La Asamblea Nacional aprob\u00f3 una nueva ley dirigida a controlar el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. Ram\u00f3n Cardozo lo analiza en su columna.En medio de un clima de protestas laborales en Venezuela, la mayor\u00eda chavista de la Asamblea Nacional (AN), electa en el 2020, aprob\u00f3 el martes 24 de enero de 2023, en primera discusi\u00f3n, el proyecto de ley de “Fiscalizaci\u00f3n, Regularizaci\u00f3n, Actuaci\u00f3n y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines\u201d.<\/p>\n
Esta ley est\u00e1 dirigida a controlar el funcionamiento de las oeneg\u00e9s que hacen vida en el pa\u00eds. Este proyect\u00f3 ahora pasar\u00e1 a la subcomisi\u00f3n de Pol\u00edtica Interior y luego regresar\u00e1 nuevamente a la plenaria del Parlamento para su sanci\u00f3n y posterior promulgaci\u00f3n por parte del Ejecutivo.<\/p>\n
De acuerdo con Amnist\u00eda Internacional, con esta decisi\u00f3n “la Asamblea Nacional de Venezuela dio el primer paso hacia la aprobaci\u00f3n de un proyecto de ley que busca controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que operan en Venezuela\u201d. En el mismo sentido la organizaci\u00f3n public\u00f3 un comunicado suscrito por varias organizaciones internacionales de DD. HH., las cuales expresaron su rechazo a la iniciativa gubernamental, calific\u00e1ndola como “un proyecto de ley que busca criminalizar y obstaculizar a\u00fan m\u00e1s el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela\u201d.<\/p>\n
Por su parte, el Foro c\u00edvico, una plataforma de organizaciones de la sociedad civil venezolana, emiti\u00f3 tambi\u00e9n un comunicado donde se\u00f1al\u00f3 que el “proyecto est\u00e1 dise\u00f1ado en clara vulneraci\u00f3n a los derechos humanos de libertad de asociaci\u00f3n, participaci\u00f3n y actuaci\u00f3n ciudadana en los asuntos p\u00fablicos\u201d.<\/p>\n
En el discurso de presentaci\u00f3n del proyecto de ley, Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido Venezolano (PSUV) y segunda figura de poder dentro del Chavismo, acus\u00f3 a las ONG venezolanas de ser agentes de gobiernos extranjeros que buscan desestabilizar al pa\u00eds: “Hoy las oeneg\u00e9s que operan en nuestro pa\u00eds tienen que ver exclusivamente, casi todas, con el \u00e1mbito pol\u00edtico, con el fin preciso de generar desestabilizaci\u00f3n a nuestro pa\u00eds\u201d. Cabello adem\u00e1s indic\u00f3 que han identificado 62 organizaciones de la sociedad civil “que operan con fines absolutamente pol\u00edticos y que reciben financiamiento de gobiernos distintos al Gobierno bolivariano y el fin es imponer su democracia, lo que ellos interpretan como democracia\u201d.<\/p>\n
Argumentos contra las oeneg\u00e9s<\/p>\n
Los prejuicios de este alto personaje chavista respecto a los fines, actividades, y autonom\u00eda de las organizaciones no gubernamentales en el pa\u00eds quedaron plasmados en la exposici\u00f3n de motivos del referido proyecto de ley. All\u00ed se arranca acusando a las oeneg\u00e9s de ser una especie de caballo de troya de los centros de poder mundial.<\/p>\n
En esta exposici\u00f3n de motivos se se\u00f1ala que, “desde la segunda mitad del siglo XX, se ha intentado fomentar el uso de la asociaci\u00f3n civil, como mecanismo que promueve y desarrolla acciones en determinados pa\u00edses, fomentadas y financiadas desde los centros de poder hegem\u00f3nico\u201d.<\/p>\n
De acuerdo con los redactores gubernamentales de este proyecto de ley, “existe una tendencia a abusar de la libertad de asociaci\u00f3n mediante estas figuras en beneficio del moderno imperialismo, reafirmando las premisas del neoliberalismo y, al mismo tiempo, actuando para promover o apoyar las intervenciones militares\u201d.<\/p>\n
Con estos “argumentos\u201d, similares a los expresados por Ortega en Nicaragua, el oficialismo chavista enmascara su necesidad de establecer estrictos mecanismos fiscalizadores al libre desenvolvimiento de las asociaciones civiles y restringir, a\u00fan m\u00e1s, el espacio c\u00edvico venezolano. <\/p>\n
Todo esto, seg\u00fan el proyecto, en “aras de salvaguardar los intereses nacionales y garantizar el uso transparente y leg\u00edtimo del derecho de asociaci\u00f3n, limitando y castigando tan s\u00f3lo los usos ama\u00f1ados y fraudulentos de estas figuras en contra de los intereses venezolanos\u201d.<\/p>\n
Obstaculizar e impedir las actividades de las oeneg\u00e9s en Venezuela<\/p>\n
En l\u00ednea con su esp\u00edritu interventor, el proyecto de ley establece para las oeneg\u00e9s, adem\u00e1s del cumplimiento del registro establecido por el C\u00f3digo Civil venezolano, la obligaci\u00f3n de inscribirse en un nuevo Registro Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, y de mantener informado de forma peri\u00f3dica y pormenorizada al Estado sobre de sus actividades, sobre la plena identidad de las fuentes de su financiamiento, y sobre las relaciones que estas organizaciones mantienen con otros sujetos, nacionales o internacionales.<\/p>\n
Por otra parte, a las oeneg\u00e9s que operen en el pa\u00eds se les proh\u00edbe: “1. Recibir aportes destinados a organizaciones con fines pol\u00edticos; 2. Realizar actividades pol\u00edticas; 3. Promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la Rep\u00fablica; 4. Cualquier otro acto prohibido en la legislaci\u00f3n venezolana\u201d. Se deja a criterio del Ejecutivo la potestad de determinar cu\u00e1ndo una actividad puede ser considerada pol\u00edtica o desestabilizadora.<\/p>\n
En los casos de incumplimiento de sus normas, el proyecto contempla multas de hasta 12.000 d\u00f3lares y la posibilidad de la suspensi\u00f3n o disoluci\u00f3n de la oeneg\u00e9. Si el il\u00edcito est\u00e1 relacionado con el deber de notificar donaciones, adem\u00e1s de la multa equivalente al doble de lo recibido, se podr\u00edan establecer responsabilidades civiles y penales vinculadas con delitos de legitimaci\u00f3n de capitales y financiamiento al terrorismo.<\/p>\n
Progresivo cierre del espacio c\u00edvico venezolano<\/p>\n
Con este tipo de medidas inconstitucionales y violatorias de las normas internacionales de protecci\u00f3n de los derechos humanos y libertades fundamentales, las autoridades venezolanas estar\u00edan “profundizando su pol\u00edtica de criminalizaci\u00f3n, persecuci\u00f3n y eventual suspensi\u00f3n e ilegalizaci\u00f3n de organizaciones de la sociedad civil aut\u00f3nomas e independientes\u201d seg\u00fan se se\u00f1ala en un comunicado de PROVEA, organizaci\u00f3n no gubernamental defensora de derechos humanos en Venezuela.<\/p>\n
Efectivamente, este proyecto de ley no es un hecho aislado, ni sobrevenido, sino que por el contrario viene a ser parte de una pol\u00edtica estatal de cierre continuado del espacio c\u00edvico venezolano, iniciada por Hugo Ch\u00e1vez desde su llegada al poder en 1999, tal como se puede constatar revisando la ca\u00edda sostenida que ha tenido el \u00cdndice Central de la Sociedad Civil (CCSI) desarrollado por el Proyecto Variedades de Democracia (V-dem).<\/p>\n
La solidez de la sociedad civil<\/p>\n
El \u00cdndice Central de la Sociedad Civil (CCSI), por su parte, est\u00e1 dise\u00f1ado para medir entre 0 y 1 qu\u00e9 tan s\u00f3lida es la sociedad civil de un pa\u00eds, defini\u00e9ndose a la sociedad civil como aquel espacio social que disfruta de autonom\u00eda frente al Estado y donde los ciudadanos persiguen libre y activamente sus objetivos pol\u00edticos y c\u00edvicos.<\/p>\n
De acuerdo con los datos de V-Dem, el \u00cdndice Central de la Sociedad Civil en 1998 era de 0,88. A partir de ese momento, este \u00edndice ha venido cayendo de manera ininterrumpida hasta llegar a 0,31 en el a\u00f1o 2021 (\u00faltima medici\u00f3n).<\/p>\n
Este bajo nivel, muy inferior al promedio de 0,7 para Am\u00e9rica Latina en ese a\u00f1o, solo es todav\u00eda m\u00e1s bajo en los casos de Nicaragua (0,1) y Cuba (0,03).<\/p>\n
Estos datos son consistentes con recientes informes elaborados por organizaciones no gubernamentales venezolanas, como el del “Centro para los Defensores y la Justicia (CDS)\u201d. Esta oeneg\u00e9, en su informe de diciembre de 2022, denunci\u00f3 c\u00f3mo durante el per\u00edodo 2017-2021 el Estado venezolano hab\u00eda ido afianzando su “pol\u00edtica de criminalizaci\u00f3n, represi\u00f3n y control social, evidenciando un incremento progresivo en las vulneraciones a las libertades fundamentales, principalmente los derechos a la asociaci\u00f3n, reuni\u00f3n, manifestaci\u00f3n, expresi\u00f3n, opini\u00f3n y defensa de derechos humanos\u201d.<\/p>\n
Agresiones contra la acci\u00f3n humanitaria<\/p>\n
Entre los a\u00f1os 2017 y 2021, el CDS registr\u00f3 un total de 1.654 ataques e incidentes por parte del Estado en contra de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos y de acci\u00f3n humanitaria en Venezuela. El n\u00famero de ataques ha venido aumentado todav\u00eda m\u00e1s en los \u00faltimos tres a\u00f1os. En el 2021 hubo 5,5 veces m\u00e1s ataques que en el a\u00f1o 2019.<\/p>\n
Los principales patrones de agresi\u00f3n y amedrentamiento detectados fueron: estigmatizaci\u00f3n (1.112), intimidaci\u00f3n y hostigamiento (301), amenaza (101), detenciones arbitrarias (37), judicializaci\u00f3n (22), allanamientos (18) y ataques digitales (35). Los ataques e incidentes se han centrado principalmente en acciones dirigidas a neutralizar, castigar, restringir y obstaculizar la defensa, exigencia y promoci\u00f3n de los derechos humanos.<\/p>\n
Junto con estos patrones de violencia estatal, en el informe del CDS se identific\u00f3 una serie de medidas f\u00e1cticas y legales dictadas por el r\u00e9gimen de Nicol\u00e1s Maduro dirigidas a criminalizar, obstaculizar, restringir y neutralizar la defensa de los derechos humanos en el pa\u00eds y la cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n
En relaci\u00f3n con el funcionamiento de las ONG, destacan las siguientes medidas:<\/p>\n
a) Decreto de Excepci\u00f3n y Emergencia Econ\u00f3mica, utilizado para dar legalidad a la tesis del enemigo interno del Estado, calificando como tal a toda persona o grupo que se oponga a los intereses o lineamientos del gobierno;<\/p>\n
b) Ley Contra el Odio la Intolerancia y por la Convivencia Pac\u00edfica, la cual facilita la criminalizaci\u00f3n y judicializaci\u00f3n de cualquier persona que exprese opiniones cr\u00edticas o que disientan de las pol\u00edticas oficiales de gobierno;<\/p>\n
c) Suspensi\u00f3n y limitaci\u00f3n desde el 2019 por parte del SAREN de las actividades de registro a las fundaciones organizaciones no gubernamentales, asociaciones y fundaciones;<\/p>\n
d) Resoluci\u00f3n conjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Interior y Justicia para la regulaci\u00f3n de las organizaciones internacionales no domiciliadas en Venezuela;<\/p>\n
e) Circular de la Superintendencia de Bancos SIB-DSB-CJ-OD-0652418. Esta circular, permite el monitoreo y fiscalizaci\u00f3n de las cuentas bancarias de las organizaciones no gubernamentales y asociaciones sin fines de lucro del pa\u00eds, que el gobierno considere como sospechosas de estar vinculadas con actividades il\u00edcitas o de terrorismo.<\/p>\n
f) Providencia Administrativa N\u00b0 ONCDOFT-002-20219, la cual estableci\u00f3 que las organizaciones no gubernamentales deben inscribirse en el Registro Unificado de Sujetos Obligados de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al terrorismo.<\/p>\n
Una de las principales preocupaciones expresadas en este informe del CDS se refiere al “aumento del uso del derecho penal para perseguir, como tambi\u00e9n la promulgaci\u00f3n de nuevos instrumentos normativos asociados a temas de terrorismo, delincuencia organizada y legitimaci\u00f3n de capitales, para as\u00ed justificar la tesis del enemigo interno\u201d. Lamentablemente, los peores temores reflejados en este informe se han visto confirmados por el proyecto de ley presentado por el chavismo el martes pasado.<\/p>\n
Cada vez luce m\u00e1s oscuro el horizonte para la actuaci\u00f3n de las organizaciones no gubernamentales en Venezuela.(ms)<\/p>\n
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