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«Nuestra ciudad y nuestras familias están bajo amenaza criminal y terrorista por el certamen electoral muy tenso y polarizante que estamos viviendo», dijo la alcaldesa capitalina.La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo este martes (05.04.2022) que la capital colombiana está «bajo amenaza criminal y terrorista» a causa del «tenso» ambiente de la campaña para las presidenciales del 29 de mayo.
López lanzó la advertencia al justificar las medidas de seguridad que adoptó después de los dos atentados con explosivos del último mes -que mataron a dos niños y dejaron a varias personas heridas- y ante la protesta de motociclistas por las restricciones a su circulación.
«Nuestra ciudad y nuestras familias están bajo amenaza criminal y terrorista por el certamen electoral muy tenso y polarizante que estamos viviendo», declaró López en un video publicado en sus redes sociales. Más enfática aún, afirmó que los informes de inteligencia advierten que «organizaciones terroristas de todo tipo tienen a Bogotá (….) como su principal objetivo».
La funcionaria alertó sobre el riesgo que presuntamente se cierne sobre la capital de ocho millones de habitantes, a raíz del rechazo de motociclistas a su decisión de limitar la movilidad nocturna con acompañante de jueves a sábado. La Alcaldía también impuso que quienes usen motos lleven el número de matrícula en casco e indumentaria, debido al uso de esos vehículos para robos y homicidios. «Los sicarios no huyen en patineta o bicicleta, huyen en moto», aseguró López.
El 28 de marzo, la alcaldesa y el Gobierno anunciaron un paquete de resoluciones para reforzar la seguridad camino a las presidenciales, entre ellas el aumento del pie de fuerza policial con 1.000 efectivos, dos días después del atentado contra un puesto de mando en el sur de la ciudad. En esa acción murieron dos niños y 39 civiles más sufrieron lesiones.
Días antes, el 5 de marzo, otro puesto policial había sido atacado en la misma zona de Ciudad Bolívar, un conjunto de barrios vulnerables, sin que se produjeran víctimas. Las autoridades adjudicaron la ofensiva a las disidencias que se apartaron del Acuerdo de Paz que condujo al desarme, en 2017, de la ya extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Pese a que el pacto redujo sensiblemente la intensidad del conflicto armado, quedaron activos varios grupos armados que se financian principalmente del narcotráfico y libran una disputa territorial en varios puntos del país por el control de narco-cultivos y rutas para la salida de la cocaína.
Con el repunte de la violencia de fondo, la población colombiana irá a las urnas para elegir al sucesor del conservador Iván Duque. Las encuestas muestran como favorito al senador de izquierda y exguerrillero Gustavo Petro.
ama (afp, semana, rcn)
