La organizaci\u00f3n asegura haber tenido acceso a documentos del Ministerio de Seguridad del Gobierno de Nayib Bukele.La organizaci\u00f3n humanitaria Human Rights Watch (HRW) dijo este viernes (27.01.2023) que la filtraci\u00f3n de una base de datos del Gobierno de El Salvador “permite corroborar graves violaciones de derechos humanos” en el contexto de un r\u00e9gimen de excepci\u00f3n vigente desde marzo de 2022.<\/p>\n
“Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n”, afirm\u00f3 Tamara Taraciuk, directora en funciones para las Am\u00e9ricas de HRW, en un comunicado. A\u00f1adi\u00f3 que “los datos revelan que las autoridades salvadore\u00f1as han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de ni\u00f1os, a un hacinamiento extremo en centros de detenci\u00f3n abarrotados”.<\/p>\n
Adem\u00e1s, seg\u00fan Taraciuk, apunta a que las autoridades “han hecho muy poco para garantizar el acceso a la justicia para las v\u00edctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”.<\/p>\n
De acuerdo con la organizaci\u00f3n, esta base de datos “respalda hallazgos sobre violaciones masivas del debido proceso, hacinamiento extremo en centros penales y muerte de personas bajo custodia en El Salvador”. HRW tambi\u00e9n sostuvo que los datos -que supuestamente pertenecen al Ministerio de Seguridad- apoyan los se\u00f1alamientos hechos junto a la organizaci\u00f3n Cristosal en un informe sobre violaciones a derechos humanos.<\/p>\n
“Para evaluar su autenticidad, Human Rights Watch compar\u00f3 los nombres de la base de datos con otras fuentes, incluidos casos documentados por organizaciones locales o reportados en los medios de comunicaci\u00f3n, e identific\u00f3 m\u00e1s de 300 coincidencias”, asegur\u00f3 la fuente.<\/p>\n
Destac\u00f3 que el documento da cuenta de la detenci\u00f3n, al menos hasta agosto, de 918 ni\u00f1os y 164 ni\u00f1as que “hab\u00edan sido enviados a detenci\u00f3n provisional”. Tambi\u00e9n, que m\u00e1s de 39.000 personas hab\u00edan sido acusadas del delito de “agrupaciones il\u00edcitas” y m\u00e1s de 8.000 de pertenecer a una “organizaci\u00f3n terrorista”, mientras que “muchas menos personas hab\u00edan sido acusadas de delitos violentos”.<\/p>\n
HRW y Cristosal concluyeron, en un informe de diciembre de 2022, que en El Salvador “se han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos durante el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n”, entre ellas detenciones “arbitrarias masivas”, torturas, muertes bajo custodia estatal y procesos penales “abusivos”.<\/p>\n
A finales de marzo de 2022, el Congreso aprob\u00f3 el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n a petici\u00f3n del Gobierno de Nayib Bukele tras una escalada de asesinatos atribuidos a las pandillas. La medida se ha ampliado en 10 ocasiones.<\/p>\n
De acuerdo con el Gobierno, son m\u00e1s de 61.300 supuestos pandilleros detenidos, pero se han liberado a m\u00e1s de 3.300 personas por orden de la Fiscal\u00eda y los tribunales, aunque “en muchos casos” bajo la medida de libertad condicional, seg\u00fan HRW.<\/p>\n
ama (efe, reuters)<\/p>\n