El Comit\u00e9 de Derechos Humanos de la ONU concluye que Espa\u00f1a “viol\u00f3 los derechos pol\u00edticos de exmiembros del Gobierno y el Parlamento de Catalu\u00f1a” al suspender de sus funciones p\u00fablicas a encausados en el “proc\u00e9s”.El dictamen de este \u00f3rgano asesor de la ONU, cuyas decisiones no tienen car\u00e1cter vinculante, da la raz\u00f3n a una denuncia presentada en 2018 por el exvicepresidente catal\u00e1n Oriol Junqueras y los exconsellers Ra\u00fcl Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, quienes alegaron que la suspensi\u00f3n de sus funciones sin existir una condena previa violaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos.<\/p>\n
Los dict\u00e1menes del comit\u00e9, un mecanismo que se autodefine como “cuasi-judicial”, suponen recomendaciones que en principio no son vinculantes, pero s\u00ed se considera que deben ser tenidos en cuenta por los firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos (entre ellos Espa\u00f1a), a cuyo art\u00edculo 25 se han acogido los denunciantes.<\/p>\n
Rajoy disolvi\u00f3 gobierno y parlamento catalanes<\/p>\n
El dictamen responde a una denuncia en diciembre de 2018 de cuatro antiguos miembros del gobierno regional del separatista Carles Puigdemont, que entonces estaban encarcelados a la espera de ser juzgados por el refer\u00e9ndum ilegal y la declaraci\u00f3n de independencia de octubre de 2017. Despu\u00e9s de esa declaraci\u00f3n, el gobierno espa\u00f1ol, entonces dirigido por el conservador Mariano Rajoy, intervino la autonom\u00eda regional y disolvi\u00f3 el gobierno y el parlamento catal\u00e1n. Desde la c\u00e1rcel o el exilio, los antiguos miembros del gobierno catal\u00e1n consiguieron ser reelegidos en el Parlamento regional en las siguientes elecciones, pero meses despu\u00e9s fueron suspendidos de sus cargos por la justicia.<\/p>\n
El comit\u00e9 considera que “las restricciones de los derechos pol\u00edticos deben aplicarse con mayor rigor si estas restricciones se producen previamente, y no posteriormente, a una condena por un delito”, se\u00f1ala H\u00e9l\u00e8ne Tigroudja, miembro de este organismo citada en un comunicado de la ONU. El dictamen, que cuenta con dos votos discrepantes, pone de relieve que la suspensi\u00f3n de sus cargos estuvo motivada por la acusaci\u00f3n del delito de rebeli\u00f3n contra ellos, de la que finalmente no fueron declarados culpables.<\/p>\n
Encarcelados, condenados, indultados<\/p>\n
“La acusaci\u00f3n en contra de los demandantes por el delito de rebeli\u00f3n, que result\u00f3 en la suspensi\u00f3n autom\u00e1tica de sus cargos con anterioridad a la existencia de una condena, no era previsible y, por tanto, no se basaba en motivos previstos por la ley que sean razonables y objetivos”, indic\u00f3 el comunicado. El texto tambi\u00e9n destaca que el delito de rebeli\u00f3n “exige un alzamiento violento contra el orden constitucional” y, en cambio, los demandantes “hab\u00edan instado a la ciudadan\u00eda a mantenerse estrictamente pac\u00edfica”.<\/p>\n
En octubre de 2019, los cuatro fueron condenados por el Tribunal Supremo espa\u00f1ol junto a otros cinco l\u00edderes independentistas a penas de entre 9 y 13 a\u00f1os de c\u00e1rcel por delitos de sedici\u00f3n y, en algunos casos, malversaci\u00f3n. En junio de 2021, recibieron el indulto del jefe del gobierno espa\u00f1ol, el socialista Pedro S\u00e1nchez.<\/p>\n
jov (efe, afp)<\/p>\n