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El gobierno de Nicolás Maduro aceptó que la CPI, con sede en La Haya, abra una oficina en la capital venezolana para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad. ¿Será independiente? Tres expertos analizan el tema.Muchos se declararon sorprendidos cuando el 3 de noviembre de 2021 el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, oficializaron la firma de un acuerdo para que la entidad con sede en La Haya investigara las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en el país sudamericano. El proceso dio un paso más el 31 de marzo de 2022, cuando la CPI anunció que abrirá una oficina en Caracas para indagar los hechos sobre el terreno. “Es un paso muy importante, muy significativo, no es algo de cara a la galería”, dijo Khan entonces.
Además, el 16 de abril termina el plazo que la misma CPI dio al gobierno de Maduro para que demuestre que ha tomado acciones para investigar y sancionar a los responsables de posibles crímenes de lesa humanidad. En paralelo, la CPI abrió una investigación formal a fines de 2021 por los eventuales delitos cometidos por agentes del Estado durante las protestas de 2017, donde al menos 157 personas perdieron la vida.
La apertura de la oficina en Caracas es bien recibida por expertos consultados por DW, toda vez que una indagatoria desde La Haya habría sido sumamente compleja. “Por primera vez se abre una ventana para que las víctimas sean escuchadas y tomadas en cuenta”, dice Félix Seijas, analista y académico de la Universidad Central de Venezuela. “Es un tema increíblemente incómodo para el Gobierno de Maduro”, agrega, señalando que es probable que, en el cálculo de costo-beneficio, el Ejecutivo estimara que el daño menor era aceptar la apertura de la oficina.
Posibilidad de justicia
“No podemos ver esta decisión de aceptar la apertura de la oficina como algo aislado”, sostiene Tomás Socías, exministro de Industria y analista político. Para él, el problema de fondo es que Maduro prevé un escenario electoral negativo, que podría poner en riesgo su reelección en 2024. “Tiene un 82 por ciento de rechazo, y hay grupos de ministros que impulsan reformas para enfrentar los problemas de gerencia en materia económica”, señala, aludiendo a informes a los que ha tenido acceso. En esa lógica, el giro aperturista del Gobierno de Maduro, que ha llevado a Caracas a entablar conversaciones con Estados Unidos para aumentar la producción de petróleo, tendría una arista adicional en mejorar la situación de los derechos humanos en el país.
Si bien no hay claridad sobre las fechas, presupuestos y nivel del personal que será desplegado en la apertura de la oficina de la CPI en Venezuela, sí hay algunas certezas. Carmen Alguíndigue es una de los cuatro abogados venezolanos acreditados ante la CPI, además de académica, que se ha dedicado a fondo a indagar las violaciones a los derechos humanos en su país. “No será una oficina que trabaje con una sola mano, sino que va a tener el apoyo de distintas organizaciones internacionales, que le darán los insumos que puedan tener, experticia sobre el terreno y contacto con las víctimas”, señala. En su opinión, la oficina que se abra en la capital “debe tener un presupuesto que garantice que pueda tener un trabajo eficiente, que ofrezca una idea de que los eventuales responsables van a rendir cuentas”.
Muchas de las dudas pendientes se resolverán el día 16 de abril, cuando Venezuela finalmente responda a los requerimientos de la CPI. “Entonces tendremos una reacción del fiscal para saber cuál será el alcance de la oficina, si será de asistencia técnica o de investigación”, dice Alguíndigue. De cualquier modo, Socías sostiene que la oficina tendrá un grado de independencia. “La apertura de la oficina no significa que habrá decisiones inmediatas en la materia. Como todo proceso burocrático, tomará su tiempo en estudiar la situación del país, en detectar exactamente los casos donde haya problemas”, explica el analista político.
Pérdidas aceptables
Por su parte, Seijas estima que habrá avances en la investigación sobre violaciones de derechos humanos y que, seguramente, el Gobierno de Maduro ha asumido que tendrá que aceptar algunas pérdidas en el proceso. “Van a avanzar algunos casos, algunas personas van a ser imputadas, algunos responsables van a ser identificados. Seguramente hay cabezas de instituciones que están nerviosas, pero esto no va a llegar al presidente, al menos no en el corto o mediano plazo. Creo que el Ejecutivo va a hilar fino para que el proceso sea largo y caigan nombres que no causen tanto daño”, dice el académico a DW.
Para Seijas, hay que ver qué funcionarios de la CPI llegarán a Venezuela. “Qué nivel tienen, eso es importante”, señala. También habrá que vigilar cómo manejarán el escenario una vez que empiecen a surgir nombres de posibles responsables, y ver hasta qué punto el acuerdo de apertura de la oficina de la CPI permite a Venezuela juzgar los casos en sus propios tribunales. “¿Va a confiar la CPI en la Justicia venezolana? Eso hay que verlo”, sostiene. Alguíndigue, en tanto, destaca la importancia del principio de prevención, que se activa “cuando el fiscal se traslada a Caracas y empieza a tener un rol protagónico sobre la rendición de cuentas” de posibles responsables. La experta asegura que la sola presencia de una figura con poder de condenar efectivamente provoca una disminución de los delitos.
Para ella, además, es positivo que un sistema de Justicia que ha sido usado como mecanismo de control, esté siendo sometido a estudios y se hable de reformas que permitan “reinstitucionalizarlo de forma transparente, independiente y donde la corrupción no sea un mecanismo instaurado”.
En esa misma lógica, diversas instituciones ligadas a la sociedad civil emitieron el martes 12 de abril un comunicado donde piden que se especifique el alcance que tendrá la Oficina Descentralizada de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Caracas, además de su funcionamiento y garantías de seguridad. Hay muchas esperanzas puestas en esta institución y nadie quiere perderla de vista. (ms)
