Biden y su política migratoria: ¿otro “Quédense en México”?

El día de asunción del mando, el presidente de EE. UU., Joe Biden, condenó la política migratoria de su antecesor, Donald Trump. Pasado un año, ¿qué queda de la promesa de frenar la inmigración de manera más humana?Una de las promesas centrales de la campaña electoral de Joe Biden era combatir las causas de la migración, en lugar de construir un muro entre Estados Unidos y América Latina. En lugar de insultar y espantar a los inmigrantes, Biden dijo que quería volver al diálogo con sus vecinos del sur.

Algunos, sobre todo sus rivales políticos, interpretaron eso como un cambio de rumbo a favor de la inmigración. Pero no es así, dice a DW Luicy Pedroza, de la Universidad Colegio de México, en la capital mexicana. “Joe Biden está en contra de la inmigración, pero no en contra los migrantes”: así describe Pedroza el cambio de discurso que introdujo Biden durante su campaña, que ve a los migrantes como personas con problemas, en lugar de demonizarlos.

Facilidades para migrantes por poco tiempo

Apenas asumió el cargo, el presidente estadounidense convirtió sus consignas en hechos. Ya el día en que juró como mandatario ordenó detener la construcción del muro en la frontera con México, terminar con la separación de los hijos de inmigrantes ilegales de sus padres y madres, y anular el Protocolo de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés).

El MPP, mejor conocido como el decreto “Quédense en México” (Remain in Mexico), preveía que los solicitantes de asilo debían esperar la aprobación o rechazo de su solicitud del lado mexicano de la frontera. Casi 70.000 personas, en su mayoría de América Central, fueron deportadas a México en el marco de ese programa, y tuvieron que permanecer allí, en parte durante varios meses, en refugios de emergencia improvisados. Hasta febrero de 2021 se documentaron 1.544 delitos violentos, como violaciones, secuestros y asaltos contra esas personas, según indica la organización sin fines de lucro Human Rights First.

Poco después de la asunción de Biden, a muchos de los migrantes se les permitió ingresar a EE. UU., y ese país amplió sus infraestructuras para acogerlos y aceleró los procedimientos de asilo. Animados por ese cambio de rumbo, aún más personas se pusieron en camino hacia el norte. En marzo, las autoridades de frontera estadounidenses registraron más de 173.000 intentos de migrantes de traspasar la frontera entre México y EE. UU, casi 2,5 veces más que en diciembre de 2020.

“No vengan”

Pero la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, se ocupó de aclarar el malentendido en junio de 2021 en una visita a la región: “No vengan. Los Estados Unidos seguirán imponiendo las leyes vigentes y se asegurarán nuestras fronteras”. Sin embargo, la gente continuó intentado llegar a ese país. En total, en 2021 las autoridades registraron casi 1,7 millones de intentos de traspasar la frontera suroccidental, la cifra más alta junto con la registrada en 2000.

Dos meses después del viaje de Harris a México y Guatemala, la Suprema Corte de Estados Unidos decidió que la suspensión del MPP no era legal. “Eso fue una derrota retroactiva de Biden ante Trump”, explica Pedroza. Una derrota que también al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), le vino como anillo al dedo, agrega la analista, ya que el veredicto de la Corte Suprema no solo obligó al gobierno de EE.UU. a reanudar dicho programa, sino también a negociar con México sobre la acogida de migrantes extranjeros.

Como contrajugada, Biden le prometió a AMLO apoyo en sus planes de exportar a los países del Triángulo Norte de Centroamérica -Guatemala, Honduras y el Salvador- los programas sociales con los que el gobierno mexicano quiere reducir el desempleo juvenil y fortalecer las regiones rurales.

Combatir conjuntamente las causas de la migración

En realidad, eso también estaría en concordancia con los propios planes de Biden. También él quiere fortalecer la economía y la seguridad jurídica en el Triángulo Norte, y prevé destinar para ello cuatro mil millones de dólares. Esas ayudas se acoplarían a la lucha contra la corrupción. Pero ese objetivo, que es central en los gobiernos de EE. UU. desde 1990, no ha logrado demasiados progresos, dice a DW Sabine Kurtenbach, del Instituto GIGA de Hamburgo: “Esa política exterior se basa en la suposición de que la democracia y el Estado de derecho conducen a la participación política de todos”, explica la politóloga. “Al menos para las sociedades de Guatemala, El Salvador y Honduras, eso no se aplica, porque las élites han logrado salvaguardar los privilegios que tenían en épocas predemocráticas”.

Además, esos países ya no quieren ser los vasallos de Washington, y se lo pueden permitir cada vez más porque China los apoya. Eso se ve especialmente en este momento en el caso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Luicy Pedroza es escéptica respecto de las ideas del gobierno mexicano: “Esos programas sociales se ven muy bien en el papel, pero su efecto es mínimo”, afirma. Y que el gobierno de EE. UU. los respalde es, según la experta, un éxito de propaganda para AMLO.

“Remain in Mexico 2.0”

Bajo el gobierno de Trump, el programa se dirigía solo a personas de países hispanohablantes, con excepción de México, y a los brasileños. Ahora, personas de todos los países del continente americano y del Caribe pueden ser deportados, lo cual podría afectar en particular a las decenas de miles de haitianos que abandonaron su país el año pasado.

Sin embargo, actualmente habría más excepciones de carácter individual. Incluso bajo Trump se excluyó a los menores no acompañados, a los enfermos mentales y a las personas que corrían especial riesgo en México por su etnia, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a determinado grupo social. Los factores de riesgo de este último grupo en el MPP 2 también incluyen explícitamente la orientación sexual, la identidad de género y la edad. Además, las personas con discapacidad y las mujeres embarazadas con problemas de salud no deben ser deportadas.

De acuerdo con la organización humanitaria “American Immigration Council” (AIC), que hace campaña por los derechos de los migrantes, el cambio más significativo es este: los solicitantes de asilo ya no tienen que probar que serán perseguidos o torturados si regresan a México . Es suficiente explicar ese temor de manera creíble. En teoría, ahora es más fácil evitar la deportación. Sin embargo, dada la falta de abogados disponibles para los solicitantes de asilo, la AIC dice que queda por ver cómo funcionarán los cambios en la práctica.

(cp/ers)