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«La resolución emitida no se ajusta a lo que está establecido en la ley y en la Constitución», dijo Ruth López de Cristosal.La organización humanitaria Cristosal apeló este lunes (21.03.2022) ante la Corte de Cuentas de la República (CCR) la decisión de no investigar el posible uso de fondos estatales en la compra del software de espionaje Pegasus.
Amnistía Internacional (AI) informó en enero que en una investigación conjunta de las organizaciones Access Now y Citizen Lab identificaron «el uso a gran escala del programa espía Pegasus de NSO Group contra periodistas y miembros de organizaciones de la sociedad civil en El Salvador».
Ruth López, jefa Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal, indicó a la prensa que «la CCR tendría que investigar si hubo erogación de fondos públicos para la adquisición» del programa. «Consideramos que la resolución emitida no se ajusta a lo que está establecido en la ley y en la Constitución», dado que la CCR «tiene la obligación de verificar el uso de fondos públicos», agregó la abogada.
La semana anterior, López explicó a la agencia Efe que la CCR se declaró «no competente para conocer lo denunciado» para investigar los señalamientos hechos por Cristosal. «Es inaceptable que la CCR se abstenga conocer de su función de fiscalización para determinar la presunta compra gubernamental de un software que solo se les vende a actores estatales», dijo López.
Un representante de la Fiscalía General de la República (FGR) señaló el 17 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que «actualmente está en curso una investigación exhaustiva sobre el uso del programa Pegasus para intervenir informaciones telefónicas». Añadió que las diligencias realizadas no han logrado determinar «la existencia y el origen de las actividades señaladas».
Cristosal solicitó en una denuncia ante la Corte de Cuentas, en febrero, que se investigue la posible utilización de fondos estatales para el espionaje de periodistas y personas defensoras de derechos humanos mediante el programa Pegasus. Pidió en esa ocasión que «se realice un examen especial sobre el uso de los fondos públicos» del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), Ministerio de Seguridad, Presidencia de la República y del Ministerio de la Defensa.
El informe de Citizen Lab asegura que logró confirmar «35 casos de periodistas y miembros de la sociedad civil cuyos teléfonos se infectaron con éxito con el software espía Pegasus de NSO entre julio de 2020 y noviembre de 2021».
ama (efe, teleprensa)
