Las manifestaciones contra la mandataria peruana siguen adelante con la mirada puesta en Lima. Hay apoyo financiero de grupos ilegales, dice experto consultado por DW.Lejos de calmarse, la crisis pol\u00edtica en Per\u00fa no deja de escalar. Ni los esfuerzos de la presidenta Dina Boluarte, que pidi\u00f3 perd\u00f3n por el medio centenar de muertos registrados en las protestas, han apaciguado los \u00e1nimos, ni tampoco la declaraci\u00f3n de estado de emergencia en Lima. Por si eso fuera poco, el m\u00e1s reciente sondeo del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), conocido el fin de semana, revela que el 71 por ciento de los encuestados rechaza al Ejecutivo que asumi\u00f3 tras la ca\u00edda de Pedro Castillo.<\/p>\n
Un escenario sombr\u00edo que se ve empeorado por las exigencias de los manifestantes: adelanto de elecciones, renuncia de Boluarte y nueva Constituci\u00f3n. “Es casi una receta impuesta desde que empezaron todas estas protestas tras la ca\u00edda de Castillo\u201d, dice a DW el analista pol\u00edtico y consultor Pedro Yaranga, quien sostiene que el desorden social es alentado por grupos muy espec\u00edficos. “Est\u00e1 claro que ac\u00e1 hay una intervenci\u00f3n de las econom\u00edas ilegales y de los rezagos del terrorismo\u201d, sostiene.<\/p>\n
Robert Helbig, representante en Per\u00fa de la fundaci\u00f3n alemana Konrad Adenauer, coincide en la presencia de grupos radicalizados, aunque matiza que hay mucha diversidad entre los manifestantes. “Hay ciudadanos de zonas urbanas y rurales que est\u00e1n ejerciendo su leg\u00edtimo derecho a la protesta, organizaciones sociales y sindicales que tienen poder de convocatoria a nivel regional, comunidades campesinas, y otros\u201d. <\/p>\n
El rol de las econom\u00edas ilegales<\/p>\n
Los bloqueos de carreteras y, con ello, el virtual cierre de ciudades enteras, ha sido exitoso por la masividad de las marchas, pero tambi\u00e9n por otros factores, dice Helbig. “En las regiones del sur, como Cusco y Puno, se han visto grupos numerosos. No obstante, las ciudades se han paralizado, no solo por la cantidad de participantes, sino por la precauci\u00f3n de quienes no participan, pero temen ser atacados. Incluso hay lugares donde la poblaci\u00f3n ha recibido amenazas por no unirse a la protesta\u201d, explica.<\/p>\n
Yaranga, por su parte, destaca los intereses econ\u00f3micos que impulsan las movilizaciones. “Estas protestas son costosas, porque hay que movilizar a la gente. En Per\u00fa los ciudadanos no tienen tantos recursos como para hacer aportes a las movilizaciones, porque la gran mayor\u00eda vive de lo que genera en el d\u00eda. La gente no puede estar sin trabajar tantas semanas\u201d, dice, teniendo presente que las protestas comenzaron ya en diciembre.<\/p>\n
El experto cita un estudio publicado hace unas semanas que asegura que la principal actividad ilegal de Per\u00fa no es el narcotr\u00e1fico, sino la explotaci\u00f3n ilegal de oro, seguida por la trata de personas. “Las protestas se acent\u00faan en zonas donde hay econom\u00edas ilegales, y tambi\u00e9n la manipulaci\u00f3n de parte de gente relacionada a Sendero Luminoso. Hablamos de una regi\u00f3n que va desde Madre de Dios hasta Puno, que es la zona m\u00e1s larga donde opera, sobre todo, la miner\u00eda ilegal del oro\u201d, sostiene.<\/p>\n
Protestas con poder de cambio<\/p>\n
\u00bfPodr\u00e1n estos movimientos ejercer presi\u00f3n suficiente como para sacar a Boluarte? Helbig cree que es una posibilidad. “La presi\u00f3n ejercida por las protestas contra el r\u00e9gimen de Manuel Merino\u201d, -explica, en referencia al mandatario que reemplaz\u00f3 a Mart\u00edn Vizcarra en noviembre de 2020 y estuvo 5 d\u00edas en el poder- “tuvieron la potencia suficiente para forzar su salida. Hay a\u00fan mucho descontento y agitaci\u00f3n a pesar del pedido de \u2018perd\u00f3n’ de la presidenta Boluarte\u201d, dice.<\/p>\n
Sin embargo, estos grupos son fuertes principalmente fuera de la capital, y “llegar a Lima es bastante dif\u00edcil\u201d, estima Yaranga. “Pero, claro, tienen mucho dinero. Por ejemplo, despu\u00e9s del 4 de enero mandaron a casi 3.500 personas del Valle de los R\u00edos Apur\u00edmac, Ene y Mantaro, una zona cocalera. Ah\u00ed vinieron en camionetas, y el costo del alquiler de las camionetas oscilaba entre 300 y 350 d\u00f3lares diarios. \u00bfY qui\u00e9n estaba detr\u00e1s de eso? Los clanes de la droga y los remanentes del terrorismo\u201d, explica el experto.<\/p>\n
Yaranga, sin embargo, ve una luz al final del t\u00fanel. “La gente se est\u00e1 dando cuenta, sabe de d\u00f3nde vienen los recursos, y muchos se est\u00e1n organizando en algunas zonas, se est\u00e1n rebelando contra la protesta, porque ya no tienen nada para comer\u201d. El problema, estima Helbig, es la violencia policial, que en lugar de calmar la situaci\u00f3n, tiende a incendiarla m\u00e1s. “Definitivamente, las muertes y la represi\u00f3n caldean los \u00e1nimos y hay quienes se inclinan por radicalizar a\u00fan m\u00e1s la protesta\u201d.<\/p>\n
(cp)<\/p>\n