Defensores de derechos humanos en Venezuela califican las escuchas telef\u00f3nicas como parte de una pol\u00edtica de vigilancia masiva del Estado sobre los ciudadanos.El 22 de junio pasado, la ONG venezolana “Ve Sin Filtro\u201d denunci\u00f3, con base en el “Informe de Transparencia en las Comunicaciones 2021\u201d de la empresa Telef\u00f3nica, “el uso indiscriminado y masivo de la interceptaci\u00f3n de las comunicaciones de los venezolanos suscriptores de esa operadora, por orden de los organismos de seguridad\u201d.<\/p>\n
Telef\u00f3nica, casa matriz de Movistar, opera en Venezuela desde el a\u00f1o 2005. Con el 49.83% del mercado y con aproximadamente 8 millones de l\u00edneas en uso, Telef\u00f3nica (Movistar) es la m\u00e1s grande de las empresas que prestan servicios de telefon\u00eda m\u00f3vil en el pa\u00eds, seg\u00fan el reporte del a\u00f1o 2020 de la Comisi\u00f3n Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL).<\/p>\n
Desde el 2015, Telef\u00f3nica ha venido publicando anualmente un informe titulado “Transparencia en las Comunicaciones\u201d. Hasta la fecha ha publicado siete informes. De acuerdo con el \u00faltimo, durante el a\u00f1o 2021, Telef\u00f3nica realiz\u00f3 1.584.547 intercepciones en sus l\u00edneas telef\u00f3nicas de Venezuela, lo cual afect\u00f3 a alrededor de un 20% de sus accesos (clientes) en el pa\u00eds. Estas intervenciones telef\u00f3nicas respondieron a 861.004 requerimientos de autoridades del gobierno venezolano (Ministerio Publico; Cuerpo de Investigaciones Cient\u00edficas y Criminal\u00edsticas; Servicio Bolivariano de Inteligencia; cuerpos de polic\u00eda; Universidad Nacional Experimental de la Seguridad).<\/p>\n
La cifra de un 20% de accesos afectados (clientes) en Venezuela es sorprendentemente alta si se observa que durante el mismo a\u00f1o en el resto de los otros pa\u00edses donde Telef\u00f3nica presta este tipo de servicios (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Espa\u00f1a, M\u00e9xico, Per\u00fa, Reino Unido y Uruguay) las intervenciones legales realizadas por la empresa no llegaron en ning\u00fan caso al 0,3% de sus accesos (clientes) de esos pa\u00edses, de acuerdo con los c\u00e1lculos realizados por “Ve Sin Filtro\u201d.<\/p>\n
Cifras en aumento<\/p>\n
Otras cifras a tener en consideraci\u00f3n para evaluar lo anormal de la situaci\u00f3n venezolana, es el hecho de que el n\u00famero de requerimientos de intervenciones telef\u00f3nicas y de accesos (clientes) afectados se ha venido incrementando anualmente de forma muy pronunciada desde el a\u00f1o 2013 (reportado en el informe del 2016), hasta el 2021, a\u00f1o del \u00faltimo informe.<\/p>\n
Entre los a\u00f1os 2013 y 2021, Telef\u00f3nica recibi\u00f3 en Venezuela las siguientes cantidades de requerimientos de Interceptaciones telef\u00f3nicas por a\u00f1o: 186.659 (2013); 235.201 (2014); 339.646 (2015) 380.250 (2016); 234.932 (2017); 639.911 (2018); 651.446 (2019); 736.498 (2020); y 861.004 (2021). Los requerimientos a Telef\u00f3nica, por tanto, se multiplicaron casi por cinco entre el 2013 y el 2021. En total, durante ese periodo de tiempo Telef\u00f3nica recibi\u00f3 y proces\u00f3 4.265.547 requerimientos de Interceptaciones telef\u00f3nicas de parte de las autoridades venezolanas.<\/p>\n
Respecto al n\u00famero de accesos (clientes) afectados por las referidas solicitudes durante ese periodo, los informes de Telef\u00f3nica solo reportan cifras para Venezuela a partir del 2016. Sin embargo, los datos son igualmente alarmantes. Entre los a\u00f1os 2016 y 2021, las intervenciones a las comunicaciones realizadas por Telef\u00f3nica afectaron por a\u00f1o al siguiente n\u00famero de accesos (clientes): 418.960 (2016); 234.932 (2017); 1.091.668 (2018); 1.212.732 (2019); 1.401.311 (2020); y 1.584.547 (2021). Se puede observar que entre el 2016 y el 2021, el n\u00famero de accesos (clientes) afectados casi se cuadruplic\u00f3. En total durante esos seis a\u00f1os, Telef\u00f3nica afect\u00f3 5.944.150 accesos (clientes) en Venezuela. <\/p>\n
Estas cifras aqu\u00ed referidas son solo una parte del uso masivo de las intervenciones de las comunicaciones en Venezuela, ya que ellas solo corresponden a las “Interceptaciones legales\u201d que realiz\u00f3 Telef\u00f3nica, empresa que opera el 50% de las l\u00edneas de tel\u00e9fonos celulares en el pa\u00eds. Respecto al otro 50%, las empresas Digitel y Telcel, cada una con un 25% del mercado, no se tiene datos ya que estas empresas nunca han suministrado este tipo de informaci\u00f3n. Telcel es una empresa del Estado venezolano. No existe raz\u00f3n, sin embargo, para presumir que en este restante 50% la situaci\u00f3n haya sido muy diferente a la de Telef\u00f3nica.<\/p>\n
La comparaci\u00f3n entre las elevadas cifras de Interceptaciones telef\u00f3nicas en Venezuela (20%) y las muy bajas cifras de pa\u00edses similares de la regi\u00f3n, como Brasil (0,28%); Argentina (0,05%); Chile (0,05%) o Colombia (0,00%), hace inadmisible que se pretenda justificar todo ese volumen de intervenciones telef\u00f3nicas como un recurso legal para el combate de la delincuencia en el pa\u00eds. De all\u00ed que m\u00faltiples defensores de derechos humanos en Venezuela han calificado estas intervenciones como parte de una pol\u00edtica de vigilancia masiva del Estado sobre los ciudadanos.<\/p>\n
Interceptaci\u00f3n de comunicaciones personales en entornos no democr\u00e1ticos<\/p>\n
Para los ciudadanos venezolanos, esta sistem\u00e1tica y desmesurada intervenci\u00f3n del gobierno en su vida privada se agrava por la ausencia en el pa\u00eds de un verdadero Estado de derecho, tal como ha sido constatado y reflejado desde hace varios a\u00f1os en los informes de organismos internacionales y nacionales sobre las violaciones de los derechos humanos en Venezuela.<\/p>\n
La Constituci\u00f3n venezolana, en su art\u00edculo 48, garantiza “el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas\u201d y establece que “no podr\u00e1n ser interferidas sino por orden de un tribunal competente, con el cumplimiento de las disposiciones legales y preserv\u00e1ndose el secreto de lo privado que no guarde relaci\u00f3n con el correspondiente proceso\u201d. E igualmente, en su art. 60, el texto constitucional afirma que “toda persona tiene derecho a la protecci\u00f3n de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputaci\u00f3n\u201d. Sin embargo, en la pr\u00e1ctica son muchos los venezolanos que se han visto en situaci\u00f3n de total indefensi\u00f3n frente al escarnio p\u00fablico y\/o a procesos judiciales a consecuencia de intervenciones arbitrarias, muchas de ellas ilegales, de sus comunicaciones personales. <\/p>\n
Por ejemplo, “en el a\u00f1o 2020 se registraron 16 casos de detenciones arbitrarias por la difusi\u00f3n de contenidos a trav\u00e9s de WhatsApp. La cr\u00edtica pol\u00edtica, denuncias sociales, informaci\u00f3n sobre altos funcionarios, denuncias sobre presuntos hechos de corrupci\u00f3n, la difusi\u00f3n de convocatorias para protestar, o la mera circulaci\u00f3n de informaci\u00f3n por parte de periodistas fueron parte de los contenidos que llevaron a las encarcelaciones\u201d, seg\u00fan se se\u00f1ala en el informe “Privacidad y datos personales en Venezuela\u201d (2022) de la ONG “Espacio P\u00fablico\u201d.<\/p>\n
Jos\u00e9 Vicente Haro, constitucionalista y profesor de derecho de la Universidad Central de Venezuela, se\u00f1ala que en su experiencia como abogado defensor de derechos humanos ha visto en los \u00faltimos a\u00f1os c\u00f3mo en Venezuela se realiza con mucha frecuencia la detenci\u00f3n de personas con base en escuchas ilegales: “De los 337 casos de detenciones arbitrarias donde actu\u00e9 como abogado defensor, el 67% de ellas estaban basadas en la intercepci\u00f3n de comunicaciones privadas sin autorizaci\u00f3n judicial para el momento en el que se produjo la detenci\u00f3n. La gran mayor\u00eda de estas personas eran simples ciudadanos, muchos estudiantes y, algunos, menores de edad, a los cuales se les pretendi\u00f3 atribuir y acusar de cometer delitos contra el Estado, no obstante estar en ejercicio de sus derechos a la manifestaci\u00f3n y libertad de expresi\u00f3n al sumarse a las protestas en contra del gobierno\u201d.<\/p>\n
Por su parte, Roc\u00edo San Miguel, abogada venezolana experta en temas militares y fundadora de la ONG Control Ciudadano, advierte que otro elemento que agudiza la orfandad de los ciudadanos frente a la invasi\u00f3n de su privacidad por parte del Estado venezolano es la total desregulaci\u00f3n que caracteriza al Sistema Nacional de Inteligencia y de Contrainteligencia del pa\u00eds: “El Sistema Nacional de inteligencia y de contrainteligencia est\u00e1 completamente desregularizado. Es decir, no hay una norma rectora, tal como lo exige la Constituci\u00f3n, que establezca las reglas del funcionamiento del Sistema, sus l\u00edmites y los controles democr\u00e1ticos a los que debe estar sometida su actuaci\u00f3n. La actual desregulaci\u00f3n del Sistema de inteligencia le otorga una gran discrecionalidad a los \u00f3rganos que realizan estas labores, gener\u00e1ndose perversiones que atentan contra los derechos humanos de los venezolanos\u201d. <\/p>\n
Para San Miguel, “una caracter\u00edstica que tienen buena parte de las escuchas en Venezuela es que no solo son masivas, sino que se convierten en indeterminadas en el tiempo y el uso que se le da a la informaci\u00f3n termina siendo discrecional\u201d. En este contexto, la sociedad entera se siente bajo permanente sospecha. Por ello, concluye San Miguel, “la sensaci\u00f3n de indefensi\u00f3n y de vulnerabilidad de los ciudadanos es muy fuerte y produce un efecto social enorme, un da\u00f1o antropol\u00f3gico. El ciudadano que se siente vigilado y bajo sospecha termina encerr\u00e1ndose en s\u00ed mismo, evitando en lo posible opinar y participar en los asuntos de la vida p\u00fablica del pa\u00eds. Y es a este objetivo hacia donde realmente apuntan este tipo de mecanismos\u201d.<\/p>\n
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