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Mientras aumenta la violencia en su país, trece organizaciones de la sociedad civil mexicana trajeron sus preocupaciones y recomendaciones al Diálogo sobre Derechos Humanos entre México y la UE.»En muchas entidades de México existe una colusión importante entre delincuencia organizada y funcionarios públicos. Sin embargo, existe también algo que no se dice, pero que las organizaciones de la sociedad civil que estamos aquí detectamos: una política de negación de la atrocidad, de los feminicidios, de la tortura, de las desapariciones, de la violencia contra la prensa. Al mismo tiempo, se generan narrativas que no van acorde con lo que estamos documentando», explica a DW Itzia Miravete, de Artículo 19, organización defensora de la libertad de expresión y el acceso a la información.
Esta y otras doce organizaciones de la sociedad civil trajeron a Bruselas, al décimo Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos entre la Unión Europea (UE) y México, diversos aspectos de la violenta situación de México.
«No puede cambiar la situación de libertad de expresión, si no se reconoce que la prensa está en grave riesgo y que gran parte de ese riesgo viene por parte de las autoridades», ilustra Miravete, coordinadora de prevención del Programa de Protección de Artículo 19.
«La militarización del país crea un clima de mucha incertidumbre»
«Cuando, en 2018, llegó la primera caravana que le tocó a Andrés Manuel López Obrador como presidente, a los migrantes se les dieron tarjetas de visitantes por razones humanitarias. Hoy por hoy, se les contiene con cientos de militares, se separa a las familias, se les detiene y se los deporta. A partir del acuerdo migratorio con Estados Unidos, ha habido una negación de los hechos. Lo que se comunica es que se les está rescatando y dando alojamiento», dice a DW, por su parte, Yuriria Salvador, coordinadora del área de Cambio Estructural del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.
«Lo que no se nombra es que el alojamiento que se les da no difiere nada de espacios de detención penal. Se los está criminalizando. La narrativa de que se las atiende es algo que está sucediendo con las víctimas en general», agrega.
Según la información oficial, las autoridades europeas y mexicanas reconocen la importancia de la labor de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos para fortalecer las sociedades democráticas. Pero las organizaciones que acudieron al encuentro lo ven diferente. «Estamos siendo propositivas con hojas de ruta, pero los espacios de diálogo cada vez se cierran más. Eso, sumado a la militarización del país crea un clima de mucha incertidumbre», cuenta Salvador, cuya organización opera en Tapachula, en la frontera sur del país.
«No podemos celebrar a ningún Gobierno, si permanece el pacto de impunidad»
La crítica propositiva de la sociedad civil es vista como «sinónimo de agendas ocultas pagadas por Gobiernos e intereses ajenos a los del Gobierno mexicano», coincide Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
Su organización, detectó en 2021 un incremento de desapariciones y casos de trata de niñas y adolescentes. «Son catorce los reportes diarios de niños y niñas desaparecidas. El 20 por ciento de ellos efectivamente desaparecen. Tres niños desaparecen al día en México, es brutal. Y en la mezcla tóxica con la violencia machista, las niñas y las adolescentes son la presa más fácil en un sistema como el actual mexicano que depreda personas», subraya Ramírez.
«Valoramos muchísimo» el diálogo entre México y la UE
La preocupación por la cruenta situación del país fue recogida, en marzo 2022, en una resolución del Parlamento Europeo que no cayó muy bien en México. No obstante, «esa resolución nos ayudó mucho a visibilizar la permanencia de los problemas, más allá de los cambios de Gobierno», apunta la activista. Y, alejándose del dilema de favorecer o denostar a Gobiernos por ser de izquierda o derecha, afirma: «en realidad, como defensores de derechos humanos, no podemos celebrar ninguna alternancia en el Gobierno, si permanece el pacto de impunidad».
Por eso, las organizaciones entregaron, a autoridades mexicanas y europeas, propuestas concretas sobre acceso a la justicia, tráfico ilícito de armas, impunidad, movilidad humana, protección de periodistas y defensores de derechos humanos, derechos de grupos vulnerables, violencia de género y feminicidio, discursos de odio y xenofobia, impacto de las empresas y el comercio en los derechos humanos.
Tras diez años de diálogos sobre derechos humanos, «valoramos muchísimo este espacio», concluye la coordinadora de Artículo 19. Y espera que México y la UE cumplan el acordado monitoreo de la implementación de recomendaciones, antes del siguiente diálogo, que tendría lugar a mediados de 2023 en Ciudad de México.
(rml)
