El proceso contra Jeanine Áñez: ¿justicia o represalia?

El Ministerio Público acusa a la expresidenta boliviana de conspiración, sedición, terrorismo, de encabezar un golpe de Estado y de gestar un genocidio. Su defensa denuncia un grotesco acto de venganza políticaUna vez más, la política divide a los bolivianos. El proceso contra la expresidenta Jeanine Áñez recibe elogios y condenas en un país donde el sistema judicial es objeto de múltiples controversias, acusado por amplios sectores de la sociedad de operar al servicio del Ejecutivo masista. Un informe de la fundación Friedrich Ebert (cercana al partido socialdemócrata alemán), publicado a mediados de marzo de este año, daba cuenta de una desaprobación del 97% del órgano judicial. El estudio, que consultó una centena de actores políticos, analistas y periodistas, muestra que casi el 60% de los encuestados cree que la crisis de la Justicia es el principal problema del país, veinte puntos por encima de la compleja coyuntura económica. En ese contexto, la querella contra la exmandataria despierta críticas en las filas opositoras, siendo tachada como represalia política.

“Estamos ante un escenario muy complicado, pues hay muchos indicios que muestran que el proceso contra Áñez podría tener una vocación política”, señala a DW el expresidente boliviano Eduardo Rodríguez Veltzé. “Yo mismo viví esto, pues en el año 2007 estuve bajo unos enjuiciamientos políticos, y ya para entonces había evidencias del deterioro de la independencia del sistema judicial en el país. Estamos en presencia de un grupo de fiscales y responsables en materia criminal que persigue a los opositores, cosa que no ocurre con quienes apoyan al oficialismo. El juicio contra Áñez es objeto de muchas críticas, comenzando con que, al tratarse de una expresidenta, aquí correspondería hacer un juicio de responsabilidades ante el Congreso, y no un proceso ordinario”, apunta Rodrígez Veltzé.

Una opinión que comparte Marcelo Arequipa, politólogo y profesor universitario. “Este es un tema eminentemente político. Es más político que jurídico”, señala. Arequipa observa que este caso ha puesto de relieve dos aspectos: por un lado, que existen operadores de justicia que quieren “quedar bien” con el poder político; y por otro, evidencia las pretensiones de ese mismo poder político de controlar el sistema judicial. “Es un asunto de ida y vuelta”, dice.

22 muertos: ¿masacre o genocidio?

El Ministerio Público ha presentado dos requerimientos contra Jeanine Áñez. Por un lado, le imputa haber asumido la presidencia de forma inconstitucional en 2019, luego de que masivas manifestaciones provocaran la renuncia del entonces presidente Evo Morales. Por ello, el oficialismo denuncia un golpe de Estado, mientras los abogados de Áñez defienden que ella tomó posesión del Ejecutivo siguiendo una línea de sucesión constitucional, luego de que, en el clímax de las protestas, se produjera una cadena de renuncias de funcionarios masistas. Por otro lado, se le acusa de sedición, terrorismo y conspiración. La expresidenta es señalada de ser responsable de un genocidio (delito penado con entre diez y veinte años de prisión en Bolivia), por las muertes ocurridas en los días que siguieron a la salida de Morales del poder. A este respecto, expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos registraron 22 víctimas fatales, pero esto no fue calificado por esa instancia como genocidio, sino como masacre.

Por su parte, el oficialismo niega cualquier tipo de motivación política. En cambio, defiende el juicio ordinario argumentando que Áñez es juzgada por acciones previas al momento en que asumió la presidencia. “Si aquí hubiera una represalia política, o si, como dicen, el poder judicial dependiera del gobierno, no solo Áñez sino todos sus ministros estarían tras las rejas”, dice a DW Reimy Ferreira, ex ministro de Defensa del gobierno de Evo Morales. “Por el contrario -continúa-, hay muchas denuncias contra ellos que están paralizadas, y los pocos procesos que han prosperado lo han hecho porque las evidencias eran imposibles de ocultar. Y, aún así, la oposición quiere tacharlos de persecución”.

Reimy Ferreira subraya que, a pesar de todos los cargos, actualmente están en libertad más de cien exfuncionarios de la administración de Jeanine Áñez. “Además de ella, solo dos de sus ministros han sido detenidos por violar la Constitución. Pero todos los demás están libres. Por ejemplo, hay decenas de denuncias contra Luis Fernando Camacho, y él no solo está libre, sino que además es gobernador del departamento de Santa Cruz. Otros políticos, como Carlos Mesa o Tuto Quiroga, también están en plena libertad, a pesar de ser personas que abiertamente llamaron a que aquí se diera un golpe de Estado. Eso prueba que en Bolivia no hay venganza política”, apunta.

La comunidad internacional

El juicio contra Áñez ha despertado la atención de la comunidad internacional. En febrero de este año, el Grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas), compuesto por 21 expresidentes iberoamericanos, pidió a la ONU que visitara a Áñez en el penal de Miraflores, en La Paz, donde cumple prisión preventiva desde marzo de 2021. Esto para comprobar posibles “abusos de poder” en su contra. El relator especial de la ONU, Diego García-Sayán, quien estuvo en Bolivia en febrero, no visitó a la exmandataria, pero sí se reunió con su hija, Carolina Ribera Áñez. No obstante, para el profesor Marcelo Arequipa es poco lo que las organizaciones internacionales pueden hacer en este caso.

“La comunidad internacional no tiene un mecanismo que pueda operar directamente sobre la justicia boliviana -dice el politólogo a DW-. No veo una vía de salida jurídica sobre ese tema, más allá de lo político. Es decir, que algunos países puedan inmiscuirse para condenar al gobierno del presidente Arce. Pero eso llevaría a un debate que tendría que ver más con un enfrentamiento entre Estados, que con la resolución de un tema por la vía jurídica”.

Todo parece indicar que el proceso contra Áñez será largo y controvertido. La salud de la expresidenta ha retrasado las audiencias en numerosas ocasiones y nada parece indicar que su estado mejorará, máxime ya que ha realiazo huelgas de hambre como medida de protesta. Después de todo, queda la pregunta: ¿inocente o culpable? Una interrogante que, irónicamente, quizás ni la justicia boliviana será capaz de responder.

(ers)