Fiscalía de Colombia estaría persiguiendo a defensores de Derechos Humanos de la ONG Temblores

Según la ONG Temblores, que denuncia la violencia policial contra manifestantes, dos de sus miembros tuvieron que salir del país tras porque la Fiscalía de Colombia estaría siguiéndolos sistemáticamente.»En días recientes nos reunimos con una fuente que nos proporcionó información confiable sobre la existencia de una presunta orden de seguimiento en contra de, al menos, dos miembros de nuestra organización por parte de la Fiscalía General de la Nación. En dicha reunión, nuestra fuente nos pudo confirmar que, desde hace dos semanas, las comunicaciones, los lugares de vivienda y los recorridos cotidianos de dos de nuestros integrantes están siendo vigilados por parte del ente acusador», sostuvo la ONG.

Temblores trabaja desde hace cuatro años en Colombia desde múltiples escenarios en la defensa de los derechos humanos y se ha hecho a conocer como una de las plataformas que sigue de cerca las denuncias de abuso policial que se vienen registrando en el marco de las protestas sociales que estallaron con gran fuerza desde 2019.

«En los últimos dos años, nuestro trabajo se ha concentrado en la creación de canales confiables para la recepción de denuncias sobre prácticas de violencia policial, la creación de bases de datos que registran, triangulan y verifican rigurosamente las violencias cometidas por miembros de la fuerza pública», explicó la organización.

Este 2021, cuando Colombia vivió sus protestas más fuertes, Temblores recogió información que muestra que 1.661 personas fueron víctimas de violencia física y 43 fueron asesinadas por presuntos miembros de la fuerza pública.

De hecho, hace unos días publicó junto a Amnistía Internacional y el Programa de Acción por la Igualdad (PAIIS) de la Universidad de Los Andes el informe ‘Tiros a la vista’, que concluye que al menos 103 personas fueron víctimas de traumas oculares ocasionados por agentes de la fuerza pública en el paro nacional. Texto que compartieron con la misma Fiscalía, que los citó para analizar esas denuncias.

Tras conocer de la presunta orden de seguimiento en contra de sus integrantes, la organización afirmó que es una práctica de hostigamiento a su labor de defensores de derechos humanos y ya radicó un derecho de petición ante la Fiscalía en el que le solicitan información sobre si actualmente existe un grupo de trabajo, o cualquier funcionario de su entidad, encargado de vigilar a algún integrante de Temblores.

«Se nos informe si en la actualidad existe una orden de seguimiento a los dos miembros de nuestra organización referidos por nuestra fuente, o a cualquier otro miembro y, de igual forma, en qué consiste dicha orden y sus sustentos fácticos y jurídicos”, pidió la ONG.

Denuncia pública y compromiso con la defensa del Estado Social de derecho

También, que de no tener algún sustento fáctico y jurídico legítimo para efectuar los seguimientos a estos dos miembros, o cualquier otro miembro del equipo de Temblores, se detengan los seguimientos e interceptaciones a cualquiera de ellos.

«Se nos entreguen copias a nuestro costo de cualquier acto preparatorio, administrativo, judicial o cualquier otro tipo de documentación interna de la Fiscalía, o al cual la Fiscalía haya tenido acceso en el cual se ordenen seguimientos a Temblores ONG o cualquiera de sus miembros», solicitó la ONG.

En esta denuncia pública, la organización aprovechó para reiterar su compromiso con la defensa del Estado Social de derecho, la Constitución Política y el esclarecimiento de los hechos en los cuales miles de personas han sido violentadas por presuntos miembros de la fuerza pública en el país.

La Policía ejecutó «masacre» en los los barrios pobres

La policía colombiana reprimió con «violencia desproporcionada» a jóvenes pobres que protestaron en Bogotá en septiembre de 2020 y terminó causando una «masacre» con 14 fallecidos, según un informe independiente entregado este 13 de diciembre a la alcaldesa de la ciudad, Claudia López.

El 9 y 10 de septiembre multitudes con piedras, palos y bombas incendiarias se volcaron hacia los puestos barriales de la policía en Bogotá y en el aledaño municipio de Soacha, a raíz del asesinato de Javier Ordóñez (43 años) a manos de dos uniformados que lo sometieron a un brutal castigo que quedó grabado en celulares.

jov (efe, WRadio)