antiguos aliados del régimen advierten inestabilidad y riesgo de implosión en el gobierno.A las 5:00 am del 13 de diciembre de 2018, Vilma Núñez de Escorcia fue despertada por una llamada agitada: la sede del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), seguramente la institución más respetada del país en la materia, había sido allanada por las fuerzas de seguridad del régimen de Daniel Ortega. Ella misma lo había fundado en 1990 y ahora lo presidía. Los agentes se llevaron quince computadores, cinco autos, destruyeron el mobiliario y congelaron las cuentas bancarias de la institución.

Era el punto culminante de una avanzada represiva en Nicaragua que había comenzado el 18 de abril de 2018, fecha que ahora cumple cuatro años. Ese día estalló una violenta ola de protestas cuyo saldo lamentable se tradujo en más de 350 muertos y miles de heridos, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La represión oficialista habría sido responsable, según denunciaban distintas organizaciones civiles. El Cenidh había documentado miles de casos. Su labor era, cuando menos, incómoda para el gobierno.

“Fue terrible”, recuerda en conversación con DW Núñez de Escorcia, la más prominente activista de derechos humanos de Nicaragua. “Ante el terror que infundió la situación, varios de nuestros compañeros decidieron exiliarse. Otros optamos por quedarnos, pero nos sentimos paralizados. Quedamos en shock al ver la destrucción de la oficina”, dice. Lo más grave: acabaron con el centro de documentación del Cenidh, que recogía treinta años de archivos de violaciones de derechos humanos en el país, incluyendo las graves denuncias sobre el accionar del Estado en las protestas de aquel año.

“A partir de abril de 2018 hemos vivido una agresión y un desgaste emocional muy serio —continúa Núñez de Escorcia—. A esto se suma el riesgo que encaramos diariamente frente a una campaña de difamación y descrédito, y frente a la imposibilidad de hacer gestiones de defensa de derechos humanos ante las instancias gubernamentales”. Afirma que actualmente todos los espacios judiciales y administrativos están cerrados para ellos, de manera que no tienen medios para ejercer la defensa legal de las víctimas.

El Cenidh fue la primera organización civil que cerró sus puertas en Nicaragua por decisión del gobierno. Hoy van casi cien.

Momento crucial

Las protestas que estallaron el 18 de abril de 2018 representaron un punto de inflexión para el régimen de Daniel Ortega. Desde entonces, se radicalizó. Eso piensa Luis Carrión, exguerrillero y uno de los nueve comandantes que, junto con el propio Ortega, dirigió la revolución sandinista en Nicaragua. Cada vez más crítico al gobierno, Carrión debió exiliarse en 2021 en medio de una serie de arrestos a políticos, empresarios, activistas y periodistas. Desde Costa Rica, conversa con DW: “A partir de las protestas se acelera el establecimiento de la dictadura. Ya antes de esa crisis había partidos políticos suprimidos y fraudes electorales. La diferencia es que no había masacres. Pero después de abril de 2018, el régimen se transforma en un Estado policial con vocación totalitaria”.

Una decisión que se ha traducido para Ortega en sanciones contra él, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, sus hijos, y un centenar de funcionarios. A principios de 2022, una nueva tanda de sanciones de Washington y la Unión Europea castigó a un puñado de instituciones públicas. Pero son medidas que, por lo pronto, parecen no afectar la estabilidad del régimen. Sin embargo, el excomandante Carrión observa signos de debilidad

“Antes de 2018, Ortega tenía alianzas políticas con el sector privado, una relación más o menos buena con la iglesia, y aunque había descontento popular, contaba con respaldo; después de las protestas, todo eso se acabó. Siempre ha detentado las armas, pero antes no necesitaba usarlas para controlar el país. Ahora sí, y para mí eso es una muestra de debilidad”, enfatiza.

Una lectura que comparte Oscar René Vargas, intelectual nicaragüense, autor de 55 libros. En un principio fue cercano al régimen, e incluso designado embajador en Francia; pero sus críticas tempranas impidieron que asumiera el cargo. Hoy habla con DW desde el exilio: “Ortega está débil, pero eso no quiere decir que esté a punto de caer”, advierte. “Este es un gobierno aparentemente fuerte —continúa—, porque su capacidad de represión evita la expresión de los problemas sociales. Por ejemplo: la canasta básica en Nicaragua cuesta 17.000 córdobas, pero un funcionario promedio gana 11.000, mientras un pensionado recibe 6.000. A pesar de todo, no hay protestas, lo cual da la impresión de que el gobierno está sólido. Pero es una falsa impresión”.

Para el académico, las bases del orteguismo se están descomponiendo, porque sus militantes también se ven afectados por la crisis económica. “Aunque ese descontento no sea visible a causa de la represión, existe y se está carcomiendo el régimen desde adentro, favoreciendo lo que sucederá tarde o temprano: su implosión”, afirma.

Futuro incierto

¿Cuál es la salida a esta crisis?, le preguntamos al excomandante Carrión. Suspira antes de responder: “La falta de apoyo político interno, el aislamiento internacional, las complicaciones económicas que vendrán a causa de las sanciones, y las contradicciones de la política de terror, va a provocar la descomposición del régimen. Y en ese proceso se abrirán espacios para reactivar la acción política y la movilización popular”, dice, pero no se atreve a pronosticar plazos.

Vilma Núñez de Escorcia, en cambio, no le ve solución: “Asistimos a eventos y eventos, esperando un cambio, una señal que indique que esto puede tener un fin. Sin embargo, cada situación que vivimos, cada evento, cada conmemoración, como la de este 18 de abril, solo produce nuevas agresiones”, lamenta.

A sus 83 años, sigue comprometida a seguir documentando cada violación a los derechos humanos, tal como ha hecho durante las últimas seis décadas. Un trabajo que, con todas las puertas cerradas en el país, no cree que servirá para hacer justicia ahora, sino en el futuro. “Son gestiones a largo plazo —dice—, que si bien han logrado generar en la opinión pública internacional que en Nicaragua existe una dictadura, no resuelven de inmediato los problemas. Esto produce en nosotros impotencia, la cual se agrava ante la desesperación de las víctimas que quieren respuestas rápidas. Impotencia, riesgo, y la sensación de ineficacia… hacemos y hacemos, pero nada se resuelve. Así vivimos”, concluye. (ee)